"Los líderes sociales asesinados eran la expresión de la legalidad en esos territorios, ante la ausencia del Estado"
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dice que los integrantes de Juntas de Acción Comunal de Colombia son las principales víctimas en los homicidios contra líderes sociales. Reconoce que ellos eran la única representación que tenía el Estado en los territorios y que fueron abandonados. Narcotráfico, según él, es el principal responsable de estos crímenes.
Explica que las muertes no están relacionadas con la política: “desde el punto de vista empírico no se encuentra asociación entre afectación a líderes sociales y proceso político.
En el 50 % de los casos que ya hemos esclarecido, al perfilar las víctimas, encontramos que más del 50 % de ellas corresponden a líderes de Juntas de Acción Comunal y organizaciones comunitarias. Le siguen líderes indígenas en un 12 %, campesinos en un 12 %. Entonces, es evidente que en el centro de este conflicto que se está dando en los territorios, los líderes comunales están llevando la peor parte junto con la sociedad civil, porque estos homicidios están ocurriendo en los territorios del posconflicto.
Estamos hablando de Nariño, de Cauca, de Antioquia, de Norte de Santander donde más caracterizadamente se está dando este fenómeno de violencia. Y en estos lugares las tasas de crecimiento del homicidio de la sociedad civil está llegando a unos niveles muy importantes: se está viendo afectada la sociedad civil en su conjunto, en medio de un conflicto que se está generando en los territorios y dentro de esa sociedad civil, se afecta a líderes sociales.
Particularmente en en el corredor de Cáceres, El Bagre, Ituango, en el nordeste antioqueño para la salida de la droga hacia el Urabá antioqueño se está librando una batalla campal en donde la tasa de homicidios está creciendo al 160 % en un año corrido, que promueven el Clan del Golfo, la disidencia del Clan del Golfo, que son los Caparrapos; el ELN y las disidencias de Farc. Y en medio de ese conflicto caen ciudadanos del común y líderes sociales, que por supuesto tienen una connotación particular porque en muchos de los casos, como lo hemos advertido en varias zonas del país, están promoviendo una cultura de la legalidad o bien, porque confrontan a estas organizaciones desde la perspectiva de hacer tránsito a la economía formal —ingresando al programa de sustitución de cultivos y eso es una amenaza para esas organizaciones si se les acaba la materia prima de su actuar criminal— o demandando que frente a la minería ilegal no acaben las fuentes de agua de sus poblaciones o, de alguna manera, en algunos sectores territoriales hay otro tipo de confrontaciones que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de tierras y el desplazamiento, como ocurre en el bajo Atrato donde hay otro tipo de conflictividad social. Pero es evidente que esos líderes sociales que están promoviendo esa cultura de la legalidad terminan siendo muros de contención frente a estas organizaciones criminales y frente a estos desafíos han entrado en esta dinámica criminal.
Nosotros hemos identificado que los mayores perpetradores son organizaciones criminales tipo C (grupos de delincuencia organizada), que son el 24 % de los responsables de esos crímenes. En un 10 % el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc en un 7,8 % y el ELN en un 7 %, más o menos.
Esta es la información generalizada. Pero si usted va a Nariño encontrará la presencia mayoritaria de disidencia de las Farc y ELN, que han sido perpetradores de estos ilícitos. Si usted ve lo que ha pasado en el sur de Córdoba y el nordeste Antioqueño va a advertir que son el Clan del Golfo y necesariamente, sus disidencias (Los Caparrapos), en esa confrontación que se ha dado por coptar los narcocultivos.
Esa información la podemos dar porque es pública: las principales víctimas son líderes de Juntas de Acción Comunal. De los 90 casos que tenemos esclarecidos, 27 eran líderes de juntas de acción comunal. Y no esclarecidos, 33. O sea, el 35 %, en total de víctimas de las 183 que fueron incluidas en el listado de Naciones Unidas.
Ese es otro problema que tenemos. Nosotros le hemos propuesto a las plataformas sociales, a las autoridades y al propio Gobierno que hagamos una única caracterización de los líderes sociales. Existía un consenso nacional entre plataformas y agencias del Estado, que trabajaríamos con base en la caracterización que hace Naciones Unidas, pero ahora consideran muchos sectores, empezando por la Defensoría del Pueblo, que hay que revisar esas caracterización para hacer el listado.
Nosotros tenemos el listado con nivel de escrutinio de responsabilidad que excede la lista de Naciones Unidas. Tenemos el de la Defensoría Nacional del Pueblo, el de Marcha Patriótica. Podríamos trabajar con todos los listados porque seguimos todas las formas de criminalidad, con resultados que desde el punto de la justicia son inéditos.
