Un especial de

El comercio de oro en Colombia vive una realidad que parece importada de un cuento del realismo mágico. En este país, como por arte de magia, hay lingotes que aparecen y desaparecen en otras naciones; mineros que no existen, pero extraen metal; empresas de papel que venden toneladas de oro; sociedades que exportan desde direcciones falsas, además de comercializadoras recién creadas que registran incrementos patrimoniales de hasta 24.500%.

Gabriel García Márquez habría encontrado una mina inagotable de ideas surrealistas para extender hasta el capítulo XXI su más afamada novela Cien años de soledad, entre los más de 10.000 registros oficiales de exportaciones de oro que se han hecho desde Colombia entre 2018 y el primer semestre de 2021.

El premio Nobel se hubiera sorprendido por la enorme cantidad de hechos extraordinarios que se asoman en esa montaña de datos: una calle fantasma en el municipio de Los Patios (norte de Santander) de la cual se enviaron 940 kilos de oro a Hong Kong, Italia y Canadá; una vivienda en Caucasia (Antioquia), donde se hacen citologías y examen de cuello uterino y se exportaron 8,5 kilos de oro a la zona franca en Palmira, o la misteriosa desaparición de 3,1 toneladas de oro en las exportaciones que se realizaron a Estados Unidos en 2020.

Nada de extraño tendría que Nelson de Jesús Agudelo exportara como persona natural 213 kilos de oro entre 2019 y 2020 desde el barrio Los Parrales de la ciudad de Buga, de no ser porque el barrio no existe, como tampoco existen algunas empresas que facturaron ventas de oro a firmas exportadoras. Ni tiene lógica que una comercializadora como Naples Prime SAS combine la conservación de legumbres, hortalizas y tubérculos con el envío de 327,19 kilos de oro a Estados Unidos e Italia.

También parecen sacadas de un cuento fantástico las empresas que compran oro a personas fallecidas, las que tienen como proveedores a mineros inexistentes, las comercializadoras que aparecen y desaparecen de la noche a la mañana o las que al poco tiempo de creadas suman un incremento en sus activos y patrimonios de hasta un 27.500%.   

En medio de este panorama plagado de informalidad y dudas se mueve el comercio nacional e internacional de oro en Colombia que, como parte del renglón minero, representa la prenda más valiosa para la economía nacional, después del sector agrícola. Solo en 2020 aportó el 2,5% de todo el Producto Interno Bruto nacional.

Lo que leerán a continuación es el resultado de cuatro meses de una investigación que nos llevó por las ciudades de Bogotá, Cúcuta, Cali, Los Patios (Norte de Santander) y Buga (Valle) para evidenciar la falta de transparencia en el comercio nacional e internacional de oro en Colombia. Un trabajo exhaustivo en el que se revisaron y analizaron más de diez mil archivos contenidos en bases de datos del Gobierno Nacional, del portal de comercio internacional Panjiva, registros de la Agencia Nacional de Minería y datos de Comtrade (en el que Naciones Unidas registra la información del intercambio comercial en el mundo) para descubrir las artimañas con las que varias comercializadoras internacionales legalizan y exportan oro obtenido de manera ilegal.

Es una tarde de principios de septiembre de 2021 y llegamos hasta Los Patios, Norte de Santander, un municipio donde el calor es tan asfixiante como el que describe García Márquez en el sepelio de Úrsula Iguarán. La primera sorpresa se la lleva el conductor cuando le pedimos que nos lleve hasta la Transversal 7 con 24, dirección donde figuran cinco grandes empresas comercializadoras que exportan a varias refinerías en el mundo.

En los 34 años que Gustavo Ramírez lleva como taxista es la primera vez que escucha la transversal 7 en su municipio de escasas calles. Sin embargo, el GPS nos lleva hasta una vivienda de la que Gran Colombia Gold, Zandor Capital Colombia y C.I. de Metales Preciosos reportan haber realizado once envíos entre el 15 de mayo y el 31 de julio de 2018 con 2429 kilos de oro para la empresa Nueva Granada Industries Corp., domiciliada en Barbados, según los registros de la base de datos Panjiva, que recoge los documentos de comercio de aduanas y empresas en el mundo.

El único comercio cercano a esta casa desvencijada que tuvo un pasado de color azul y el tiempo palideció a un blancuzco con visos de humedad es una tienda de esquina donde a las 9:00 de la mañana rompen la tranquilidad el volumen alto de un equipo de sonido y una mujer que lo acompaña desde una ventana contigua cantando música de despecho a grito abierto. El ambiente dista mucho de un clima apto para los negocios. 

Intentamos comunicarnos a través del teléfono reportado, pero tampoco existe. La empresa de telefonía señala que esa línea funcionó hasta hace poco, pero es de Bogotá y perteneció a la Comercializadora Internacional Texman, empresa textil que se encuentra en reorganización.

