Según balance de Mintrabajo, TLC con EE. UU. ha fortalecido el empleo formal

Este domingo, el Ministerio entregó un documento en el que se evalúan las acciones que dan cumplimiento a los derechos laborales de los trabajadores.

Aunque la tercerización y la intermediación per se, no están prohibidas en la legislación laboral colombiana, las cooperativas de trabajo asociado han disminuido de 4307 cooperativas de trabajo asociado en 2010 a 2857 en 2012.Este es uno de los logros mostrados por el Ministerio del Trabajo en su balance de acciones para dar cumplimiento a los derechos laborales de los trabajadores colombianos, tal como quedó establecido en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, firmado el 7 de abril de 2011. Allí se incluyó el Plan de acción de Colombia y Estados Unidos para los derechos laborales, que contempla 37 acciones para “proteger los derechos laborales internacionalmente reconocidos, prevenir la violencia contra sindicalistas, y castigar a los autores de estos actos violentos”.Respecto a la intermediación laboral ilegal, entre 2011-2013 se han impuesto sanciones por un total de $157.913 millones. En 2013 las sanciones fueron de $65.078 millones por intermediación ilegal. Las multas por sector fueron: floricultor: $17.685.000; palmero $5.305.500.000, portuario $355.914.000 y otros $59.398.060.500.Frente a las Cooperativas de Trabajo Asociado el Ministerio advierte que adelanta un proyecto normativo con un alcance más específico “que cubra taxativamente a todas las figuras que con sus actuaciones vulneren los derechos de los trabajadores y hagan intermediación ilegal”.Según la cartera laboral, ha iniciado 394 investigaciones administrativas por actos atentatorios contra el derecho de asociación, ha impuesto 68 sanciones y ha trasladado a la Fiscalía General 233 actuaciones administrativas.El balance dice que mediante los programas ‘Formalización a la Medida’ entre 2012 y 2013 un total de 12.051 trabajadores fueran formalizados en empresas de transporte, salud, aseo y entretenimiento, entre otros sectores, pero se ha extendido a otros como agrícola y construcción en todos los departamentos de Colombia.“Gracias a la política de formalización laboral se han logrado los siguientes resultados: 530.000 empleos formalizados en el presente Gobierno; Red de 30 formadores en formalización laboral; capacitación a 1.000 personas a través de talleres y compromiso de crear 10.000 empleos públicos para sustituir CPS y, paso de 8.000 trabajadoras domésticas afiliadas a Cajas de Compensación Familiar a 30.000”, señala el balance.Y concluye que en cuanto al programa de protección a sindicalistas, para 2011 el presupuesto fue de US$22 millones, en 2013 de US$45 millones, protegiendo a 671 líderes sindicales.El Ministerio de Trabajo El documento dice que la creación del Ministerio de Trabajo permitió ampliar la planta de inspectores que hoy llegan a 904 cargos distribuidos en 35 Direcciones Territoriales, y hasta el año pasado se habían alcanzado 90.587 conciliaciones laborales.Así mismo, que el Centro de Orientación y Atención Laboral a través de la línea 120 ha permitido atender a 943.681 ciudadanos, y que en 2011 y 2013 se logró la concertación del aumento en el salario mínimo, el cual para 2014 fue de 4.5% a pesar de que la inflación fue de 1,94 “siendo el mayor aumento en los 20 años que lleva la Comisión de Concertación”.El Ministerio también informa que por primera vez en la historia se logró una negociación colectiva en el sector público con las tres centrales del país CUT, CTC y CGT.Así mismo, se implementaron nuevas formas de diálogo social con diferentes sectores y las organizaciones sindicales, y se pusieron en marcha distintas campañas de comunicación enfocada en temas como trabajo infantil, reivindicación a víctimas del sindicalismo, servicio de empleo, riesgos laborales, equidad laboral de género, entre otras.“Nuestro compromiso ha sido el fortalecimiento del movimiento sindical, las organizaciones sindicales luchan por la defensa y reivindicación de los derechos de la clase trabajadora, procurando la construcción de una sociedad que garantice el trabajo decente, el pago de salarios justos y participando en la solución de problemas del mundo del trabajo, por ello no ahorramos esfuerzos en la protección del derecho de asociación y cumplimos nuestro compromiso establecido en el II punto del plan que preveía la reforma al Código Penal”, señala el documento.