La diferencia entre este asedio a los líderes sociales con relación al que ocurrió en los años 80 y el exterminio de la Unión Patriótica es que mientras esos episodio oprobiosos de la historia del país quedaron en la impunidad o realmente no hubo presencia de la Justicia, en este caso lo que se ha visto es que la Justicia está actuando radicalmente. Es que nosotros tenemos en 90 homicidios estudiados, 215 personas vinculadas en las investigaciones y 162 personas capturadas. Esto no tiene antecedentes en Colombia.
Si usted coge las sentencias, que ya hay 18, que son la palabra final del caso, usted puede encontrar por victimario, por modus operandi que no hay un patrón común.
Qué razones desde el punto de vista de las hipótesis investigativas se han encontrado: primero, que es evidente que son las organizaciones criminales. Se preguntan mucho: ¿y el Estado, cuál es la responsabilidad en estos crímenes?, que eran las preguntas que nos hacíamos en los 90. Pues según las investigaciones, en los 90 casos que tenemos, el Estado (Ejército y la Policía) es responsable de tres asesinatos.
Por qué los líderes sociales se han convertido en un punto de referencia de su acción criminal. Uno, por los narcocultivos. Aquellos líderes que están buscando alternatividad en su economía, saliéndose de esta actividad ilícita son objeto de confrontación, se convierten en un objetivo militar de estas organizaciones. El caso de Orito, recientemente. Este líder (Osvalto Taquez) había avanzado en los procesos de sustitución, la delincuencia le dijo que no podría sustituir más del 30 % de los cultivos ilícitos de su territorio y él dijo que por ningún motivo porque los programas tiene que ser integrales y lo avasallaron. Y como esos casos hay muchos en el país. Esa puede ser una de las causas. La segunda: el tema de microtráfico, la presencia de narcomenudeo en los territorios por parte de estas organizaciones, y eso explica que las bandas tipo C sean, en buena medida, grandes perpetradores. Estos líderes están velando por la integridad de sus comunidades.
En el caso de Palmar de Varela (Luis Barrios, candidato al Concejo del Centro Democrático). Este líder denunció ante las autoridades la presencia de bandas criminales en el negocio del microtráfico y bastó con que acudiera a la autoridad para que el orden se impusiera en las comunidades en defensa de sus niños, familias, su sociedad, para que inmediatamente lo ajusticiaran.
En El Tarra, la masacre de julio, se dice que fue un grupo organizado que cometió la masacre, que está prácticamente identificado por la autoridad. Las víctimas, unos de ellos eran reinsertados y eran reconocidos como raspachines. Allí hay un conflicto justamente por cultivos, que está asociado al acuerdo de 2013, en la medida que los programas de sustitución que se habían definido, no se llevaron a cabo, se entregaron los subsidios y se impidió que la acción del Estado entrara a la erradicación; de tal manera que en esa zona, usted encuentra que mientras en 2013 había cuatro mil hectáreas de coca ahora estamos en once mil, la segunda zona más densa en cultivos de coca en el país.
Los años 80 y 90 donde hubo afectación a los defensores y líderes sociales, eran líderes de un perfil nacional caracterizado, allí había confrontaciones ideológicas. Aquí son territorios en donde la regulación de la convivencia estaba de la mano de las Farc. Y estos líderes comunitarios en la perspectiva y en la visión de la Fiscalía, cumplen una labor de autorregulación en la medida en que el Estado no entró a esos territorios rápidamente, se interesan por estos temas sociales, cumplen una labor de autorregulación y en la medida que van ganando una legitimidad frente a sus comunidades se convierten en un elemento de perturbación frente a los objetivos de esas organizaciones criminales. Ellos eran la expresión de la legalidad en esos territorios, ante la ausencia del Estado.
El Estado no llegó a tiempo. La memoria es muy frágil en este país. Yo me posesioné en octubre de 2016 y en ese mes denuncié que Colombia iba por un camino errado en materia de narcocultivos y que el problema iba a llevarnos a una verdadera conflagración. Lamentablemente, el tiempo me dio la razón. Y en octubre de 2016 llegué a Caucasia, donde nunca había llegado un fiscal en Colombia y advertí que ya para ese tiempo, en los territorios que históricamente ocupaban las Farc y que estaban dejando, estaban quedando los vacíos de las armas de los movimientos rebeldes y que empezaban a hacer presencia en ese momento estos grupos armados ilegales, y que estaban ofreciendo un millón quinientos mil pesos de salario para que las personas fueran a sus filas, inclusive, los que se habían desmovilizado. Por eso, en octubre de 2016, pedí presencia del Estado, pero no solo militar y policial sino con bienes públicos, con inversión social y programas de desarrollo alternativo.
Llegaron solamente los programas de desarrollo alternativo y hay una insuficiencia de presencia Estatal que es lo que ha dado lugar definitivamente a esta debacle.
