No queremos una minería en Colombia a cualquier costo: María Constanza García

María Constanza García, presidenta de la Agencia Nacional de Minería, dice que las nuevas explotaciones deben acatar la ley. Pero afirma que se revisarán algunas normas para no frenar esa 'locomotora' de la economía.

En Colombia la llamada 'locomotora' minera está impulsando la economía. Pero detrás de la misma existen no solo explotaciones legales, sino un auge de la minería ilegal de oro y otros minerales. El Gobierno dispuso una especie de 'blindaje' a más regiones del territorio nacional para que no sean explotadas, pero algunas de esas medidas han causado el rechazo de los inversionistas y las empresas. Frente a ese nuevo panorama, la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, María Constanza García, afirma que la idea es poner reglas de juego claras, pero sin afectar la inversión, aunque si redoblando los controles.¿Qué explica la congestión de peticiones en el radicador web de la Agencia para obtener permisos de explotación minera, y sí hay zonas para tanta gente y/o empresas?La ventanilla de radicación se cerró hace más de dos años como una medida preventiva que le ha permitido al Gobierno Nacional poner la casa en orden y asegurar una evaluación rigurosa de las más de 19.000 propuestas que se encontraban represadas y que era nuestro objetivo resolver antes de hacer la apertura del Radicador Web esta semana. Se vendieron más de 3500 pines que es el primer paso para acceder al sistema y se han radicado más de 2300 solicitudes. La solicitud no implica la aprobación del título, pues luego de ello se hace un proceso de validación, para que cada interesado cumpla con la documentación exigida. ¿Qué tan riguroso y confiable será el proceso de depuración de esas solicitudes, pues siempre están a la sombra grupos al margen de la ley?El Gobierno Nacional expidió recientemente un paquete de normas que en su conjunto buscan ser más rigurosos en los requisitos de las solicitudes como por ejemplo el estimativo de la inversión económica que mediante el Decreto 1300 de 2013, establece cuáles son los tipos de soporte que se deben presentar para realizar los análisis financieros que permitan determinar la capacidad económica del proponente para el desarrollo de la inversión propuesta tanto para persona natural como jurídica. A propósito, ¿qué número de hectáreas y zonas serán ‘blindadas’ de futuras explotaciones mineras?Cinco millones de hectáreas han sido otorgadas para títulos mineros en el país, de ellas uno o dos millones se encuentran en etapa de explotación. Si miramos las áreas excluibles de la minería son 15 millones de hectáreas (Parques Naturales Nacionales y Regionales, Reserva Forestal Protectora, Zona Humedal Ramsar, Zona de Páramo), más aproximadamente 51 millones de hectáreas protegidas con Ley 2a de 1959 (Reserva Forestal) y con la Resolución 0705 del 2013 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tenemos cerca de 21 millones de hectáreas adicionales protegidas de manera temporal. Esas 21 millones de hectáreas de reservas temporales, podrían ser objeto de futuras explotaciones, o no...Así debería ser. La idea del decreto y la reglamentación conjunta que hicieron los sectores minero y ambiental, busca precisamente que mientras finalizan los estudios económicos y ecológicos, se pueda determinar el potencial de esas zonas protegidas. Lo que estamos es fijando reglas claras para determinar dónde se puede hacer minería o no.¿En otras palabras no habrá una apertura minera a ultranza?Sí. Las señales que ha dado el presidente Santos desde el principio son las de poner orden y establecer reglas claras de juego. No es minería a cualquier costo ni en cualquier parte, sino minería en áreas permitidas. Hoy las áreas de explotación de minerales son menos del 1 % del país, y lo que se proyecta es permitir esa actividad en zonas que no estén en conflicto con el medio ambiente, la agricultura y las comunidades.