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“Siempre pagamos lo que nos ordenaron los jueces”, Mendoza

El País habló con Gerardo Mendoza, ex funcionario señalado por el presunto fraude pensional en el Valle.

13 de septiembre de 2011 Por: Unidad Investigativa

El País habló con Gerardo Mendoza, ex funcionario señalado por el presunto fraude pensional en el Valle.

Hace quince días El País divulgó apartes de una investigación realizada por Elizabeth Padilla, secretaria de Desarrollo Institucional del Valle, en los que revela pruebas de un “presunto fraude con las pensiones en el Departamento por más de $11.100 millones, en el que habría participado un grupo de funcionario, abogados y jueces”.Padilla puso en conocimiento de las autoridades sus hallazgos y, aunque en sus denuncias no menciona nombres, le contó a este diario que entre las personas que podrían ser investigadas estarían los tres secretarios anteriores a ella, Hemel Hurtado, actual congresista, Marielena Hinestroza y Martha Lucía Echeverry, así como el ex subsecretario de Recursos Humanos, Gerardo Mendoza.A este último lo señaló de “cambiar la fórmula con que se venían liquidando los reajustes pensionales” desde la administración de Angelino Garzón, de la cual ella hizo parte también como secretaria de Desarrollo Institucional. Dicho reajuste es un mandato establecido en el artículo 116 de la Ley 6 de 1992 y su Decreto Reglamentario 2108 del mismo año. La medida busca compensar las diferencias entre el incremento que tuvieron las mesadas pensionales desde 1988 para atrás y el aumento del salario mínimo, razón por la que el ingreso de los pensionados perdió valor adquisitivo.El País dialogó con Mendoza para conocer su versión de los hechos y esto fue lo que dijo. ¿Qué cargo desempeñó en la Gobernación y cuales eran sus responsabilidades en relación con este asunto?Ingresé al departamento en enero de 2008 en el cargo de Subsecretario de Recursos Humanos. Me encargaba de revisar la legalidad y dar el visto bueno de los pagos del reajuste pensional, los cuales eran ordenados por mi jefe que era el Secretario de Desarrollo Institucional.¿Cuál fue su participación en la fórmula para el reajuste pensional del Valle?Un día me llegó un derecho de petición en el que nos reclamaban porque al liquidar y pagar el reajuste no estábamos teniendo en cuenta el incremento del Índice de Precios al Consumidor. Entonces revisamos el tema junto a los liquidadores y descubrimos que las normas del reajuste estaban siendo mal aplicadas por el departamento, bajo la premisa de que “el que paga mal, paga dos veces” y para evitar un daño a futuro, tracé una directriz que solucionaba esto.Pero quiero dejar en claro que jamás hubo un cambio de formula, porque es que no existe una fórmula. La manera en que se debe pagar el reajuste pensional la tomamos de la misma Ley que lo ordena, en este caso del Decreto 2108, que reglamenta la Ley 6 de 1992. Lo que hice como Subsecretario de Recursos Humanos del Valle fue preservar la institucionalidad y conminar a que se diera cabal cumplimiento a las normas que rigen el reajuste.¿Esto quiere decir que el reajuste pensional estaba siendo mal liquidado?Claro, y por eso fue que escribí la directriz, que fue el resultado de una discusión con la contadora de la época Marta Poveda sobre la manera como se venía aplicando el pago del reajuste de acuerdo con el Acta del 10 de octubre de 2007, esa sí liderada por Elizabeth Padilla, quien me acusa falsamente.Ese papel no sólo iba en perjuicio de los jubilados, sino que desconocía los alcances del artículo segundo del Decreto 2108, el cual dice que para que las pensiones no pierdan su poder adquisitivo no sólo se deben ajustar con un porcentaje que establece la Ley, sino que ese reajuste es compatible con el incremento anual según el Índice de Precios al Consumidor, que era lo que no se estaba teniendo en cuenta en el Valle. ¿Por qué cree que lo acusan de ser el ‘cerebro’ de un presunto fraude al Valle?No sé que haya detrás de todo esto. La directriz que tracé esta fechada en octubre de 2008, un año después de la que emitió la señora Padilla, y la verdad es que si existe riesgo de acciones contra el Departamento es por lo que ella ordenó. Es que desconocer el reajuste en los términos que lo ha hecho el departamento puede ser un fraude, pero en contra de los jubilados del Valle y a eso no le jugué cuando fui funcionario público, habida cuenta de que cuando me posesioné jure defender la Constitución y la Ley.¿En qué basó las decisiones que tomó para pagar?Todo el tiempo trabajábamos presionados por los fallos de la justicia. Nos llegaban los fallos, que a veces incluían la prescripción de las obligaciones o a veces no, y nosotros les dábamos trámite pero nunca pagamos nada que no ordenaran los jueces. No podíamos cambiar el contenido de las sentencias, pues eso sería incurrir en fraude a resolución judicial. El Valle tuvo un cúmulo de 600 sentencias y posteriormente esas se convirtieron en tutelas, cuyo desacato nos amenazaba con llevarnos a la cárcel.¿Piensa tomar acciones legales?Voy a consultar con mi abogado, pero lo más importante es sacar en limpio mi imagen, mi honra y mi dignidad.

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