Édgar Andrés Garzón, jurídico de Los Patios, asegura que en su municipio apenas tienen el registro de una compraventa de oro muy pequeña en la que escasamente venden pedazos de anillos o chispas dentales, mientras la Agencia Nacional de Minería confirma que las regalías al municipio por oro son cero pesos.

Gran Colombia Gold y su filial Zandor Capital Colombia negaron mediante un correo electrónico tener algún vínculo con la dirección en Los Patios y aseguraron que adelantarán una investigación con el área legal de la compañía para saber qué hay tras esas supuestas transacciones a su nombre. 

De Nueva Granada Industries Corp., la empresa importadora, solo se sabe que está registrada en isla Barbados – que para entonces figuraba en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea – y fue fundada el 20 de junio de 2017, meses antes de recibir los 2429 kilos de oro desde Colombia y por lo que pagó 54 millones de dólares. Fue ese el debut y la despedida del millonario y fugaz comercio de oro con Barbados.   

Lo que aparece hoy de Nueva Granada en los motores de búsqueda es una referencia al periodo de la conquista en el que se hizo famosa la “leyenda del dorado”. En aquella época los españoles se desesperaban por encontrar la Laguna de Guatavita al oír los relatos de los indígenas sobre caciques que iban hasta allí para arrojar sus ofrendas en oro.

Bajo ese mismo nombre de “Leyenda del Dorado”, la Fiscalía en Colombia ha bautizado la operación de seguimiento a las comercializadoras en su lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo a través de la explotación y comercialización de oro.

Casos como el de Los Patios, donde reportan la misma sede Red Eagle Mining, Continental Gold y Golden Platino, y las direcciones confusas reportadas por otras empresas, son obstáculos a una de las mayores preocupaciones del gobierno colombiano: la trazabilidad del oro.   

No es fácil seguirle el rastro al metal cuando hay sociedades como Agmivel, C.I Experiencia y Tradición, Gold by Gold o Matices Metals y 38 empresas o personas naturales más que reportan una dirección “desconocida” o cuando en ciudades como Cali hay 32 empresas comercializadoras que reportan envíos de oro de la misma dirección en la Avenida 4 Norte con Calle 38 o el caso de Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Pacífico en el que 22 empresas dicen originar sus envíos desde la Avenida 3 con Calle 3 en el centro de la ciudad. Más curioso es que seis empresas registren como dirección la Carrera 52 # 75-111 en el municipio de Itagüí (Antioquia), cuando la nomenclatura se acaba en el 75-91.

Situaciones anormales como estas dieron inicio a varias investigaciones que están en indagación, revela Luz Ángela Bahamón, delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación. “Se están desarrollando quince investigaciones adicionales a lo que se ha impactado en materia de comercialización, donde se han dictado medidas cautelares de extinción de dominio por más de 2 billones de pesos (526 millones de dólares), representados en más de 587.000 bienes”, dice la funcionaria.

El misterio del

El realismo mágico del oro Colombiano

perdido

Toda la cadena del oro en Colombia parece de leyenda. A la fecha no existe explicación que permita establecer por qué hay años en los que el país exporta más oro del que produce, como ocurrió en 2017, cuando Colombia vendió 58 toneladas de oro, pero solo produjo 41 toneladas; es decir, 17 toneladas que no se sabe de dónde salieron. Es como si un empleado ganara 100 dólares y gastara 120. Pero hay otro fenómeno más inaudito aún al analizar la base de datos de exportaciones colombianas de los últimos cuatro años: el oro que se reproduce al salir del país.

Según la base de datos Comtrade de las Naciones Unidas, que contienen las estadísticas oficiales del comercio mundial, Colombia reportó en 2020 haberle vendido a Estados Unidos 20.611 kilos de oro que tuvieron un valor de 1.056 millones de dólares. Entre tanto, Estados Unidos aseguró haberle comprado a Colombia 23.816 kilos por valor de 1.344 millones de dólares. 

Durante 2020 salieron de Colombia 817 envíos realizados por 243 exportadores desde los aeropuertos de Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Pero, por alguna razón, al aterrizar en los aeropuertos de Florida y Texas, aparecieron milagrosamente 3.105 kilos de oro de más en Estados Unidos. Son 3,1 toneladas que nadie vio salir y que costaban cerca de 288 millones de dólares, representaban el 6,5% del total de las exportaciones en 2020.

No es el único caso. El milagro de la multiplicación del oro se repitió en Suiza, país que le informó al mundo compras a Colombia en 2020 por 105 millones de dólares, equivalentes a 2.175 kilogramos. Sin embargo, las autoridades aduaneras y comerciales en Colombia solo tienen en sus registros la venta de 1.118 kilos por valor de 58 millones de dólares. Es decir, en Suiza aparecieron 1047 kilos de oro de más y avaluados en cerca de 47 millones de dólares.

