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"Franja de precios ha favorecido a los consumidores": Presidente de Procaña

Carlos H. Molina, presidente de Procaña, dice que rebajar arancel a importaciones de azúcar fomentaría derretideros y la panela ilegal.

7 de septiembre de 2015 Por: Alfredo García Sierra | Reportero de El País

Carlos H. Molina, presidente de Procaña, dice que rebajar arancel a importaciones de azúcar fomentaría derretideros y la panela ilegal.

A pesar de que un acuerdo con el Gobierno  permitiría moderar la rebaja del arancel (impuesto) al azúcar importada hacia un nivel del 70%, y no al 40%,  los cultivadores de caña, consideran que los riesgos para el sector siguen siendo muy altos.  

Según el presidente de Procaña, Carlos Hernando Molina, cualquiera que sea el desmonte  de esa protección arancelaria, ello implicaría la desaparición de unas 70.000 hectáreas de este  cultivo en el área geográfica del río Cauca.

¿El acuerdo logrado con el Gobierno para moderar el arancel al azúcar importada del 117% al 70% y no al 40%, llenó las expectativas?

Fue un avance a pesar de todo y frente a la postura del Ministerio de Comercio. Hubiera sido peor, pero sus efectos se sentirán en el sector azucarero y cañicultor del Valle del Cauca. Fue de alguna manera una buena noticia frente a lo que pudo haber sido una rebaja de aranceles al 40%, la cual habría arruinado a decenas de cañicultores, paneleros y productores de azúcar. Es importante continuar en los esfuerzos para mantener la protección a la agroindustria, aunque por fortuna el alza del dólar nos ha ayudado. Lo importante aquí son las muestras de solidaridad y apoyo a los azucareros y cañicultores, lo cual nos debe servir para fortalecer el compromiso de unirnos más en el Valle.

¿Qué viene  ahora para la agroindustria azucarera?

Calculamos que los ingresos del sector caerían en al menos $500.000 millones si el arancel al azúcar importada se hubiera bajado al 40%. Es decir, una reducción de $2 millones por hectárea de siembras. Eso significa que más del 60% de los productores de caña van a quedar en déficit y el resto en unas condiciones en las cuales la rentabilidad del negocio estará bastante deprimida. 

Todo ello llevaría necesariamente a un abandono y a una disminución en las prácticas culturales del cultivo de la caña, lo cual se convertirá en un serio problema social y económico para la región. Eso referido al tema agrondustrial y sus 230.000 hectáreas de siembras para azúcar y etanol. 

¿Qué tan desprotegido estaría el sector, ya sea con un arancel del 70% o del 40%?

En ese momento se está presentando un periodo coyuntural donde existe un precio internacional del azúcar de 10 centavos de dólar por libra que equivale  el 50% respecto a las cotizaciones que había hace tres o cuatro años.  

Si uno toma un periodo de dos o tres años consecutivos sin la protección del Sistema Andino de Franja de Precios el sector agroindustrial tendría que enfrentar un ingreso masivo de azúcar importada que llevaría a una sustitución del consumo de panela. Y esa azúcar cruda cuando se conecta con el sector panelero fácilmente estimularía la práctica de los derretideros o fabricación de panela ilegal a base de azúcar y no de caña. Es un producto que tiene unas implicaciones muy riesgosas para la salud humana porque se utilizan insumos químicos (como el clarol) para fabricarla.

¿No es contradictorio que el Gobierno rebaje aranceles para favorecer a ciertos industriales en detrimento del empleo en el sector azucarero?

Es una política totalmente contradictoria e inconveniente. Si un productor presenta ingresos por debajo del punto de equilibrio simplemente comienza a perder dinero por hectárea al año. Y lo primero que hace es despedir trabajadores. 

Este no es un negocio para favorecer a unos cuantos ricos como dice la Ministra, cuando la base que es el consumidor —como ella lo dice— tiene hoy en Colombia en las góndolas de los supermercados el azúcar más barata del mundo, con excepción del precio del Brasil. Entonces el Sistema de Franja Andina de Precios, que opera hace 20 años, ha demostrado eficacia en favorecer al consumidor final.

Cuando los precios están altos en el mercado internacional lo que se hace es bajar los aranceles, e incluso ponerlos en cero. Si ese sistema no existiera simplemente esas cotizaciones elevadas en el exterior se trasladarían a los hogares. En eso hay que ser claros al difundirse información que nos está haciendo mucho año. Es falso decir que el ama de casa está subsidiando a los azucareros. Y asi es frente a  la inflación, el azúcar no pesa más del 0,02% en la canasta familiar.

¿Por qué algunos analistas dicen que una protección arancelaria  del 117% al azúcar es muy exagerada en un mundo globalizado?

Muchos dicen que no se necesitan mecanismos de regulación como la Franja Andina de Precios, claro que sí se requieren. Ese techo del 117% hace mucho tiempo no se aplica. Hoy, estamos en un nivel del 93%. Todos los países del mundo cuentan con esos instrumentos de protección para sus productores pensando en seguridad alimentaria y de los empleos. La realidad es que en los últimos cinco años en Colombia esa protección arancelaria (impuestos a las importaciones) no ha sido mayor al 23%, cuando en México o Perú los niveles arancelarios están muy por encima de los nuestros. Es un absurdo desmontar estos aranceles  en un país como Colombia.

Usted habla de una eventual quiebra de muchos cañicultores si el Gobierno aplica esa rebaja de aranceles. ¿Han estimado cuántos serían?

Con base en el borrador de decreto del Ministerio de Comercio y con una rebaja de aranceles al 40% o el 70%, fácilmente podríamos hablar de que entre 60.000 y 70.000 hectáreas de caña quedarían con propietarios que no podrían ejercer su actividad por la falta de recursos para comprar insumos. Si esas hectáreas salen del mercado  y migran a otros cultivos esa opción no es fácil ni barata. Migrar a frutales, por ejemplo, implicaría una inversión que va de $50 millones a $70 millones por hectárea, muy alta comparada con la inversión en caña que es de $6,5 millones-hectárea. Me pregunto: ¿dónde estaría el capital para una transformación rápida y de corto plazo para llevar esas 60.000 hectáreas a otros usos del suelo? Y lo más sensible es dónde estaría el pulmón financiero del Estado para apoyar este tipo de siembras, cuando las inversiones son altas. Pese a ello, no estamos cerrados a una diversificación de cultivos, de hecho ya muchos de los productores de caña tienen otras actividades agrícolas. Una cosa es involucrarse en un proceso que podría tardar 10 años, cuando la rentabilidad no está asegurada.

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