Escolta firmaba cheques en el fraude a la Dian

Figuraba como el representante de una empresa de fachada. La Fiscalía pide a la entidad frenar devoluciones.

José Norvey Garzón no sólo era uno de los escoltas de Blanca Jazmín Becerra Segura. Según la Fiscalía, este hombre figuraba como representante legal de una de las empresas fachada con las que se habría cometido el desfalco a la Dian que fue revelado la semana pasada y que estaría encabezado por la ex funcionaria Becerra Segura.Según trascendió en la audiencia, el guardaespaldas Garzón habría firmado al menos siete cheques —por un poco más de $8.000 millones— que daban cuenta de las operaciones ilegales que supuestamente se estaban cometiendo con una empresa denominada “Continental de Chatarra”. En la diligencia judicial se conoció que Garzón habría recibido al menos $6.000 millones en giros que no pudo explicar.Ante la juez 14 con función de control de garantías, José Norvey Garzón aceptó los cargos por los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito que le imputó el ente acusador por el citado escándalo.Caso contrario sucedió con la mujer que sería la cabecilla de esta organización que logró un millonario descalabro económico ante la Dirección de Impuestos a través de falsas exportaciones. Becerra Segura no se allanó a los delitos de falsedades en documentos privados y públicos, concierto para delinquir, peculado, lavado de activos y exportación ficticia. En la misma audiencia respondió Jazmín Viviana Silva Sánchez quien fue una de las contadoras contratadas por la empresa R&B Consultores. Su función conforme explicó la Fiscalía era firmar los documentos con los que se avalaban la exportaciones ficticias.Silva Sánchez tampoco se allanó a los cargos por peculado, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.Las autoridades, según se informó, poseen suficientes grabaciones y evidencias que confirman plenamente el accionar de la red criminal que cometió el millonario fraude a la Dian, y que se calcula sumaría $1,5 billones.Frenar las devolucionesDe otro lado, se informó que durante la audiencia contra los implicados en el desfalco, el fiscal Pedro Noel Cárdenas pidió a la Dian suspender las devoluciones del IVA a empresas, especialmente a aquellas donde existen indicios de fraude a la entidad.Con esta determinación, anotó, se buscaría evitar un mayor daño al patrimonio del país y en detrimento de los contribuyentes.El investigador aseguró que logró establecer un pago listo por $3.000 millones por parte de la Dian. Consideró que debe detenerse a la espera del avance de las investigaciones.“Tenemos que evitar que el daño se siga presentando”, dijo el fiscal.Los bienes de todos los implicados ya fueron sometidos a extinción de dominio por parte del Gobierno, mientras se buscan otros en el exterior. Los investigadores están indagando por cuentas bancarias en el extranjero donde estarían más dineros del desfalco.Denuncian faltante en decomisosEl presidente de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, Óscar de Jesús Marín, dijo que el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, deberá responder ante la Comisión Legal de Cuentas por la contabilidad de incautaciones y mercancías por un monto de $600.000 millones.Según Marín, “faltan $600.000 millones, de acuerdo con el reporte de este organismo. Esta es la contabilidad con corte a diciembre 31 de 2010. Estamos lanzando esta nueva alerta y tengo que decirle a las autoridades del país: mucho ojo con las mercancías que incauta la Dian”, advirtió el congresista Marín.Reveló que la Dian habilitó una cuenta para poner en evidencia el dinero faltante, correspondiente a mercancías incautadas en distintas zonas del territorio nacional y que no están registradas.Ayer la entidad aceptó que existe un faltante de $586.000 millones y no de $600.000 millones como lo dice la Cámara de Representantes.Según el informe “dicho monto está cubierto por los seguros y corresponde al valor de mercancías incautadas”. Las mercancías aprehendidas a la fecha valen $234.000 millones, la mayoría para ser destruidas