La verdad es que ni los casos de Estados Unidos y Suiza son equiparables con lo que ocurre en las transacciones de oro a India. Aunque en los últimos cuatro años el valor del comercio de metal con ese país lo ubican entre el octavo o noveno lugar en el ranking de los principales clientes, las cifras que dice India haberle comprado a Colombia deberían tenerlo entre los tres principales socios. 

El reporte desde Nueva Delhi revela que entre 2018 y 2020 llegaron desde Colombia 30.376 kilos de oro por el que pagaron 1.128 millones de dólares. Colombia, por su parte, desconoce de dónde salieron esas cifras porque solo tiene información del envío de 2.105 kilos que costaron 74 millones de dólares. En el limbo están 28.271 kilogramos de oro que, a precios de entonces, sumaban 1054 millones de dólares; son cuatro billones de pesos que representan la mitad del dinero que esperaba recoger el gobierno de Colombia en el año 2021 con la fallida reforma tributaria.

Julia Yansura, analista de la ONG con sede en Washington Global Financial Integrity (GFI), explica que hay un enorme problema de trazabilidad y de transparencia en ese mercado internacional del oro. “Creo que la respuesta está en la facturación fraudulenta, que es una práctica ilegal que hacen algunas empresas y consiste en falsificar la cantidad, la calidad o el valor de la transacción comercial a la hora de exportar o importar, con el propósito de evadir impuestos o para lavado de activos y transferir dinero del narcotráfico de un país a otro”. 

Con esa misma facilidad con la que aparece al otro lado del mundo más oro del que supuestamente salió de Colombia, hay otros países que, por el contrario, reportan no haber recibido todo el metal que desde Bogotá informan haber enviado a sus refinerías. Este es el caso del comercio con Emiratos Árabes y Francia, gobiernos que reportaron transacciones muy inferiores a las que guarda Colombia en sus registros como despachos internacionales. 

Los registros del Gobierno de Emiratos Árabes señalan que en 2019 sus refinerías importaron desde Colombia un total de 2.156 kilogramos de oro por valor de 80,1 millones de dólares. Contrario a ello, en sus reportes, Colombia aseguró haber enviado 3.749 kilos del metal hacia Dubai y que tuvieron un costo de 148 millones de dólares. Es decir, en el viaje de ida cambiaron de rumbo 1.593 kilos que costaban alrededor de 67,9 millones de dólares.

Para el caso de Francia, la diferencia es de 18 kilos de oro que costarían medio millón de dólares. Los reportes de Colombia dicen que fueron enviados hacia ese país 72 kilos que tuvieron un costo de 2,8 millones de dólares, mientras el gobierno galo indicó en el reporte a Naciones Unidas que lo que recibió fueron 54 kilogramos del metal y cuyo valor fue de 2,4 millones de dólares.

¿Cómo aparecieron kilos de más en Estados Unidos, India y Suiza? ¿Por qué Emiratos Árabes y Francia recibieron menos oro del que Colombia reporta haber enviado? ¿Se pagó por ese oro? ¿Existió una transacción? ¿Cómo entender tan enormes desfases? Una actividad de semejante envergadura solo se explica, según los expertos, en la informalidad generada por la falta de controles, en un gigantesco fraude fiscal, en grandes operaciones de lavado de activos y en años de facturación fraudulenta.

Para el exdirector de la División de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Juan Ricardo Ortega, ese oro que aparece de más en otros países podrían ser lingotes de tungsteno revestidos con finas láminas de oro que los envían y reenvían varias veces para justificar ventas que no se hacen, pero que se pagan a empresas en Colombia a través del sistema bancario, lavando dinero de organizaciones criminales. El tungsteno tiene la misma composición y peso del oro, explica, y no es posible realizar un examen o taladrar los lingotes que salen del país para verificar si es oro puro porque la DIAN no tendría cómo pagar por los desperdicios que se generen de ese proceso.

Fuentes de la Fiscalía consideran que el hecho de que algunos países registren la recepción de más oro del que Colombia envió, podría tratarse de contenedores vacíos que se envían solo para lavar dinero del narcotráfico y a cambio de nada se hacen enormes transacciones bancarias desde el exterior a Colombia pagando un oro que se vendió, pero que jamás existió.

En 2016 la Superintendencia Financiera de Colombia ya había calificado la extracción y comercialización de oro en Colombia como una actividad de alto riesgo para las entidades financieras, según la Circular No. 55 de ese año. Riesgo representado, señala el documento, “en la probabilidad de servir de vehículo para el lavado de activos o para financiar al terrorismo”.

Proliferación de

La magia de la multiplicación también aplica para los comerciantes del oro. En los últimos cuatro años aumentaron empresas o personas naturales exportadoras desde Colombia en más de un 147%. De los 111 exportadores que había registrados en los manifiestos de 2018, pasaron a 275 en lo que ha corrido del 2021. Es decir, hay 164 nuevos exportadores de oro y la cifra sigue en aumento.

