La Andi resalta desarrollo del sector azucarero

El gremio dice que ha sido clave para el desarrollo de la agroindustria en el país. Hace un llamado para que las investigaciones respeten el debido proceso.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, resaltó la importancia que el sector azucarero ha tenido para el desarrollo de la agroindustria en Colombia y especialmente en el Valle del Cauca, al tiempo que expresó su respeto por las investigaciones que la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, está llevando a cabo, entre ellas, la del sector azucarero.

“La agremiación, sin embargo, hace un llamado muy especial para que las investigaciones se lleven a cabo cuidando todos los aspectos del debido proceso”, señaló a través de un comunicado.

 En el documento, solicita, además, “que no se califique de manera precipitada a las compañías del sector como un cartel, como ha ocurrido en algunos medios de comunicación. No podemos condenar a priori a los investigados, práctica que ha hecho carrera en nuestro país”.

La Andi resalta la importancia que el sector azucarero ha tenido para el desarrollo de la agroindustria en Colombia y especialmente en el Valle del Cauca, departamento en el que ha sido ejemplo de pujanza y responsabilidad.

Asimismo, el gremio de los empresarios  hace un llamado a la objetividad y justicia dentro de todo el proceso, “buscando siempre construir un ambiente de competitividad y de seguridad jurídica para todos los actores de la cadena”, añade el comunicado.

En otro de los apartes del documento, dice que “aspira a que se construya una cadena de valor alrededor del sector agroalimentario que permita que Colombia sea un líder mundial, no solamente en los primeros eslabones de la misma, sino en sus etapas de mayor valor agregado, como es el caso del sector alimentos. El gran reto es ser competitivos a nivel mundial, integrando todos los actores de nuestra economía frente al mundo”.

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“Capítulo aparte merecen las políticas agrarias sectoriales del país, que nada tienen que ver con las investigaciones mencionadas, sobre las cuales proponemos adelantar un debate constructivo que tenga en cuenta la competitividad, el desarrollo económico regional y potenciales de nuestras industrias y de la agroindustria”, concluye el comunicado.

La posición de Asocaña“Las aseveraciones del Superintendente Delegado para la Competencia, contenidas en el informe que conocimos por la divulgación que hicieron algunos medios de comunicación, son falsas de toda falsedad, como ha sido demostrado con las pruebas que hemos aportado a lo largo de esta actuación administrativa ante la Superintendencia de Industria y Comercio”, dice un comunicado de Asocaña.  Agrega que “pruebas que deliberadamente el funcionario mencionado ni siquiera dice, analiza, ni mucho menos considera en ese informe que es un acto de trámite que no concluye la investigación en curso”. “Esperamos que la etapa de la investigación que sigue, que corresponde al señor Superintendente de Industria y Comercio, destacado profesional que en su importante trayectoria ha actuado en derecho, y luego del concepto que rendirá su Consejo Asesor, tenga en cuenta y considere las pruebas mencionadas, porque son claras y contundentes”, añade. Por ello manifestamos de manera categórica, que las afirmaciones de algunos medios de comunicación, según las cuales la Superintendencia encontró probada la existencia de un cartel anticompetitivo, no corresponden a la realidad, pues solamente compete al Superintendente de Industria y Comercio,  determinar si se encuentra demostrada o no la existencia de una conducta a nticompetitiva. Asocaña adelantará todas las acciones legales que sean necesarias para impedir que se continúe lesionando el derecho de defensa, y para hacer vale el derecho fundamental a la honra y al buen nombre de la  Institución y de las Personas Naturales. “Mientras tanto estamos solicitando a la Procuraduría General de la Nación que nos acompañe hasta el final de este Proceso Administrativo, que desarrolla la Superintendencia de Industria y Comercio, a fin de garantizar la consideración y valoración del material probatorio, y el consecuente debido proceso que en un Estado Social de Derecho como el nuestro debe existir”, indicó.