ARGENTINA

Camuflaron el delito en la venta de muebles

 Hay quienes aseguran que el tango nació en Argentina, pero creció en Colombia. Esa pasión que despierta la melodía del bandoneón es una de las razones por las que cada año unos 80.000 colombianos llegan como turistas a Buenos Aires, Bariloche, Tierra de Fuego o Mar del Plata, según la oficina de Migración de ese país.

Pero hubo un movimiento inusual de visitantes con motivaciones distintas. En principio fue curioso para las autoridades gauchas, pero con los años fue preocupante: la llegada masiva de colombianos a una región poco referenciada por muchos argentinos y de nombre San Ramón de la Nueva Orán.

Un lugar ubicado en el extremo norte de Argentina, a 24 horas por carretera desde Buenos Aires, a 32 kilómetros de la frontera con Bolivia y a dos horas de la línea divisoria con Paraguay. Una región donde es poca la actividad comercial.

En ese enclave distante se asentó una colonia de cerca de tres mil colombianos, quienes tienen entre sus principales actividades la fabricación y venta de muebles a crédito. Pero las autoridades dudaron de su actividad.

Muchos de ellos, consideran los entes migratorios, ingresaron ilegalmente por Bolivia porque no existe registro de entrada. De lo que sí tienen certeza, es que a inicios del 2010 desde la Nueva Orán empezó a recorrer un grupo de jóvenes colombianos arrastrando carretas y ofreciendo a crédito muebles y artículos de hogar. En principio los llamaron simplemente los “carreteros”.

Entre el 2014 y el mes de junio del 2019 fueron asesinados 18 colombianos en argentina y 17 más murieron en circunstancias aún por determinar.

Esos jóvenes se fueron internando con amabilidad y gracia en los barrios y calles ofreciendo esos productos en madera con pagos semanales. Cuando los clientes no tenían cómo cancelar la cuota, les tenían a la mano una solución práctica: préstamos de dinero en efectivo y sin requisitos.

 Tan pronto el deudor aceptaba, jóvenes motorizados recogían las cuotas del supuesto ‘presta fácil’ que pronto se volvió un dolor de cabeza para pequeños comerciantes que al alcanzarse en los pagos, recibían amenazas, les quitaban mercancías o los despojaban de sus pertenencias. Empezaban a ver el verdadero rostro del ‘gota a gota’.

A mediados del 2013, el fenómeno creció al centro del país y llamó la atención de la justicia en la provincia de Córdoba. La explicación inicial era un posible caso de trata de personas.

Entonces, el fiscal Enrique Senestrari ordenó allanar a 70 fábricas de muebles de colombianos en varias provincias. En los operativos rescataron cerca de 200 personas que llegaron a Argentina con la promesa de trabajo. Todos viviendo en hacinamiento. A partir de entonces se inició en Argentina un proceso judicial por trata de personas porque muchos fueron obligados a vender muebles y a cobrar créditos.

En octubre de 2019 se realizó la operación ‘El Patrón’ contra los ‘gota a gota en Argentina y fueron detenidos 69 personas, la mayoría de nacionalidad colombiana.

Foto: Cortesía Ministerio de Seguridad de Argentina

 Como jefe de la organización, Senestrari señaló a Mario Fredi Cifuentes, un empresario de la ciudad colombiana de Pereira, donde figura como gerente de Inversiones Vaticano, dedicada a la

venta de inmuebles y con negocios en la explotación minera y propietario en Ecuador de la Importadora y Exportadora de Plásticos, Cimplast.

Empresa que también fue registrada en el 2010 en el registro público de Río de Janeiro, Brasil, con un capital de $152.000 reales. Su socio es Hernán Alberto Marín Rincón, quien tiene empresas registradas en Panamá y Estados Unidos, según información de los Panamá Papers.

En la misma ruta del narcotráfico

Es un día de caos en Buenos Aires y hay paro de transportadores. Sin embargo logramos llegar hasta el edificio 760 de la Avenida Chile, lugar donde nos espera Martín Verrier, subsecretario de la lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de Argentina.

“El propósito de la trata es que se trae gente con promesa de trabajo y después se les involucra a la estructura criminal. Es decir, se les incorpora para hacer la tarea de cobranza o la tarea de contactar a clientes locales; después se dividen las tareas y ya quedan embebidos en la organización criminal y les cuesta salir. Esa trata de personas está vinculada con el ‘gota a gota’”, asegura Verrie.

Para entonces los jóvenes que salían a diario con las carretas cargadas de muebles ya asomaban por cualquier esquina en todas las provincias del norte argentino. Además de Salta, ya tenían un número indeterminado de clientes en Corrientes, en los municipios de Formosa y Chaco, en la frontera con Paraguay, y en Posadas, en esa misma línea y cercano a la frontera con Brasil según el Ministerio de Seguridad argentino.

