“Una vez entregaron los secuestrados, y los cuerpos de Carlos Alberto García y de Alejandro Henao, mi esposo, nunca más volvimos a saber ni del gobierno de turno, ni del Estado. No recibimos la más mínima ayuda. No la hemos recibido en estos 20 años, ni siquiera la reparación administrativa que supuestamente entregan por la Ley de Víctimas. Aún la estoy esperando. Tampoco, a la fecha, ha habido una sola decisión judicial que esclarezca estos hechos. Sé que la reconciliación real solo puede darse cuando existe verdad, justicia y reparación, y hasta ahora, no he visto ninguna de las tres: ni verdad, ni justicia, ni reparación. Solo le pido a Dios que tal como le dijo al Papa Francisco mi amiga María Cecilia Mosquera, víctima de la voladura del oleoducto de Machuca, Dios perdone en mí”, escribe Lourdes Mesa.

“Lo único que yo leo en estos 20 años en referencia al secuestro del kilómetro 18 y la muerte de Alejandro, es olvido, injusticia con las víctimas e impunidad, aunque yo me considero orgullosamente una sobreviviente de esta guerra que ha logrado rehacer su vida junto a sus hijos. Es obligación de la sociedad, toda, exigir la no repetición de esto hechos, y como decía Monseñor Isaías Duarte Cancino: no más secuestros, los queremos vivos, libres y en paz”, agrega.

James Aristizábal, quien permaneció 45 días en poder del ELN en aquel secuestro, coincide con Lourdes. “El Estado nos falló”, asegura.

“No tuvo el debido acompañamiento a las víctimas post secuestro. Durante el plagio se hicieron esfuerzos considerables de parte del Ejército, presionando constantemente, al punto que no pasó un solo día en que estuviéramos estables en un sitio, siempre en constante movimiento huyendo de la persecución. Muy diferente fue nuestra situación una

vez regresamos a la libertad, el gobierno y sus entidades hicieron presencia casi de horas y cada uno de nosotros fue responsable de la reincorporación a nuestras actividades diarias y reintegro a nuestros núcleos familiares. El gobierno no cumplió con su responsabilidad primaria de brindar seguridad a los ciudadanos y falló igualmente cuando tuvo la oportunidad de rectificar su primera falla y acompañarnos cuando nos liberaron”.

Dos décadas después del plagio las familias del secuestro del kilómetro 18 reclaman ese reconocimiento del Estado como víctimas de uno de los actos más bárbaros en la historia del país, y luchan para que la sociedad no olvide lo que pasó; no olvide, jamás, a quienes murieron.