La facilidad con la que cualquier persona o empresa puede desempeñarse como comerciante de oro ha conducido a las autoridades a una mina de sorpresas: comercializadores que realizan uno o dos envíos con varios kilos del metal y luego desaparecen; empresas que solo existen en el papel, pero que emiten facturas por ventas significativas de oro a las comercializadoras, sociedades que llevan poco tiempo en el mercado y reportan incrementos patrimoniales salidos de toda lógica o personas naturales que extraen más oro que las grandes multinacionales.

Entre esos registros oficiales de exportadores existen 27 personas que en un solo año realizaron transacciones superiores a 100 kilogramos de oro, una cantidad que es, incluso, difícil de obtener para muchas de las empresas medianas que explotan metal. Ejemplo de ello es lo que ocurrió en 2020 con una persona identificada como José A. M., quien le vendió 176,99 kilos de oro a Osprey Metales SAS, una comercializadora ubicada en la zona franca de Rionegro (Antioquia).

Con corte al mes de agosto de 2021, hay cinco personas naturales sin más documento que su cédula, pero que figuran entre los 50 mayores exportadores de oro en Colombia. Entre ellos suman envíos por 561 kilos, llevados en su mayoría a las zonas francas del país.

Otro fenómeno evidente al cruzar la información del Registro Único Empresarial (RUES) con los datos de estas empresas exportadoras son las sociedades que desaparecen de la noche a la mañana, como ocurrió con Addesa SAS, que fue creada en 2017 y tuvo un fugaz paso por el oro entre mayo y agosto de 2018. En ese tiempo esta empresa realizó 13 envíos con un total de 214 kilos de oro para la refinería Zee Gold Dmcc, en Dubai; luego, desapareció y fue matriculada nuevamente en 2020 como una firma consultora.

Otro caso que dio un chispazo en el comercio internacional es el de Metal Trader SAS, creada en 2017 y que, en 2018, antes de desaparecer del radar, envió 6,3 kilos de oro a Universal Precious Metals INC, en Miami. A este largo listado de empresas fugaces se suma Caribbean Metals, una firma barranquillera que renovó su registro mercantil por última vez en 2017; sin embargo, en 2018 exportó a Panamá 6,9 kilos para la empresa Gold América S.A.

Donde más han centrado su atención las autoridades es en la cantidad de empresas de fachada dedicadas a emitir facturas falsas por ventas de oro inexistentes. Hasta el mes de marzo de 2021, la Subdirección de Gestión de Fiscalización de la DIAN había declarado más de 475 empresas como proveedores ficticios en distintos renglones de la economía nacional, entre ellos algunos sin especificar, pero que figuran como supuestos proveedores de metal en las investigaciones de la Fiscalía. 

Sin más sustento que una inscripción legal en el RUES, las empresas de fachada se dedican a vender facturas falsas de supuestas ventas de oro a empresas comercializadoras legalmente establecidas con las que luego se demuestra, ante las autoridades mineras y aduaneras, la supuesta legalidad de las compras o se soportan gastos en operaciones para obtener beneficios tributarios. 

“El tema de los proveedores ficticios lo encontramos con mucha más frecuencia de lo que quisiéramos; son empresas que solo se crean en el papel, que tienen un gran volumen de transacciones comerciales, de expedición de facturas por servicios o por ventas, pero cuando vemos el soporte no existe la sustancialidad ni la realidad económica”, explica Luis Carlos Quevedo Serpa, director de Gestión de Fiscalización de la Dian.

Una característica de esos proveedores ficticios es que declaran estar ubicados en locales desocupados en centros comerciales, en edificaciones inhabitables o en las mismas entidades estatales, como ocurrió en Segovia (Antioquia), donde la empresa Sánchez & Arroyave Inversiones reportó como dirección una sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Si algo han aprendido las autoridades aduaneras y financieras en Colombia es que en el mercado del metal no todo lo que brilla es oro y que hay una veta importante a seguir en los registros patrimoniales de las empresas. Uno de estos casos es Dracma Minerales, que reportó ingresos netos de 27.507% en 2020 por comercialización de oro y su activo total registró un crecimiento de 273,86%. Para el caso de la empresa caleña El Gramaje SAS, tiene registrado un capital de 300 millones de pesos para 2018, año en el que reportó ventas menores a mil millones, pero en los registros oficiales de exportación sus transacciones sumaron 8,6 millones de dólares producto del envío de 250 kilos de oro a la Zona Franca de Palmaseca. O como Frank de Oro, una empresa con nombre de historieta infantil que se creó en 2014 con un capital de 35 millones de pesos y para 2018 registraba activos por más de 1.800 millones. 