La zona en la que se asentaron los colombianos en las líneas fronterizas corresponde al principal corredor de droga que hay hoy en Suramérica: la ruta desde Bolivia hasta Brasil, segundo consumidor de droga en el mundo.

Informes de inteligencia en Argentina hablan de grupos de colombianos que organizan toda la estructura criminal de producción y tráfico de cocaína desde Perú, pasando por Bolivia, Paraguay y como punto final Brasil.

“Hemos encontrado algunos casos donde un deudor de ‘gota a gota’ ha sido utilizado para transportar cocaína a través de la frontera, pero no necesariamente hemos encontrado una estructura criminal detrás. Lo que vemos son préstamos usureros con algún caso donde a partir de una deuda aprovecharon para que alguien pase poca cantidad de droga, pero no tenemos una prueba de una gran organización que involucre a todas estos pequeños prestamistas”, afirma Verrier.

En varios operativos realizados en Argentina en el último año contra los cobradores de ‘gota a gota’, las autoridades han encontrado armas y droga.

Sin embargo, en agosto del 2014 el juez federal de Catamarca, Ricardo Moreno, le dijo a un medio local que la mayor preocupación en la frontera con Bolivia eran los colombianos porque “muchos de ellos recién se inician en el mundo del narcotráfico y buscan ganar territorio.

Con esa alarma encendida y mientras las autoridades locales buscaban pruebas para vincularlos con el narcotráfico, la bola de nieve del ‘gota a gota’ creció hasta que aparecieron las amenazas, los golpes y los primeros muertos. Entonces, el foco de la autoridad apuntó a otro sitio.

Un mes después, apelando a la supuesta actividad que realizan muchas personas en ese país, el 5 de septiembre del 2014 se llevó a cabo en el municipio de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, un operativo denominado ‘Muebles Blancos’, en el que oficiales de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas capturó a cuatro colombianos que tras la fachada de venta de muebles distribuían cocaína de alta pureza.

Sin embargo, el Subsecretario de la lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de Argentina explica que no encontraron nexos con los grandes carteles que hicieron presencia en Argentina entre 2007 y 2015 como el Clan del Golfo y el Cartel del Norte del Valle.

Esas mismas organizaciones que menciona Verrier, según respuesta a un derecho de petición a la División de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, son justamente las que manejan el narcotráfico, el microtráfico y el ‘gota a gota’ en Colombia y en otros países de América Latina. Menciona además a las bandas criminales de Los Pelusos, los Caparrapos y los Puntilleros.

En octubre del 2012 fue capturado en Buenos Aires y enviado a EE.UU. Henry de Jesús López, alias Mi Sangre, jefe del grupo armado el Clan del Golfo.

Foto: Cortesía Colprensa

El fenómeno de las muerte

Entre el 2014 y 2016 ocurrieron varias muertes al norte de Argentina que cambiaron las investigaciones y le quitaron peso a las hipótesis de que los colombianos estaban relacionados solo con el narco y la trata de personas.

En especial las muertes de Alexis y Dalma; dos jóvenes que vivían a una hora de camino uno del otro en la provincia de Corrientes. El primero en San Ramón de la Nueva Orán y la segunda en Tartagal. Alexis era dos años mayor que Dalma y jamás se conocieron, pero compartían sin saberlo muchas cosas en común.

Ambos de familias humildes, con similares problemas y preocupaciones. Los dos, agobiados por las deudas solicitaron préstamos a colombianos con cuotas de pago diarias y ambos decidieron, en medio del desespero, acabar con sus vidas ahorcándose en sus respetivas viviendas.

Las primeras manifestaciones de preocupación fueron emitidas desde la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de Argentina (Procelac) y la Dirección Nacional de Investigaciones, a cargo de Rodrigo Bonini, quien asegura que pasaron cinco años desde que llegaron los primeros colombianos en el 2010 para que detectaran la modalidad del ‘gota a gota’”.

“En la mayoría de casos, el prestamista del ‘gota a gota’ en Argentina también comercializa muebles. Entendemos que dicha actividad lícita convive con la delictiva, confundiendo y haciendo más difícil para las autoridades la diferenciación entre los actos lícitos y los ilícitos. Pero también vemos que las mueblerías buscan darle una cobertura legal, pero funcionan como ‘marca registrada’ del ‘gota a gota’”, indica Bonini.