¿Por qué entonces gremios como la Cámara de la Minería de la Andi han hecho reparos a las nuevas disposiciones, pues dicen, que frenarán la llamada locomotora minera? Detrás de cada título minero hay un efecto multiplicador, ya que las autorizaciones temporales son para hacer vías. El 42 % de los títulos que están en explotación pertenecen a materiales de construcción, por lo que estamos impactando la vivienda, la infraestructura vial y de transporte, la construcción de escuelas y hospitales, y existiría el riesgo de importar ese tipo de insumos.Las implicaciones son muy grandes cuando hay restricciones, cosa que estamos evaluando junto a los Ministerios de Minas y de Medio Ambiente y los gremios, para saber cuál es el alcance de la Resolución 0705 del 2013 y si se está yendo más allá de lo que definía el Decreto 1374, y a qué realidad se enfrentaría el país, pues no solo es la minería, sino todas las locomotoras y otros sectores que se estarían afectando.¿Se van a revisar esas disposiciones?Tenemos que revisarlas y de hecho estamos adelantando un análisis para presentarlo al Presidente de la República. Considero que la discusión debería ser a nivel de Consejo de Ministros, ya que las implicaciones son muy grandes para el Ministerio de Hacienda por el tema de impuestos y regalías. La minería participa hoy en el 2,4 % del Producto Interno Bruto, PIB, más todo el efecto multiplicador. Es decir, que por cada peso invertido en el sector se generan por servicios anexos y otras actividades 2,4 pesos más para la economía. El impacto es gigantesco y no se ha visto la magnitud que debe tener. Es un problema de Estado que debe entrar a revisarse con esa óptica.¿Qué explica el auge de la minería ilegal en Colombia, por ejemplo, en zonas como Zaragoza en la vía Cali-Buenaventura, entre otras regiones?La minería en Colombia se desarrolló durante muchos años en Colombia de una manera ordenada, tanto que nuestros indígenas, que eran grandes orfebres, vivían en paz con la naturaleza. La ilegalidad no ha estado allí por siempre. Una minería bien hecha y de manera sostenible no genera violencia. Si uno mira los esquemas de la historia de violencia en Colombia los mismos no han estado asociados a la minería sino en los últimos tiempos. Es decir, que no hay correlación —y hay estudios que así lo demuestran— entre la minería y la violencia. Es un fenómeno reciente y complejo, ya que a diferencia del narcotráfico que procesa cocaína, que es ilegal, en la extracción ilegal de minerales se obtiene oro que es un material legal, cuyo precio se volvió muy atractivo. Por eso la dinámica y mejor competencia –que no soy yo— para combatir ese fenómeno es del Ministerio de la Defensa, la Policía y las autoridades locales.A propósito, ¿cuál es el resultado de esas estrategias?Referente a la extracción ilegal el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa adelanta una estrategia integral en todo el país que, por cierto ha tenido como uno de sus focos la zona del río Dagua, en el departamento del Valle, donde la extracción ilegal causa graves impactos al medio ambiente e intimidación a los pobladores de dicha zona afectando la infraestructura de transporte. ¿Por qué no reformar ya el Código Penal para atacar la minería ilegal y a sus promotores?No soy tan amiga de que reformemos la ley. Pienso que debemos ejecutar son acciones concretas –y lo digo tras venir de un sector como el de la infraestructura— que no debe destruirse la maquinaria decomisada a los ilegales, ya que nos podría ser muy útil en la construcción y reparación de vías, y el mantenimiento de carreteras terciarias. Los alcaldes con esos equipos podrían hacer mucho en ese sentido. Así pasó cuando en una operación hecha por el general Naranjo se capturaron siete dragas que eran perfectas para atender la ola invernal. El Ministerio de Defensa decidió destruir esos equipos, una medida extrema a la que se ha visto infortunadamente abocada la fuerza pública para ponerle freno a esa realidad.¿Por qué pese a esas medidas, de las 14.000 unidades de minería en explotación hoy en Colombia, 9.041 siguen siendo ilegales, artesanales y sin respeto por el medio ambiente?En el país existen aproximadamente 9700 títulos mineros, los cuales estamos fiscalizando en su totalidad en el marco de una nueva estrategia integral que en su tercer corte refleja más de 5000 títulos con visita de campo. Es la primera vez que en el país se revisarán todos los títulos mineros con frecuencia entre dos y cuatro veces al año. En estas visitas revisamos aspectos jurídicos, económicos, ambientales y de seguridad, entre otros. Paralelo a este proceso y para formalizar el ejercicio de la explotación sin título minero y la ausencia de estándares técnicos adecuados, existe el programa de Formalización Minera liderado por el Ministerio de Minas.