Ese incremento repentino en el capital también lo registró, en años recientes, NTR Metals; su principal accionista, Said Kamle, fue capturado en febrero de 2021 en Cali. En 2015 sus activos sumaban 11.400 millones de pesos y para 2017 ya contaba en sus registros con un total de 51.282 millones pesos, un aumento cercano al 500% en dos años. En 2015, otra de sus empresas, Precious Metals Investments SAS, sumaba activos por 993 millones de pesos; sin embargo, para 2016 superó los 8.000 millones, con lo que aumentó en más de un 710% los activos de la compañía. 

Kamle está sindicado de comprar oro extraído ilegalmente en el Pacífico colombiano y soportado con certificados de origen a nombre de personas fallecidas, privadas de la libertad o cuyas identidades fueron extraídas de los registros de salud de las alcaldías de los municipios de Guapi (Cauca) y de Istmina (Chocó). A través de NTR Metals se enviaron más de diez toneladas de oro a las refinerías de OPM Metals LLC., ubicadas en Ohio, Estados Unidos, en transacciones que sumaron alrededor de 336 millones de dólares.  

Las autoridades consideran a Kamle como “el amo del oro”, además de que figura en los Pandora Papers, documentos revelados por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) y analizados en Colombia por CONNECTAS. “Contaba con una estructura de empresas offshore constituidas justamente en los años en los que más activos reportaron sus empresas cuestionadas en Colombia”, según el informe, y a través de sociedades en Panamá, Islas Vírgenes y Belice.

Un alto porcentaje de las exportaciones de oro que ha realizado Colombia en los últimos años ha estado en cabeza de cuatro de las más grandes comercializadoras internacionales del país: Mineros S.A, C.I de Metales Preciosos y Metales Comunes e Inversiones Generales S.A, Zandor Capital S.A y Metales Preciosos de Colombia (Meprecol S.A., que está intervenida).

No se sabe si Meprecol S.A es un caso ejemplarizante de resiliencia en la minería de oro o es el peor fracaso en el modelo de intervención de una empresa sindicada de graves delitos financieros. Porque mientras una comercializadora llamada C.I J Gutiérrez se vino a pique con la intervención, Meprecol está comprando más oro del que históricamente obtenían sus dueños mediante actividades ilegales.

De acuerdo con el proceso judicial en el que fueron detenidos sus representantes legales, sus contadores y revisores fiscales antes de pasar el control de la empresa a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Meprecol S.A había conformado un entramado de empresas legales que servían de intermediarias para explotar o comprar oro, movían grandes cantidades de dinero en efectivo y alcanzaron, según la Fiscalía, a lavar activos por 3,6 billones de pesos. 

Lo curioso es que luego de intervenida por todo el manejo ilegal, no se han visto afectadas sus cifras sobre compras de oro ni sus exportaciones; por el contrario, hoy por hoy es la más importante comercializadora internacional de oro en Colombia. Solo en lo corrido de 2021 ha vendido 4.498 kilogramos de metal por un valor de 235 millones de dólares (cerca de un billón de pesos). Por ello, algunos comercializadores que pidieron reserva de su identidad cuestionan si Meprecol S.A sigue en manos del gobierno comprando oro ilegal o si eran falsas las acusaciones de la Fiscalía contra sus propietarios y funcionarios.

Muertos y fantasmas

vendiendo

El realismo mágico del oro Colombiano

Es difícil determinar cuánto oro per cápita han extraído los muertos, los presos y los indigentes en Colombia. Aunque suene fantasioso, esa fue una de las causas principales por las que en diciembre de 2015 se dio el primer gran golpe a una comercializadora internacional de oro por presunto blanqueo de capitales. Se trataba de C.I. Goldex que, con una base de datos de mineros inexistentes, habría lavado dinero por 2,3 billones de pesos (alrededor de 605 millones de dólares) mediante la conformación de pequeñas compraventas en distintas zonas del país que le proveían el oro que supuestamente adquirían de otras empresas que tampoco existían.

Cinco años después, todavía hay sociedades que insisten en tratar de engañar a las autoridades con falsos barequeros y falsos proveedores, e intentar legalizar oro obtenido de manera ilícita. La última de las gigantes que se derrumbó fue, precisamente, la comercializadora C.I J Gutiérrez que exportó entre 2018 y lo corrido de 2021 un total de 15.474 kilos de oro. Según documentos recuperados para esta investigación, C.I J Gutiérrez le compró parte de ese metal a empresas cuya razón social no era la comercialización de metales; obtuvo más de 650.000 millones de pesos en oro de compañías sin liquidez, y cerró negocios por 1300 millones con otras empresas que estaban endeudadas, que se encontraban en liquidación o que sencillamente no existían.

Más macondiano todavía es que C.I J Gutiérrez haya adquirido oro por más de 1473 millones de pesos (algo más de 387 mil dólares) de personas virtuales. Fantasmas con números de documentos que no figuran aún como nacidos en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Aun así, hay otras empresas que también reportan haberles comprado oro a esos mismos ciudadanos “nonatos”, por lo que esas sociedades también están siendo investigadas.

