El laberinto de las tierras y su restitución en el Valle

Futura ley que promueve el Gobierno tiene un gran desafío en la región. Ya hay bajo protección 167.000 hectáreas y 8.015 predios.

En un pequeño camión junto a 20 parientes y portando solo unas pocas pertenencias, Arturo Caicedo* tuvo que huir en abril de este año de la que fuera la finca de sus padres ubicada a pocos kilómetros del puerto de Buenaventura.“Fue muy doloroso para todos”, recuerda. Pocas horas antes había sido el sepelio de su progenitor, asesinado esa misma semana por fuerzas oscuras. Según él, todo obedeció a ese predio de ocho hectáreas que poseía desde 1984. “El cuento era que nos iban a matar a todos por esa tierra. No lo pensé dos veces y nos fuimos”, relata. En marzo un hermano suyo también fue víctima de la balas. Hoy la finca está en manos de otras personas, en tanto que Arturo y sus familiares pasaron a engrosar la lista de desplazados de todo el país. “Queremos recuperar esa tierra, porque no le debemos nada a nadie”, dice.Se trata de uno de los casos aislados de despojo ilegítimo de tierras que aún suceden en el Valle del Cauca. Lo sucedido a Arturo y su familia es quizás una de las denuncias a investigar por parte de los futuros tribunales agrícolas contemplados en el proyecto de ley de tierras que busca restituir dos millones de hectáreas a campesinos desplazados por la violencia en toda la Nación.La tarea será difícil, ya que las autoridades no poseen registros actualizados, pues usualmente las víctimas no denuncian.Ni siquiera el propio ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, conoce datos recientes de esa problemática en el Valle. “No tenemos un informe de cuánta tierra pertenece a los desplazados. Y sobre todo en el norte del Valle que fue meca del narcotráfico”, manifestó.Ante esta realidad, Jorge Rojas, presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, dice que “hipotéticamente por lo menos el 15% de las 5,5 millones de hectáreas de tierras despojadas en toda Colombia por los violentos estarían en el Valle del Cauca”.Recalca que “por esta razón el Valle podría ser el mejor laboratorio de una futura reforma agraria y una restitución de tierras”.Pero otra visión tiene el gestor de paz del Valle, Frangey Rendón, quien sostiene que ese fenómeno no ha sido de tal gravedad en el departamento como sí lo fue en la Costa Atlántica, los Llanos Orientales, Chocó y el Magdalena Medio.En su concepto, en esta región no hubo estrictamente un enfrentamiento para arrebatar tierras, sino una disputa territorial entre autodefensas y guerrillas hasta el año 2003. Pero reconoce que ese conflicto ocasionó en aquella época un fuerte desplazamiento y abandono de parcelas en las zonas montañosas de Tuluá, Buga, San Pedro y Sevilla. Jamundí, Pradera y Florida fueron otras zonas afectadas, lo mismo que comunidades afrodescendientes de la Costa Pacífica y de las zonas ribereñas de los ríos Naya, Yurumanguí y el Bajo Calima, entre otros.Luego hubo muchos casos aislados donde el despojo de fincas se dio, pero por la disputa de sectores del narcotráfico. “Allí ha habido un fuerte impacto, especialmente en municipios del norte del Valle”, anota Rendón.Rodrigo Guerrero, presidente del programa Vallenpaz coincide con lo dicho por Rendón, al señalar que “por fortuna el fenómeno de despojo de tierras no fue tan fuerte acá, aunque ciertamente pasaron cosas”.Muchos de los desplazados en el Valle han regresado a sus lugares de origen. Es el caso de 1.200 familias del Bajo Calima que retornaron a sus parcelas tras el conflicto guerrilla-paras. Igual ocurrió con algunas comunidades cercanas a la Cordillera Central.Y como una forma de contrarrestar y prevenir el despojo forzado de parcelas y fincas, el Valle tiene ya bajo protección individual y colectiva 8.015 predios que ocupan 167.903 hectáreas en 37 municipios. Dicho censo incluye tierras habitadas, abandonadas, o en riesgo de ser ocupadas ilegalmente.Dicho ‘blindaje’ fue hecho por el Programa de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada de Acción Social de la Presidencia de la República en coordinación con las alcaldías locales.Con esa medida se brinda una mayor seguridad jurídica a esos predios, ya que no podrán ser tomados ni vendidos por terceros, explica María del Pilar Cháves, de la oficina de Gestión de Comunicaciones de Acción Social.Pero todo no ha sido fácil dentro del programa de manejo de tierras en el Valle del Cauca. Recientemente, la oficina regional del Incoder devolvió a la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, 201 predios incautados debido a problemas jurídicos, y que podrían haber servido para adjudicar a campesinos y desplazados.El desafío ahora es levantar un verdadero censo de propiedades despojadas a campesinos en el Valle, con tenencia y titulación o no. De esta manera, los futuros jueces agrícolas podrán conocer a fondo la realidad del problema de tierras para restituir las mismas e impartir así justicia social.* Identidad cambiada por seguridad a petición de la fuenteProyecto banderaVallenpaz diseñó un proyecto para acompañar a 100.000 campesinos con el fin de que adquieran algunas tierras.Rodrigo Guerrero, presidente de la entidad, explicó que el objetivo es que muchos campesinos puedan lograr la titulación de sus predios. ”Hay que hacer un esfuerzo legal para saber si esas tierras son baldías o propiedades imperfectas”, señala.10.000 de los campesinos serían de Valle, Cauca y Nariño.Algunas cifras15 millones de pesos es el valor que Vallenpaz busca que se convierta en subsidio o en crédito para que un campesino pueda adquirir cinco hectáreas.9.250 personas han sido favorecidas por el programa de protección de tierras y patrimonio.