Hasta nueve años de cárcel pagarían responsables del caso Interbolsa

La Fiscalía vinculará a 16 personas formalmente al proceso que se adelanta por las irregularidades que se presentaron en Interbolsa, entre ellos a Rodrigo Jaramillo Correa, presidente de la comisionista y al italiano Alessandro Corridori.

Casi siete meses después de que estallara el mayor escándalo financiero del país, con el descalabro del grupo financiero Interbolsa, todo está listo para que el próximo 24 de junio se les imputen cargos a los 16 involucrados con la caída. Y aunque en el mercado de valores exigen penas ejemplarizantes, todo parece indicar que máximo, los directivos del grupo estarían en la cárcel por 9 años. Los cargos imputados son manipulación de acciones, administración desleal, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados y concierto para delinquir, todos estos están contemplados en el Código Penal. Las sanciones por estos delitos contemplan la privación de la libertad y pagos monetarios. Según el Código Penal para los delitos de operaciones no autorizadas y manipulación de acciones, la pena sería de prisión de entre 32 y 108 meses y multa hasta de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El delito de administración desleal da prisión de entre 48 y 96 meses, y el de concierto para delinquir, entre 48 y 108 meses. En casos como este, el Juez suele condenar por el delito que otorga la pena más alta. Lo que pasó y lo que viene El profesor de derecho penal del Politécnico Grancolombiano, Fernando Aza, explica de qué se trata el anuncio de la Fiscalía y el proceso que viene a partir de ahora. “La imputación de cargos es un simple acto de comunicación para decirle a las personas que se le investigó por esos cargos que se le van a imputar”, dice Aza. A partir de ahí, la Fiscalía tiene entre 90 y 120 días, dependiendo de la cantidad de imputados, para emitir la resolución de acusación, la cual se hace a través de una audiencia de imputación que se hace ante un juez de control de garantías. El tiempo que tarde el juez en emitir esta resolución dependerá del número de personas que se presenten. Aza explica que, si son más de tres los asistentes el próximo 24 de junio, el plazo se extiende a 120 días; sino serían 90. Luego de hacer la resolución, de manera paralela se puede solicitar una medida de aseguramiento, “lo más probable es que cuando se realiza la imputación en una audiencia se puede solicitar medida de aseguramiento, que es de dos clases: las privativas de la libertad y la no privativas”, concluye el Profesor. De esta manera, se presentarán los resultados de la investigación que se ha venido adelantando hace seis meses y a partir de ahí empezar a encontrar culpables en el caso Interbolsa. De qué se tratan los delitos Si bien el pasado 15 de noviembre el Fiscal Eduardo Montealegre anunció la apertura de la investigación por cuatro delitos: incumplir el deber de asesoría, conflicto de interés, manipulación accionaria y el haber intentado comprar una empresa emisora sin realizar la OPA correspondiente, de estos solo dos son los que se imputarán. En cuanto al delito de operaciones no autorizadas, según el Código Penal, trata de la “acción que el director, administrador, representante legal (...), que otorgue créditos o efectúe descuentos en forma directa o por interpuesta persona, a los accionistas o asociados de la propia entidad, por encima de las autorizaciones legales”. En este caso se relaciona con los créditos de la Clínica La Candelaria, donde se habla de una triangulación de dinero. Sobre la manipulación de acciones, que ha sido uno de los temas más debatidos, por los indicios que presentaron tanto el Autorregulador del Mercado de Valores como la Superintendencia Financiera, el Código afirma que es delito realizar transacciones, con la intención de producir una apariencia de mayor liquidez respecto de determinada acción, valor o instrumento inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores o efectuar maniobras fraudulentas con la intención de alterar la cotización de los mismos. En este caso se trata de la acción de la textilera Fabricato que pasó de $30 a $90 en un plazo de año y medio. En el caso de la administración desleal, consiste en el abuso de las funciones propias del cargo que se concreta en la disposición fraudulenta de los bienes de la sociedad y en contraer obligaciones a cargo de ésta, en beneficio propio o de terceros. Finalmente está el concierto para delinquir, que según el Código es “cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por ese solo hecho, con prisión de tres a seis años”. Para el abogado penalista, Jaime Granados, “las acciones de la Supersociedades y de la Fiscalía son bien recibidas toda vez que buscan los responsables de la caída de Interbolsa”. Las personas llamadas a la audiencia de Interbolsa, son: Rodrigo Jaramillo, Juan Camilo Arango Medina, Álvaro de Jesús Tirado Quintero, Javier Tomás Villadiego Cortina, Juan Felipe Duarte Ruiz, Jorge Mauricio Infante, Claudia Jaramillo Palacios y María Eugenia Jaramillo Palacios. Además de, Carlos Arturo Neira Llache, representante legal de P&P Investment; Edwar Jhonatan Martínez, ordenante de esta empresa; los hermanos Eduardo Adolfo y Luz Andrea Colmenares Pedreros, representantes de la clínica La Candelaria; Emilio Martín Uribe, representante de Manantial SPV; y Olbany y Jhon Alexander Muñoz Delgado, de la firma Giteco. Será entonces el 24 de junio cuando esta historia tome un nuevo rumbo. Rodrigo Jaramillo Sin duda sobre la cabeza del Grupo Interbolsa y creador de la comisionista recaen las principales investigaciones. Rodrigo Jaramillo quien creó la compañía hace más de 20 años es uno de los imputados y sobre quien pesan demandas penales de abogados por distintos delitos. Jaramillo fue destituido de la presidencia de Interbolsa y en varias ocasiones ha dicho que responderá ante la justicia. Ayer se conoció que busca firmar un preacuerdo con la Fiscalía para dar información sobre el fondo Premium. Álvaro Tirado Este joven empresario era el presidente de la comisionista de bolsa cuando estalló el escándalo. Los cuestionamientos sobre su labor radican en que nunca dio a conocer la verdadera situación sobre cómo se estaban haciendo los negocios de la firma de bolsa. Así, se le ha pedido que responda por el incumplimiento del crédito intradía dado por el Bbva y por el cual se tomó la decisión de intervención. Asimismo, según los abogados se dice que ocultó información a los accionistas y socios. Mauricio Infante Sobre el presidente de la Sociedad Administradora de Inversión del Grupo Interbolsa, no solo recae el hecho de haber administrado inversiones donde no se dio la información completa a los clientes, sino que está la investigación sobre el préstamo a la Clínica La Candelaria por $78.000 millones, “pues según lo establecido habría ocurrido una operación no autorizada de triangulación, cuando la clínica realizó un contrato de descuento de flujos futuros con la SAI”, dice la Fiscalía.Alessandro Corridori El empresario italiano Alessandro Corridori, se convirtió en el principal accionistas de la compañía de textiles Fabricato haciendo un negocio redondo al comprar títulos a $26 y luego tenerlos en $90. La investigación radica en que si hubo una manipulación de precios de la acción, este sería el principal beneficiario pues a través de sus empresas se realizaban las operaciones que hacían que la acción se mantuviera en el nivel de liquidez para realizar los repos que llevaron a la quiebra.