Este no es el único caso en el que aparece la comercializadora internacional C.I J Gutiérrez, cuyos máximos dirigentes enfrentan un proceso penal por lavado de activos: esta firma parece haber encontrado en la meca de la pobreza en Cúcuta una veta con varios kilos de oro que exportó a Estados Unidos, Italia y Suiza entre febrero de 2018 y febrero del 2020.

Sin que autoridad alguna conozca la procedencia del oro, la ciudad de Cúcuta, recostada en la frontera con Venezuela, fue entre 2009 y 2018, el segundo puerto de embarque de oro más importante del país. Desde allí se realizaron 2.328 envíos del metal que sumaron 126.329 kilos y que tuvieron como destino las principales refinerías en Estados Unidos y Suiza, según un informe presentado en 2018 por la ONG Global Financial Integrity junto a la Alianza por la Minería Responsable y Cedetrabajo.

Es viernes, 3:00 de la tarde y el termómetro anuncia 34 grados de temperatura que cocinan el piso. Lo único dorado en el barrio Los Olivos, el último terreno habitable en la ciudad de Cúcuta, es el suelo sin pavimentar de la Calle 1 con 47. Tampoco es de oro el polvo que se levanta con el viento en esta vía por donde corren niños descalzos y un hilo de agua sucia.

Sin embargo, en esta zona donde la única veta es la de la pobreza, se habría instalado una sede de C.I J. Gutiérrez, según la base de datos Panjiva. Un dato que no tendría nada de relevante, de no ser porque en Cúcuta no hay minas, ni se han aprobado títulos mineros, ni hay oro en varios kilómetros a la redonda.

Cúcuta es un ejemplo perfecto de la falta de transparencia dentro del sector minero en Colombia, explica Julia Yansura, analista de la ONG Global Financial Integrity. “En el área alrededor de Cúcuta no se produce oro y mi preocupación es que sea oro venezolano que esté cruzando la frontera en un intento por evadir la política de sanciones internacionales que prohíbe la compra de oro de Venezuela. Esto sería otra modalidad de lavado, porque entonces oro sucio venezolano se convierte en oro colombiano y se exporta como si el origen fuera Colombia”.

Ante hechos como el anterior, con evidentes irregularidades en las transacciones de oro, la División de Inteligencia de la Policía, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Análisis Financiero y la DIAN han intervenido, en acciones conjuntas, un total de 26 comercializadoras locales e internacionales de metal en los últimos años.

Solo en este 2021, en medio de las operaciones Hefesto, Gold Printing I y Gold Printing II, adelantadas por las Fuerzas Armadas en los departamentos de Cauca y Valle, se desmantelaron tres estructuras que proveían oro a comercializadores internacionales y se capturó a 52 personas que falsificaban los certificados de origen del metal, compraron títulos mineros que no explotaban, pero que reportaban producción obtenida ilegalmente en otros lugares y llenaron bases de datos con nombres de personas que no eran barequeros.

Uno de esos falsos barequeros es don Luis C., que cuando se enteró que era minero, cuenta su familia en Cali, ya había vendido en 2019 y 2020 cerca de 840 gramos de oro sin haberse movido de su casa; entre otras cosas porque sus dificultades para caminar hacían físicamente imposible que pudiera andar con una batea en un río del Bajo Baudó buscando el mineral.

Como él, varios de sus vecinos también fueron visitados por agentes del CTI de la Fiscalía para verificar las supuestas ventas de oro a empresas comercializadoras. Así ocurrió en Medellín unos años atrás, donde casi todos los habitantes del barrio Villa Café obtuvieron su Registro Único Tributario para ser inscritos como falsos mineros de subsistencia a cambio de dinero. Entonces el oro parecía brotar de la tierra.

Los brincos en la producción de oro fueron demasiado rápidos y anómalos, señala el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega. “Colombia pasó de exportar 12 toneladas en 2008 a 70 toneladas en 2014. Nosotros alegamos que esas cifras no correspondían a una realidad material y que con seguridad se estaban utilizando para lavar recursos del crimen organizado”.

Ortega cuenta que cuando empezaron a mirar el tema, había inconsistencias grandes y dudas de si ese oro en realidad existía; entonces, “se adelantó una investigación por exportaciones ficticias que aún no ha culminado y hay quienes hablan de prescripciones, lo que sería lamentable porque es un tema que el país no ha resuelto y las personas sindicadas continúan en la impunidad”, señala.

