SIC abre pliego de cargos a dos empresas de ingeniería por presunta cartelización

Las empresas habrían caído en prácticas de cartelización para acceder a una licitación del Ministerio de Cultura.

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, abrió una investigación contra dos empresas de ingeniería que habrían incurrido en presunta cartelización ante una licitación pública del Ministerio de Cultura.

La licitación fue abierta para el reforzamiento y reparación de las Casas de la Cultura de Dagua, Valle, y Puerto Triunfo, Antioquia.

Según un comunicado de la SIC, las empresas Proyectar Ingeniería S.A.S y Desarrollamos Ingeniería Ltda., presuntamente, "elaboraron y diseñaron de manera conjunta, las propuestas que presentaron en el proceso de selección MC-LP-031-2013 adelantado por el Ministerio de Cultura", en la licitación por más de $1.100 millones.

La investigación también involucra a tres personas.

El proceso de licitación logró la concurrencia de 8 oferentes y condujo a la adjudicación de la licitación a Proyectar Ingeniería, ahora investigada por la SIC, tras una denuncia presentada por Mincultura en febrero del 2014.

Según el pliego de cargos y las pruebas recaudadas por la Superintendencia, las propuestas de ambas empresas presentaban  los mismos formatos y documentos;  solicitudes conjuntas y simultáneas de certificados de responsabilidad fiscal, antecedentes judiciales y disciplinarios; compartían espacio físico, trabajadores y equipos de cómputo; y  diferencias en precios que se repiten en magnitud y frecuencia en algunos de los grupos de los ítems exigidos en la licitación.

"Para la Superintendencia, las conductas de las investigadas estarían encaminadas a falsear la libre competencia económica en el referido proceso de selección contractual y a coludirse en el mismo con el fin de obtener la adjudicación del contrato, como en efecto se habría logrado", dice la entidad.

En el caso de que la SIC encuentre que hubo una violación a las normas de libre competencia, se podrían imponer multas de hasta cien mil salarios mínimos mensuales a las personas jurídicas, y a las personas naturales sanciones de hasta dos mil salarios mínimos mensuales.