¿En qué van las finanzas del Valle?, responde la Secretaria de Hacienda

¿En qué van las finanzas del Valle?, responde la Secretaria de Hacienda

Mayo 07, 2018 - 11:45 p.m. Por:
Henry Delgado y Alfredo García, reporteros de El País
María Victoria Machado, directora  de Hacienda.

María Victoria Machado, directora de Hacienda.

El País

El Valle debe reducir su deuda para mantenerse en categoría especial, la cual le otorga ventajas en materia de inversión para ejecutar más obras.

Las obligaciones, dice la directora del Departamento de Hacienda, María Victoria Machado, se han reducido desde el 2012 de $569.000 millones a $102.000 millones en el 2017, aunque faltan dineros por pagar por contratos y contingencias judiciales.

Pese a ello señala que su mayor preocupación y reto para el 2018 es frenar el pasivo pensional que suma $4 billones, el cual se ha convertido en una verdadera presión para las finanzas del departamento. Por ese concepto, el Valle debe destinar $220.000 millones anuales, lo cual es una pesada carga para las finanzas públicas.

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¿Cuál es el verdadero estado de las finanzas del Valle a la fecha?

Tenemos un parte muy satisfactorio con el balance del 2017 a pesar del infortunio que tuvimos con el comercializador (Suprema) de la Industria de Licores del Valle que nos representó una baja en los ingresos de $30.000 millones. Eso se vio reflejado en la Feria de Cali. Y por lo tanto se percibe en el Presupuesto para este año en materia de ingresos.

Lo positivo es que hubo mejores resultados en cuanto al recaudo de los tributos por licores nacionales y extranjeros y por el impuesto automotor, lo cual nos ayudó un poco a mitigar la situación de la ILV.

En cifras, ¿cuál es el balance fiscal?

Tuvimos un crecimiento de los ingresos tributarios del 14%. Asimismo, en ingresos corrientes de libre destinación se obtuvieron $509.000 millones frente a un promedio histórico de $300.000 millones.

El presupuesto del 2017 fue de $2,27 billones y la idea es llegar a $2,30 billones para este año, incorporando recursos de crédito que no se alcanzaron a ejecutar.

¿Cuál es el mayor reto en las finanzas públicas para este año?

Tenemos que seguir creciendo en ingresos corrientes, es decir, por concepto de los impuestos automotor, registro, licores y cervezas. Es nuestra fortaleza en ese campo. Pero tenemos un reto mayor y es el de bajar el pasivo pensional. Es atacar el gasto desde el interior.

Ese pasivo, según el Ministerio de Hacienda, es de $4 billones y nuestro objetivo es reducirlo en $500.000 millones. Dejarlo en $3,5 billones.

La meta es depurar ese pasivo y para ello estamos trabajando en las historias laborales, ya que en ingresos corrientes recibimos $500.000 millones y de ese dinero se destinan $220.000 millones al pago de mesadas al año. En ese sentido hay un mal procedimiento.

¿Eso significa que hay pensiones otorgadas de manera irregular?

No digamos que sean irregulares, pero pueden ser pensiones liquidadas de forma inapropiada. Y por ello estamos en esa revisión.

Pero sí hemos encontrado casos cuando se sustituye la pensión. El cónyuge muere y pasa a la esposa, pero hemos descubierto que cuando ella muere la pensión se sigue sustituyendo. Se han detectado varios casos, pero no tenemos un dato exacto de cuántos son.

¿Cuántos jubilados tiene el departamento hoy?

La Gobernación del Valle tiene alrededor de 6000 pensionados. La depuración consiste en revisar una por una la historia laboral de cada persona para saber cuándo ingresó, desde cuándo logró ese derecho y cómo se le está pagando.

También hemos detectado que los auxilios funerarios estaban mal liquidados. Eso significa que se muere un trabajador y nos traen una factura argumentando que el sepelio costó $5 millones, cuando lo normal es que eso tiene un procedimiento hasta determinado número de salarios mínimos. Es una ayuda para la familia, pero hay situaciones irregulares ya que es un desangre para las finanzas del departamento. Hay que cerrar esas venas.

Siendo así, ¿qué meta persigue para depurar ese pasivo pensional?