De un

Ferrari

a una

Sonaría a exageración si en la obra maestra del realismo mágico se hubiera escrito que a Macondo llegaron varios extranjeros a tomar parte del mercado ilegal del oro. Entre ellos, dos iraníes residentes en Florida; uno, médico quiropráctico que cambió su lujosa mansión en la Calle Bay Road, en Miami, por venir a vivir a un racho entre la selva chocoana de ambiente húmedo y pegajoso, y que dejó atrás su vehículo Ferrari de carreras para montarse en una chalupa de madera temblorosa sobre el río Atrato. Parece ficción, pero el oro lo hizo posible.

Esta historia es la de Mohit Kermani, de 51 años, buscado con circular azul de Interpol luego de que las autoridades colombianas descubrieran que, junto a un socio suyo, también de la Florida, Hassan Jalali, lideraban una estructura ilegal que extraía oro mediante “dragones”. Es así como se conoce a las enormes dragas que extraen el metal de manera más tecnificada, pero que destruyen lechos y envenenan los ríos Quito y San Juan, en el departamento selvático del Chocó, una de las regiones más biodiversas del mundo.

El producto de la minería extraída de forma ilegal era enviado a las refinerías en Estados Unidos y Canadá; de acuerdo con información obtenida extraoficialmente por las autoridades colombianas, alcanzaron a extraer más de 50 millones de dólares en oro y platino. Un informe reciente de The Miami Herald sostiene que Jalali es dueño de numerosas y costosas propiedades en Miami, incluido un hotel y una casa en las islas venecianas, además de una mansión en Miami Beach que compró recientemente por 7,7 millones de dólares. Sobre Kermani, señala su afición por los Ferrari y que ha participado en una docena de competencias desde el 2017 en Florida.

Todo el oro extraído de los cauces en una bacanal de mercurio y cianuro era legalizado a través de la comercializadora Vencol Mineral SAS, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 4 de abril de 2013 y cuyo representante legal es Moisés Ortiz, un venezolano emparentado con el iraní aficionado a los autos, quien aseguró que compraba el supuesto oro a mineros artesanales en el departamento del Chocó.

Para adelantar las actividades de exportación, Kermani constituyó la comercializadora internacional Tala International Trading, registrada en la Cámara de Comercio de Medellín bajo la representación legal de su socio Hassan Jalali y él como representante suplente. La Fiscalía asegura que estos prósperos empresarios infiltrados en el Chocó les “rendían cuentas a delincuentes en Libia y Estados Unidos” y que pagaban a alias El Negro Domínguez, del Clan del Golfo, por su seguridad y su protección.

En la sabiduría popular se le dice jugar a dos bandas. O hacerles velas a Dios y al diablo. Fue justo eso lo que hicieron las empresas panameñas Gold America S.A. y Alpha Trading Int., que no solo compran oro legalmente a comercializadoras como Metales Italy, Caribbean Metal S.A.S, Importadora Metal Oro o La Guaca Joyeros, sino que también compraban oro producto de la minería criminal. El metal era llevado hasta la ciudad de Panamá o la Zona Libre de Colón por medio de las famosas “mulas” o “correos humanos”, como se le dice a quienes trafican con elementos de uso ilícito utilizando su cuerpo como mecanismo de transporte.

Todas las pruebas del acto ilícito estaban en el archivo del teléfono de Yobany Flórez, funcionario de Migración Colombia que trabajaba en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali y quien se tomaba una selfie con los “correos humanos” que dejaba pasar con oro hacia Panamá para que la organización criminal le pagara entre 500 y 800 dólares por cada uno de ellos.

Así establecieron una nómina de viajeros que acumuló hasta 30 viajes en los últimos meses a Panamá. El oro era comprado a bajo costo a mineros ilegales y se enviaba a fundidoras en Antioquia Santander y Magdalena Medio, donde lo bañaban en plata o acero para mimetizarlo.

En cada vuelo programado a Panamá viajaban tres o cuatro correos humanos con cinturones de grandes hebillas metálicas, accesorios, cadenas metálicas de bolso, llaveros y cuanto elemento se pueda fundir en oro. Luego le daban un baño en acero para simular el metal precioso. 

También mientras estaban en la sala de espera, con ayuda de funcionarios aeroportuarios reclutados por la organización criminal, en los baños les entregaban lingotes y láminas de oro que adherían a sus cuerpos. A su regreso de Panamá traían joyas que eran vendidas en locales comerciales, como el centro empresarial Palacio de Cristal, en el sector de San Fernando, en la ciudad de Cali. La investigación sigue en curso e involucra a fundidoras en Antioquia y Santander, principalmente.

Zonas

no tan

Francas

En los últimos años Colombia es el país al que Colombia ha exportado más oro, después de Estados Unidos y Suiza. Parece un acertijo, pero es real. Tras el desmantelamiento de la comercializadora C.I Goldex en 2015, cuando se descubrió la manera en la que se manipulaban las bases de datos en las alcaldías para hacer pasar como barequeros a ciudadanos que nada tenían que ver con el oro, el Gobierno Nacional incrementó los controles en toda la cadena de suministro del metal; muchas de esas comercializadoras aterrizaron en zona franca.

