Acusan a indígenas del Cauca de apropiarse de tierras a las malas

Crece el temor por el envilecimiento de las tácticas para el despojo de propiedades en el Cauca. El Incoder optó por ‘legalizar’ la invasión de predios. Plan está en duda.

“... la vil acción cometida en los predios de mi hacienda por manos infames y traicioneras, rociando cinco hectáreas de pastos con glifosato, ¡Qué poca honorable actitud! sobre todo de una raza que dice amar a la Madre Tierra. Creo en sus capacidades para parar estos actos delictivos contra mi propiedad y lograr que reparemos los daños causados”.Lo que no hicieron sus vecinos y hacendados del Cauca que enfrentan invasiones y daños en sus propiedades, hasta ceder a las presiones, lo inició hace más de diez años con firmeza el entonces ganadero Gerardo Illera Velasco.Acometió una larga e infructuosa cruzada ante las autoridades indígenas, protestando por los ataques y daños de los que era objeto, hechos con el único propósito de que vendiera y a menosprecio la Hacienda Santa Elena, en la vereda La Cabrera, en el oriente de Popayán.En los reclamos enviados a las autoridades nativas y al Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, quedó constancia de los hechos sufridos, al igual que en las estériles respuestas en las que se le prometía terminar la acción de manos criminales que lo asediaron durante parte de su vía crucis.El mismo que aún soportan decenas de agricultores, ganaderos, campesinos y caucanos en general por cuenta del conflicto de la tierra en ese departamento.El texto de la reclamación de Illera Velasco aquí consignado -de febrero del 2002- es de uno de los documentos cruzados por el ganadero a Anatolio Quirá, para entonces consejero mayor del Cric.La evidencia de la responsabilidad se manifiesta en una de las respuestas de Quirá, de abril 4 del 2002: “Hablé con Aurelio Maca, actual gobernador del resguardo de Poblazón, a quien le puse en conocimiento acerca de los daños y perjuicios ocasionados en su finca, para lo cual manifestó que va a tomar las medidas pertinentes para que no se sigan causando estos daños y dialogará con usted y la comunidad para lograr solucionar este problema y no seguir permitiendo esta clase de abusos”.Más claro no podía haber aceptado la organización indígena la responsabilidad. Empero, casi tres años después de esa comunicación prosiguieron los ataques.En los sucesivos escritos de Illera se reseña que como consecuencia de las agresiones resultó picado su terreno, destruidas las portadas, pastos envenenados y otros quemados, cercos destruidos y en ocasiones ataques y destrucción de la casa.El desenlace: luego de más de cinco años Illera sucumbió a los ataques y destrucciones y ofertó Santa Elena al Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder.“Terminé vendiéndola por lo que quisieron darme, ni siquiera la mitad de lo que valía, y después de seis años Incoder no me ha terminado de pagar”, precisó el ahora comerciante, puesto que sin tierra tuvo que hacer a un lado su vocación.El drama de Illera ilustra lo que sucede endémica y cíclicamente en el Cauca: indígenas que invaden tierras, luego protestan, se toman la vía Panamericana, el Gobierno Nacional firma acuerdos prometiendo legalizar la propiedad de las tierras invadidas. Si no cumple el Ejecutivo de turno, vuelven a bloquear y ‘juega de nuevo’.“Me salvé de la invasión porque les regalé una parte de la hacienda, pero me aplicaron la otra táctica, la de desplazarme con ataques”, sostiene Illera.El último caso similar se dio este año con la hacienda La Selva, en el nororiente de Popayán. Jaime Ángel Terrero, propietario de la finca, ofertó a Incoder, organismo que adjudicó las 70 hectáreas del predio a trece campesinos, algunos de ellos indígenas que no estaban inscritos en el resguardo de Quintana, cuya jurisdicción es vecina de dicho predio.Nayibe Lizeth Sánchez Pechené, una indígena paez de Cajibío, cabeza de una de las trece familias que respondió a la convocatoria de Incoder, salió favorecida con la Resolución No. 1479 del organismo estatal que adjudicó los tres predios que conforman La Selva, según consta en la escritura No. 2716, registrada ante la Notaría 3 de Popayán el 29 de noviembre del año pasado.Adjudicación y despojoDespués de un largo proceso, los adjudicatarios recibieron de Incoder la finca el 4 de abril pasado. La señora Nayibe se instaló en él, pero de inmediato sufrió la fórmula aplicada a Illera una década antes, sólo que con crudeza y sevicia.