No es que los haya dejado solos. Es que siempre estuvieron solos. Antes, sometidos a las Farc, hasta la firma del Acuerdo de Paz, y después de la firma, expuestos al accionar criminal de estas bandas que llegaron a los territorios, pero en esas regiones siempre han estado solos y el posconflicto lo que demandaba era una presencia determinante del Estado. Había que formar sociedad civil, darle capacidad institucional a la organización de base y eso tampoco lo hemos hecho de manera determinante. Iban a llegar unos recursos a esos territorios y la capacidad institucional del Estado primario en las regiones es bastante insuficiente, se necesitaba también tener mucha presencia de sociedad civil organizada para poder ejecutar, sin corrupción, ese tipo de inversiones.
Tengo que celebrar que hoy, cada vez la presencia de la Fuerza Pública es mucho más inteligente, no es una presencia solo en las principales vías de esas regiones, han penetrado las veredas, se han ganado la confianza de la comunidad y eso ha sido, de alguna manera, un elemento muy importante para restablecer el orden público. Pero es insuficiente porque los delitos que estamos viendo son justamente donde no ha entrado todavía la fuerza pública y eso es parte de la realidad.
Si usted coge una curva histórica y coge los procesos electorales, en las elecciones de Congreso de la República, hubo una caída en afectaciones a líderes sociales, contrario de lo que para la misma época de marzo ocurría en el 2017, que fue el pico más alto de asesinato de líderes sociales. O sea que desde el punto de vista empírico no encuentra asociación entre afectación a líderes sociales y proceso político.
He asumido el compromiso de impedir la impunidad en las afectaciones a los líderes sociales y por eso como Naciones Unidas trabaja con un inventario desde el 2016, nosotros estamos trabajando públicamente frente a esto que está ocurriendo en este momento, sin perjuicio de lo que está haciendo la dirección de Derechos Humanos en relación con los casos anteriores, en donde muchas de esas investigaciones, como por ejemplo, de la Unión Patriótica, las hemos sacado del cesto de la basura para retomarlas.
Los visitantes internacionales y las organizaciones internacionales que miran lo que está pasando, inclusive las plataformas sociales a las cuales les entregamos la información en la intimidad para que puedan validarla o cuestionarla, advierten que los esfuerzos de Estado desde el punto de vista del poder acusatorio son realmente inéditos porque tasas de imputación del 50 % contrastan con las tasas de imputación que puede haber en ciudades Chicago, en Estados Unidos, en donde hay cámaras de seguridad, tiene testigos de ocasión en todas las esquinas, un sistema de reacción inmediata, la capacidad de llegar al lugar de los hechos en cuestión de segundos. Para los casos de líderes sociales que ocurren en veredas, muchas veces nos toca salir en chalupa desde un puerto del Pacífico, cuatro horas para llegar al lugar. O en Putumayo, donde no existen cámaras, no hay edificaciones, no hay centros urbanos, no hay presencia de testigos y aún así tenemos una capacidad investigativa que realmente sorprende, pero corresponde a varias circunstancias: una, decisión política de la Fiscalía de descubrir realmente, de auscultar lo que está pasando en esta expresión de criminalidad. Segundo, un conocimiento tecnológico que nos ha llevado a apelar a muchos medios de investigación criminal que son desarrollo modelo en América Latina. Y tercero, investigación por ADN que nos está promoviendo el gobierno inglés, que es muy eficaz para estos casos, porque en la escena de los hechos siempre va a quedar una prueba de ADN en la comisión de un delito y si hay modelos investigativos que nos permitan identificar algunos potenciales autores de ciertos crímenes en el lugar de los hechos, podemos tener prueba científica de la comisión de un delito.
Ojalá que no sea así, hay una decisión de Estado de enfrentar este fenómeno. Es el Estado el que está confrontando las nuevas dinámicas del delito. No es el Estado de los años 80 como parte de esa situación y eso hace diferencia notable.
En la planeación del posconflicto el Estado se quedó bastante rezagado y si se perciben estas realidades nunca será tarde para llegar prontamente a los territorios. Mientras se negociaba la paz, la gran amenaza que se sugería al país era la inseguridad en los grandes centros urbanos y se les olvidó que el caldo de cultivo y la fuente de la conflagración desde el punto de vista del crimen es el narcotráfico en Colombia y a su alrededor es donde se está suscitando esta tensión y conflicto. Por eso he dicho que lo más importante dentro de las políticas públicas es tener políticas contra el narcotráfico, consistente, coherentes, contundentes y efectivas. Eso nos hubiera aliviado mucho. Un posconflicto con 40.000 hectáreas de coca es muy diferente a un posconflicto con 200.000 hectáreas, desde el punto de vista de las amenazas en los territorios donde debió llegar la paz.