En 2018 los exportadores colombianos llevaron 5.628 kilos de oro que costaron 192 millones de dólares a zonas francas. Para 2019, estos territorios aduaneros especiales le compraron a Colombia 7.940 kilos de metal, convirtiéndose en el tercer mejor cliente para Colombia en el comercio del metal precioso. Oro que supuestamente salió de Colombia hacia una zona especial en el Valle y Antioquia, mayoritariamente.

“Ni las zonas francas ni las comercializadoras internacionales son figuras creadas para la evasión; todo lo contrario, son figuras legítimas usadas por muchos empresarios para promover empleo, desarrollo, tributación, y cumplimiento, pero infortunadamente en algunos casos puntuales se utilizan para evadir el cumplimiento debido”, explica Luis Carlos Quevedo, director de Gestión de Fiscalización de la Dian.

No obstante, recuerda Frederic Massé, codirector de la Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina (Red Coral), durante un tiempo hubo oro proveniente de otros países que entraba a las zonas francas y después no se sabía para dónde salía ni cómo lo hacía. “Hoy en día es más controlado, pero muchas de esas empresas desaparecieron; mucha gente se fue o estuvo presa y otros están prófugos”. 

Hoy por hoy, el mayor comercializador internacional de oro en zonas francas es la empresa caleña Fundición Ramírez ZF que, solo entre los meses de agosto y octubre de 2020, recibió 495 transacciones como importador de oro desde Colombia hacia la Zona Franca de Palmaseca, el 10,5% de todas las exportaciones en ese trimestre por 1821 kilos de oro. Es decir, el 20% del oro que exportó Colombia en 2020, salió del país hacia la zona especial en Palmira, ya considerado territorio internacional.

Mucho de ese oro fue llevado a la Zona Franca por pequeñas comercializadoras en el Pacífico colombiano y el bajo Cauca Antioqueño, así como por personas naturales; según los registros de comercio exterior y que en lo que va de 2021, suman más de 445 kilos de oro.

En las zonas francas del país brotó oro hasta en pandemia. Mientras el país estuvo en confinamiento total entre el 24 de marzo y el 13 de abril de 2020, por orden presidencial, el metal siguió fluyendo y llegando por canales desconocidos para el proceso de exportación.

Durante los 19 días en los que no se movió nadie en las calles, se realizaron 38 trámites de exportación de oro en Colombia. De ellos, 36 fueron hacia Fundición Ramírez, en la zona franca de Palmaseca, en Palmira (Valle), y las otras dos tuvieron origen en la zona franca de Mitayos, en la localidad de Caldas, Antioquia. Esas transacciones sumaron 1,8 millones de dólares para el pago de 45,8 kilos de oro. 

Para el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, “no hay beneficio para el país en que una empresa compre oro en Zona Franca porque no hace retención en la fuente a quien le vende y quien lleva el oro recibe un montón de dinero y no declara impuestos. Eso es una situación bien particular porque entonces no se sabe quién vendió el oro y no hay forma de buscarlo para que la Dian realice el control respectivo”. 

Ortega considera que “mejorar los estandartes de la comercialización del oro en Colombia no es un problema difícil de resolver. Es necesario formalizar a los pequeños mineros en el país y que toda la cadena esté obligada a presentar reportes electrónicos, facturación electrónica, retenciones en la fuente, automáticos y en tiempo real. Que quede claro quién vendió el oro, cuál es su número de cédula, cuál su dirección, a quién se lo compró y a quién se lo vendió. El problema es que no hay voluntad de algunos sectores”.

Miguel, cuyo nombre no es Miguel, pero es el que sugiere para referirse al tema del oro, es un negro azabache, corpulento y con el enojo tatuado al rostro. Extrae oro en el municipio de Suárez, Cauca, y asegura que es difícil que una comercializadora en Colombia pueda decir que compra oro puro porque antes de llegar a las empresas exportadoras se ha mezclado el oro de los mineros informales (los que no tienen título minero) y de los ilegales (que extraen bajo el control de grupos armados), por lo que no hay manera de hacerle trazabilidad al origen.

“No existe voluntad tampoco del gobierno para legalizar a los mineros artesanales y prefieren mostrarnos como parte de la cadena criminal del oro. Parece que las únicas con derecho para sacar oro en Colombia son las multinacionales como la Anglo Gold, que lleva años tratando de sacarnos del corregimiento”, señala Miguel.

En su corregimiento, La Toma, en el municipio de Suárez (Cauca), la Anglo Gold Ashanti recibió títulos mineros que le permiten explorar, incluso, entre el cementerio del caserío. En medio de este panorama solo faltó, para cerrar con broche de oro y mariposas doradas, que alguna comercializadora hubiera reportado la extracción de oro en Macondo, el pueblo imaginario que fundara el patriarca de los Buendía.