¿Podrá la Ley de Patrimonio Sumergido salvar del naufragio a nuestro patrimonio sumergido?

Después de cuatro ‘naufragios’ en el Congreso, el pasado 19 de junio se aprobó la Ley de Patrimonio Sumergido que, en el papel, busca salvaguardar piezas de valor cultural que existen bajo nuestras aguas. Sin embargo, historiadores dicen que dejó abiertas las puertas a cazadores de tesoros y que Colombia, en realidad, no conoce la riqueza de este tipo que ‘habita’ en sus mares, ríos y lagunas. Debate.

La de Hugo Suárez Fiat fue una expedición que naufragó mucho antes de zarpar. Corría 2006 cuando este abogado caleño con alma de historiador —hoy director de Caliwood, un bellísimo museo dedicado a la cinematografía— emprendió la misión de rescatar el Vapor Cabal, barco que había naufragado en las aguas del río Cauca el domingo 7 de diciembre de 1924 sobre las 10:30 de la noche. Suárez y un “grupo de aficionados” querían ubicar el lugar exacto dónde se hundió la nave de origen escocés, importada al país a inicios del Siglo XX. El Cabal era usado para transporte de pasajeros y de carga y el valor de un pasaje para hacer un viaje de Cali a Cartago costaba nueve pesos. Eso lo supo Suárez tras una juiciosa investigación apoyada en documentos fotográficos e históricos del libro ‘Cali eterno’ y de ‘Herr Simmonds y otras historias del Valle’, escrito por Germán Patiño, así como crónicas de la época del periódico El Relator. Fueron las primeras pistas que lo llevarían a establecer que las 60 toneladas del barco —que en su noche final pretendía llegar hasta Puerto Mallarino (hoy Juanchito)— acabaron sumergidas en el principal río del suroccidente colombiano, a la altura de Guacarí. El dato se lo confirmaría Boris Cabal, tataranieto del prócer en cuyo honor se bautizó la nave perdida.Enterado de su gran valor histórico, Suárez y sus ‘cómplices’ de aventura soñaron “recuperar algunas de las piezas que pertenecieron al navío para revivir la memoria de lo que fue el vapor Cabal” y parte también de la historia de la navegación en este río.Sonaba una verdadera hazaña, pero no era imposible. El abogado conocía de cerca la experiencia que a miles de kilómetros del Valle, en el río Missouri de Estados Unidos, emprendió Greg Hawley, con el tiempo uno de sus grandes amigos, quien en 1988 le arrebató al olvido los restos del Vapor Arabia, que debido al curso y las inundaciones del río terminó enterrado en una extensa plantación de maíz. “Lo extraordinario del hallazgo —cuenta este historiador aficionado— ocurrido a mediados de 1988, fue que casi 130 años después del naufragio la mercancía que viajaba en la sección de carga estaba casi intacta. Todo está ahora en un museo de Kansas City: ropa, botellas de champaña francesa, encurtidos, abrigos, calzado, cerámicas, fusiles y hasta botones”. Suárez pensó que lo mismo podría lograr él en el Valle, si rescataba de las aguas el barco que naufragó esa noche de 1924. Con ello, imaginó, reconstruiría gran parte de la historia de la navegación fluvial que se perdió por completo en el Cauca. Es que se trataba de la primera nave de su género que incursionó en el río en febrero de 1888.Hoy, de espaldas a una expedición que no pudo llevar a buen puerto por los costos que demandaba, Hugo Suárez está seguro de que el Estado no conoce la historia de este barco de vapor. Ni siquiera porque, el pasado 19 de junio, el Congreso aprobara la Ley de Patrimonio Sumergido que busca salvaguardar las piezas de valor cultural que se encuentran bajo nuestras aguas. Quizás el caso más emblemático de los naufragios en Colombia sea el del San José, galeón del imperio español, que tras ser atacado por los ingleses se hundió en 1708 con sus tesoros (entre ellos 11 toneladas de oro) frente a las costas de Barú, en Cartagena. Moisés Álvarez Marín, director del Archivo Histórico de Cartagena, cuenta que desde 1980 “varias empresas de buscadores de tesoros quisieron sacar del mar Caribe el tesoro, valorado en US$6 mil millones. Hasta que en octubre de 2011, una corte en Washington declaró al galeón como propiedad del Estado colombiano”. ¿Podrá entonces esta Ley garantizar la salvaguardia de todo ese patrimonio cultural que ‘duerme’ bajo nuestras aguas? El debate por el patrimonio sumergido de Colombia apenas comienza. Opiniones encontradas La aprobación de la ley que permite el ‘rescate’ de los tesoros que hay bajo aguas colombianas desde hace más de 300 años, genera opiniones divididas. De un lado, se escuchan voces que le piden al presidente Juan Manuel Santos que se abstenga de sancionar esta norma pues estaría en contra de la Constitución.El principal argumento de los críticos es que el texto de la ley es un ‘atentado’ contra la historia y les abrió las puertas a los cazadores de tesoros para que puedan usufructuar dichas ‘reliquias’.Los detractores se aferran a la Constitución que, en sus artículos 63 y 72, cierra cualquier posibilidad de comercializar el patrimonio cultural sumergido.Ante las observaciones, el senador ponente de la ley, Carlos Ferro, asegura que lo que se pretende es “proteger de la mejor manera los bienes patrimoniales sumergidos en más de 900 mil kilómetros cuadrados”. Para este fin, recordó que no solo se trata de oro, plata o piedras preciosas, sino de restos orgánicos e inorgánicos; cuerpos de las tripulaciones, las naves y sus mismas dotaciones.Esa, justamente, es la nuez del asunto: quienes cuestionan esta Ley, entre ellos historiadores y científicos, advierten que se trata de una salida ‘facilista’ del Gobierno. Uno de ellos es el director de la facultad de Arqueología de la Universidad Externado de Colombia, José Luis