De 6000 pensionados queremos pasar entre 120 y 150 a Colpensiones. Estamos en ese proceso y ha sido difícil. Colpensiones se ha comprometido con el departamento en la apertura de una oficina, aunque nosotros estamos haciendo las adecuaciones y el alistamiento para que puedan operar. En el marco de la depuración cada caso es particular y hay que respetar lo derechos adquiridos de los pensionados.

¿Hay mesadas astronómicas?

Hay un problema y es que el departamento se había convertido en un ‘pensionadero’. Existen pensiones de $18 millones y $20 millones. No tengo elementos de juicio para decir si se justifican o no, pero esas pensiones pesan mucho en las finanzas del departamento. La idea es revisarlas y es un requisito para poner esos $4 billones anuales en su real dimensión fiscal, pues creemos que esa cifra está sobredimensionada.

Con base en lo que está sucediendo, ¿en cuánto se han reducido las deudas del departamento bajo la Ley 550?

Allí tenemos dos pasivos. La nómina activa, lo institucional y por otro concepto está su real dimensión porque son costos que se actualizan con el IPC cada año.

Los pasivos del acuerdo que están bajo la Ley 550 son gastos de vigencias anteriores que se quedaron sin respaldo presupuestal. Eran deudas con los bancos, la salud, servicios públicos, sanciones moratorias, reajustes pensionales y por contratos de diferente índole.

En el 2012 cuando el departamento entró en cesación de pagos ese pasivo era de $569.000 millones, pero el año pasado se redujo a $102.00 millones. Se adeudaban $145.000 millones a los bancos y todo eso ya se pagó.

Quedan pendientes unos pasivos contigentes que son demandas que están en el Consejo de Estado y sentencias en contra del departamento, entre otras. Dichas contingencias valen $256.000 millones.

Hemos logrado una depuración de alrededor de $120.000 millones por ese concepto. Pero todavía nos queda una cifra considerable.

¿Qué falta para que el departamento salga o se libere de la Ley 550?

El trabajo de la depuración de pasivos es muy complejo porque no se cuenta con los soportes. Aparecen demandas y sentencias, pero necesitamos los originales de las mismas para proceder a pagar. El año pasado se inició un trabajo duro con el departamento jurídico para reconstruir esas piezas procesales, pero es un trabajo dispendioso y largo.

¿Cree que al finalizar este Gobierno se entregarán saneadas las finanzas del Valle?

Sí. Pienso que vamos a dejar el departamento en un 90% con mejores condiciones fiscales. Salir de la Ley 550 implica que haya que pagar hasta la última acreencia, y lo complejo es que hay procesos que están en el Consejo de Estado. Es decir, que eso depende de un tercero. Pero nuestro objetivo es dejar al departamento libre de sus deudas, incluyendo el saldo de $102.000 millones y las contingencias.

¿Qué tanto han afectado las rentas la nueva metodología del Dane para liquidar los ingresos por licores?

Los importadores y los que están por fuera del departamento se quejaron que tenían una doble tributación. Es decir, que pagaban impuestos a los departamentos y a la Nación. Pero con esa reordenación bajo la nueva ley de licores respecto al monopolio de los departamentos (Ley 1816) se modificó la base gravable del impuesto al consumo que era del 20%. Con la ley se incrementó ese pago con un impuesto del 5% y quedó en 25% que debe descontársele al importador.

¿Pero dónde está el perjuicio?

Que ese impuesto será sobre el precio de venta al público, que lo regula el Dane y estableció que es más bajo frente al que se consigue en un almacén. Allí el tributo debe liquidarse con el valor que establece el Dane, por lo que al reducirse la base gravable ello significa un perjuicio para las rentas. Los precios se cayeron este año 42% lo que nos llevó a reclamarle al Dane, pues no se tienen en cuenta los que aplican los mayoristas y los de quienes revenden esos licores al público.

Eso beneficia a un segmento del mercado, los importadores y los comercializadores en detrimento de las rentas. Cundinamarca va a perder $50.000 millones y el Valle del Cauca dejará de percibir unos $25.000 millones al año.

"Hemos detectado pensiones que han sido liquidades de manera inapropiada y por ello vamos a ponernos en la tarea revisar cada uno de esos trámites. En total, en el Valle contamos con 6000 pensionados".

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