“Me amenazaron en tres oportunidades, con palos y machetes me atacaron en la casa, a la tercera me pusieron garrotes en la garganta, me tiraron al suelo, me golpearon hasta que me dejaron sin poder caminar, estuve un mes incapacitada, según consta en Medicina Legal”, relata la señora Nayibe, madre de dos niños, quienes presenciaron la agresión.Empero, lo peor es que el mismo Incoder, al decir de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca, SAG, y de los mismos adjudicatarios, facilitó el resultado de la acción de los agresores pues suspendió todos los trámites del desglose del predio, a pesar de que había sido adjudicado por el organismo oficial.Sin embargo, ni el gerente de Incoder, Juan Manuel Ospina, ni otro funcionario de la entidad estatal han dado explicación alguna sobre el irregular procedimiento. Tampoco sobre los objetivos reales del llamado Plan Cauca, que pretende dar más territorio a los indígenas.Para claridad sobre las razones, este diario solicitó entrevista con el gerente Ospina hace dos meses, pero las evasivas y el silencio han imperado hasta hoy.La única explicación de parte involucrada la dio Jesús Javier Chávez Yondapiz, consejero mayor del Cric. “Ese predio está en el ámbito del resguardo de Quintana. En el 2002 se llegó a un acuerdo en que esos predios no se le podían vender a otros y se manifiesta cuáles podrían adquirir como campesinos y con el visto bueno de Incoder, Incora en ese tiempo. Pero se desconoce ese procedimiento y se compra, pero no lo dan a campesinos sino a desplazados. No estamos desconociendo el derecho que tienen de tener un territorio, pero que no lo hagan rompiendo un pacto anteriormente firmado”, afirmó Chávez Yondapiz.Al ratificar la oposición de la comunidad que representa a la adjudicación, el Consejero Mayor del Cric precisó que “Incoder tiene que resolver este problema y proyectó que lo haría en los tres primeros meses del 2012 porque ya no había disponibilidad de recursos para otro predio. Lo que se ha dicho es que hasta tanto se resuelva nadie puede intervenir ahí”.Corroborando esta posición, desde la agresión a los beneficiarios y hasta la fecha, el ingreso a la hacienda La Selva permanece bloqueado por indígenas, como lo constató El País (ver foto). Con respecto a las agresiones y daños causados a los adjudicatarios, hechos que fueron denunciados ante la Fiscalía por las víctimas, el Consejero Mayor del Cric dijo desconocer dichas circunstancias.División y señalamientosComportamientos como los descritos han causado que el pueblo indígena se divida. Hace casi tres años nació otra organización de nativos distinta al Cric, que defiende la propiedad privada, el derecho a disentir y se manifiesta en contra de ataques, invasiones y la violencia como método de reivindicación.“Los territorios indígenas los podemos organizar bien sin necesidad de acudir a la violencia, quitar fincas o taponar vías para que nos mire el Gobierno. Queremos un territorio consolidado, pero en paz y con desarrollo social”, sostiene Ana Silvia Secué Pequí, consejera de la Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas del Cauca, Opic.La líder indígena, quien está amenazada por sus afirmaciones, se ha salvado de ser víctima de atentados y, sin embargo, labora como maestra en la escuela de la vereda Jerusalén, en Santander de Quilichao. Ella precisa que “el Cric quiere tierras para dárselas a las comunidades y éstas las cogen y forman resguardos para formar repúblicas independientes con autogobierno”.De ahí que la Consejera de la Opic sostenga: “Queremos un territorio con autoridad indígena, que vaya de la mano con la autoridad del Estado. Ellos (el Cric) tienen una autonomía, pero están abusando de ella, porque es para desarrollo social no para imposición”.La postura de la líder va más allá al cuestionar el manejo que de los recursos o transferencias de la Nación se hace por parte de la autoridad indígena.“¿Por qué quitan las fincas y tenemos que taponar vías? Como maestra tenía que movilizar la gente, pero por no hacerlo mi gente quedaba sin transferencias y en vez las emplean para taponamiento de las vías. Es una política muy corrupta, las transferencias son para los indígenas, pero hay un terrible manejo de ellas. Y soy testigo de que esos convenios fueron firmados con una gran mentira: esos territorios que quieren para resguardos son para corredores de guerrilla”.Frente a estas afirmaciones y sobre el control que se hace a dichas transferencias, El País consultó a Fernando Bolaños, coordinador de la Contraloría General de la Nación en el Cauca. “Ejercemos el control con los documentos, cada gasto debe estar ceñido a los rubros girados y entregados, pero nos es imposible verificar físicamente que lo que dicen los documentos fue en lo que se gastaron los resguardos esas transferencias”, advirtió Bolaños.Lo cierto es que un estudio realizado por la Corporación Regional del Cauca y el Cric dio como resultado que en manos de las comunidades indígenas había 721.000 hectáreas de tierra en el Cauca. A pesar de haber participado, esa cifra hoy es cuestionada por la cabeza del Cric. Lo que sí admiten es su intención de expandirse y de que se les reconozca la creación de 27 nuevos resguardos, lo que implicaría asignación de más territorio.“Se deben hacer 27 estudios sobre territorios indígenas que aún no tienen la claridad jurídica como resguardo, pero de los que ya tenemos posesión. Nos falta abordar la clarificación de propiedad de 40 títulos coloniales porque también está en duda”, reconoce el consejero del Cric.Y sentencia: “La pretensión del indígena no es la de hacer un corredor, es la de ampliar su ámbito territorial porque las familias no caben ya en ese espacio y empieza a buscar algún predio, pero ahí cerquita no le venden y sí hay los que le ofertan y venden, por eso es la necesidad de hacer ese trabajo”.Afirmaciones y pretensiones como la anterior llevan a que los temores y preocupaciones de los campesinos y propietarios de tierra en el Cauca crezcan cada día más.