En junio de 2018 fueron asesinados en Quilmes Leonardo de Jesús Ospina y Jorge Leonardo Sánchez, ambos colombianos dedicados a la venta de muebles y el préstamo ‘gota a gota’.

El fenómeno creció de forma tal, que fue necesario crear una mesa de trabajo para el abordaje de este fenómeno bajo el control de la Subsecretaría de Articulación con el Poder Judicial y participan otras áreas del Ministerio de Seguridad como la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección de Investigaciones y la subsecretaría de Fronteras.

Tienen además asiento en este equipo interinstitucional la Procuraduría de la Criminalidad Económica (Procelac) y la Procuraduría de Drogas, ambos del Ministerio Público Fiscal, la Unidad de Información Financiera (UIF) la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Dirección Nacional de Migraciones.

Entre los principales logros de esa mesa, según Bonini, está la elaboración de propuestas de modificación legislativa y varias acciones conjuntas entre los organismos involucrados.

Quien coordina este grupo es Guillermo Soares Gache, subsecretario de Articulación Judicial del Ministerio de Seguridad de Argentina. “Uno de los objetivos que tenemos es el levantamiento de todas las denuncias presentadas, pero se necesita la colaboración de toda la justicia provincial quienes son los que mayor contacto tienen con la población, habida cuenta de su competencia”.

Agrega en diálogo con El País que el ‘gota a gota’ no es un tipo penal específico que pueda contabilizarse, sino que en el marco de esa modalidad concurren diversos tipos penales, lo que hace más difícil su conteo, sobre todo porque depende del relato de las víctimas y si hace referencia a alguna de las características de este fenómeno”.

En las cárceles de Argentina permanecen detenidos 389 colombianos con procesos activos, la mayoría de ellos por delitos relacionados con narcotráfico y hurto.

Foto: Cortesía Ministerio de Seguridad de Argentina

Pero en Argentina también impera esa suerte de ‘ley del silencio’ que caracteriza a las víctimas a lo largo de América Latina, quienes poco se acercan a denunciar por temor a las represalias.

Los primeros casos del ‘gota a gota’ que fueron investigados por la justicia argentina, se dieron alrededor del año 2015 y a la fecha se ha detectado actividad en casi todas las provincias.

Pero es difícil conocer la cantidad de casos registrados, explica Soarez Gache. “porque las víctimas no denuncian y porque es un relevamiento que se debe efectuar con información suministrada por la justicia provincial porque la mayoría de esos casos se tramita ante la justicia ordinaria”.

“No teníamos hasta finales del 2018 detenciones de personas por dicha modalidad ya que el tipo penal que lo contiene es excarcelable. Pero sí ha habido detenciones de individuos por otros delitos como trata de personas o narcotráfico, personas que también se dedicaban de forma conjunta al ‘gota a gota’”, indica Rodrigo Bonini.

El dinero utilizado proviene, según la información lograda por autoridades argentinas, de otras actividades ilícitas que son motivo de investigación, asegura en su oficina en Buenos Aires, Guillermo Soarez Gache.

Consideran que el recurso proviene del mismo sistema de préstamos así como del narcotráfico, la trata de personas Aunque esto no es concluyente porque las investigaciones siguen abiertas.

El caso que dibuja de mejor manera esa hipótesis se dio el pasado 8 de abril, según la información que envió el Ministerio de Seguridad de Argentina a este medio teniendo en cuenta el interés en este flagelo regional.

El Gobierno argentino trabaja en alianza con las autoridades colombianas para desarticular las estructuras del ‘gota a gota’ y perseguir sus economías en ambos países.

Ese día la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con el subjefe de la Gendarmería Nacional, Ernesto Óscar Robino, y el director Nacional de Investigaciones, Rodrigo Bonini, brindaron detalles de lo que fue la Operación “Gota a Gota”, que “desarticuló una banda criminal integrada por diez colombianos y un argentino, dedicada al micro lavado de activos para el narcotráfico en la capital del país y en la provincia de Buenos Aires.

En la mayoría de los casos, de acuerdo con las autoridades consultadas, los colombianos detenidos están siendo procesados por los delitos de lavado de activos de origen delictivo, asociación ilícita, usura y extorsión. Por estos delitos conexos al ‘gota a gota’, las autoridades consulares colombianas solo reportan la detención en Argentina de 23 colombianos en los últimos cinco años. De los cuales solo nueve permanecen detenidos.

Entre tanto, el Ministerio de Seguridad y otras entidades gubernamentales tienen conocimiento de que decenas de colombianos diseñan nuevas rutas en otras regiones tan apartadas de la periferia como la Nueva Orán. Esta vez, ese turismo extraño, sin fecha de regreso, se ha concentrado en la Patagonia.

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