Socarrás, quien asegura que con lo aprobado “se pone en riesgo el real contexto de lo que significa este patrimonio”, pues “no existe siquiera un inventario de este patrimonio como para dar vía libre a su explotación”.Para Socarrás, más allá del precio monetario que pueda tener, ni el Gobierno ni el Congreso han entendido que el real valor de lo que existe bajo nuestras aguas es “histórico; es altamente probable que existan piezas que permitan reconstruir costumbres y actividades de ciertas épocas”.E insistió en que el propósito de los caza tesoros es meramente conseguir piezas para vender al mejor postor. La observación del experto se basa en el beneficio que van a obtener quienes logren ‘rescatar’ estas riquezas del fondo marino, debido a que la Ley determina que en el momento de un hallazgo y la extracción del mismo, el Estado entregará el 50% a los ‘rescatistas’.Solo se excluyen elementos repetidos como doblones, lingotes y piedras preciosas. Dichos materiales, según Socarrás, “terminarán en subastas internacionales de compradores de antigüedades”, lo que determinarán grandes dividendos para los particulares. “Eso va en contra de la Constitución y de fallos proferidos por la Corte según los cuales si el Estado quiere pagar a esos contratistas debe hacerlo con recursos propios y no con el patrimonio que le pertenece a la Nación”.Sin controlEs lo mismo que cree el director de la Fundación Tierra Firme, Carlos del Cairo. Para este antropólogo, “hay inconsistencias del Gobierno para sustentar el proyecto pues aduce que la mayor parte de los naufragios se encuentran a 200 metros de profundidad. Pero la realidad que hemos constatado es que no están a más de 50”. Por eso, del Cairo está convencido de que el país tiene la capacidad técnica para determinar la ubicación de esos tesoros y extraerlos para que no acaben en manos inescrupulosas.Dijo además que “se habla de más de mil naufragios en Colombia, pero eso no se ha comprobado. Esta ley se hizo para sacar a flote unos cuantos galeones, el San José y la flota de Luis Fernández de Córdoba, que son los ejemplos más emblemáticos. Los demás están en aguas poco profundas”.En opinión del académico, “somos dos bandos: unos que buscan el beneficio económico y otros que queremos reconstruir buena parte de la historia del país que está bajo el mar. Esta ley solo está reglamentando a unos piratas”.Patrimonio salvaguardadoFrente a esas posiciones, la ministra de Cultura, Mariana Garcés, hace varias aclaraciones. De un lado, deja claro que “Colombia no suscribió la convención de la Unesco sobre patrimonio cultural sumergido”. De hecho, dice que “es la convención que menos países suscriptores tiene, un total de apenas 42. En otras convenciones los países llegan a 200”.La Convención a la que hace referencia la Ministra dispone que cualquier vestigio arqueológico que esté bajo el agua, desde una vasija hasta un lingote de oro, hace parte del patrimonio de las naciones y éstos no pueden ser comercializados. Incluso, en el transcurso del debate de esta ley ante el Congreso, se conoció una carta que envió al Gobierno Francesco Bandarin, subdirector General de Cultura de la Unesco. En esas líneas conmina a salvaguardar “los sitios arqueológicos e históricamente importantes acorde a los estándares establecidos por la comunidad arqueológica internacional”. Bandarin también alertó sobre intervenciones “no científicas” que buscan beneficios económicos que podrían afectar “el legado histórico de la Nación”.Si bien en la misiva la Unesco se muestra satisfecha con que ya exista una reglamentación en este sentido, también llamó la atención sobre la determinación que se va a hacer de lo que es patrimonio.No obstante, la ministra Garcés insiste en que no todo lo sumergido puede ser considerado  patrimonio  y recordó que la iniciativa aprobada determina que “no se considerarán  patrimonio  cultural sumergido las cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas. Los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes, y las cargas industriales”.Insiste, en todo caso, en que “no es apropiado hablar de tesoros, sino de patrimonio cultural sumergido”. No tener legislación implicó para Colombia unos desgastes y sobre todo unos riesgos muy grandes, agrega. “Por cuenta de ello —pone como ejemplo la ministra Garcés— la Sea Search Armada tiene demandado al Estado colombiano por US$17.000 millones por el supuesto incumplimiento de un contrato con el Gobierno para recuperar el galeón San José, un buque que esa empresa anunció haber encontrado en 1982, y que se cree contiene una valiosa carga. Con la nueva legislación nos evitaremos ese tipo de desgastes jurídicos”.¿Qué camino queda entonces? ¿Qué sucederá realmente con el patrimonio sumergido del país? ¿Naufragarán siglos y siglos de historia? El debate aún no llega a feliz puerto. Recuadro¿Y los ríos y lagunas?Los críticos de la Ley de Patrimonio sumergido consideran que el Gobierno abrió la puerta para que las riquezas de las lagunas que hacen parte de la ‘Leyenda de El Dorado’ sean intervenidas por particulares. José Socarrás, director de la facultad de Arqueología de la Universidad Externado de Colombia, asegura que ésta se hizo para un propósito específico: los galeones. Pero deja un vacío “para los ríos y las lagunas” ya que podría haber intervención en estas zonas. Dijo que las prohibiciones que existían para estas exploraciones, por ejemplo en la laguna de Guatavita, “quedarán levantadas y todas las campañas que se hicieron para no extraer las riquezas de esta laguna sagrada de los Muiscas se reavivarán, pues con la Ley ya existe un permiso legal para ello”.