CNE ha revocado 30 candidaturas al Congreso en todo el país
Elecciones al congreso 2018

CNE ha revocado 30 candidaturas al Congreso en todo el país

Febrero 26, 2018 - 11:55 p.m. Por:
Redacción de El País
Elecciones 2018

Un total de 23 aspirantes a la Cámara de Representantes y 7 al Senado quedaron por fuera de las elecciones del próximo 11 de marzo.

Foto: Archivo de El País

Un total de 30 candidaturas al Congreso de la República han sido revocadas hasta ahora por el Consejo Nacional Electoral, CNE, en todo el país, de las cuales al menos dos corresponden al Valle del Cauca.

De total nacional, 7 corresponden al Senado de la República y 23 a la Cámara de Representantes, de las cuales 17 aspiraban a ocupar una de las dos curules que la ley le asigna a las negritudes en esa corporación.

En el caso del departamento del Valle, las aspiraciones cuya inscripción fue denegada por la autoridad electoral son las de José Ómar Murillo Ángulo, que iba en representación del Partido Alianza Social Independiente, ASI, a la Cámara de Representantes, al igual que Henry Aristizábal Lasso, del Partido Somos.

Según el magistrado del CNE, Armando Novoa, el alto número de aspiraciones revocadas para la Cámara de Representantes se debe a “la manera como algunas comunidades afrodescendientes inscribieron candidatos, no en representación de consejos comunitarios, sino de asociaciones de base, lo que a juicio de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado constituye una carencia de competencia de esos organismos para otorgar avales a esos candidatos”.

Explicó que la Corte dice que esos avales solo pueden ser otorgados por partidos “que nacieron en las circunscripciones afrodescendientes o por consejos comunitarios con arraigo en los territorios de presencia predominante de las comunidades afros”.

El magistrado del CNE no dio el número exacto de las comunidades afro revocadas que tendrían asiento en el Valle del Cauca, pero sostuvo que dentro de ellas “sí hay varias que tienen domicilio en la región”.

A su vez, Yeferson Asprilla, consultor político, ratificó lo dicho por Novoa y explicó que las 17 listas “no estaban avaladas por consejos comunitarios afros debidamente inscritos ante la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior”. Sin embargo, contrario a lo dicho por Novoa, descartó que alguna de las listas revocadas sea del Valle.

De otro lado, Novoa reiteró que, de cara al proceso electoral del 11 de marzo, al Centro Nacional Electoral le preocupa la calidad del software de los escrutinios y el control sobre la financiación de las campañas políticas.

“Una tercera preocupación, relacionada con la anterior, es la proliferación de propaganda electoral en espacios públicos, lo cual tiene unas consecuencias económicas y también de violación a las normas de preservación del espacio público, asunto de competencia de las administraciones locales”, agregó el magistrado.

También indicó que la propaganda electoral masiva y desordenada implica “la aplicación de recursos que muchas veces no se declaran en las campañas y que constituyen una violación al principio democrático”.

En su opinión, tampoco se puede desconocer “la situación de violencia e intolerancia que hay en el lenguaje del proselitismo electoral. Eso puede traer unas consecuencias muy perturbadoras para la democracia y el fundamental derecho de todo candidato es su derecho a la vida”.

Añadió que “el CNE censura que haya actitudes y conductas que pueden poner en peligro la seguridad de los candidatos, independiente de su ideología o partido” y que es tarea de las autoridades competentes evitar que las elecciones se vean afectadas por un clima de violencia política.

¿Y los votos?

Algunas personas sostienen que si alguno de los candidatos revocados una vez hecho el tarjetón electoral obtiene votos el día de las elecciones, estos deben sumarse al partido al cual representaba. Sin embargo, el magistrado Novoa aseguró que “eso no lo dice la ley en ninguna parte”.

Novoa también admitió que al CNE le corresponde examinar en detalle las consecuencias jurídicas que trae para una agrupación política situaciones de esa naturaleza”.

Lo claro es que, según la Ley 1864 del 2017, si un partido inscribe un candidato inhabilitado por reportes de la Procuraduría con condenas penales ejecutoriadas no relacionadas con delitos culposos o delitos políticos, puede constituir una tentativa del delito de inscribir candidatos inhabilitados.

En ese caso, el CNE debe abrir investigaciones contra los partidos para imponer sanciones de carácter pecuniario por esa irregularidad.

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