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“El fallo de la SIC es un golpe moral al campo colombiano”: presidente de la SAC

Para Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, lo que le sucede hoy al sector azucarero no es un hecho aislado, sino que hace parte de unas acciones graves que le han venido ocurriendo a la agricultura nacional.

11 de octubre de 2015 Por: Redacción de El País

Para Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, lo que le sucede hoy al sector azucarero no es un hecho aislado, sino que hace parte de unas acciones graves que le han venido ocurriendo a la agricultura nacional.

El sector agropecuario colombiano se declaró muy preocupado por las decisiones que se han venido tomando en el país y que afectan el futuro de las inversiones del sector.  

Según Rafael Mejía, presidente de  la Sociedad de  Agricultores de Colombia, SAC, por un lado, se coloca al sector como prioritario y por otra parte, se toman medidas que van en su detrimento, como la reciente sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, contra las empresas productoras de azúcar, por, supuestamente, bloquear las importaciones del endulzante. 

En entrevista con El País, el directivo gremial aseguró que los empresarios del agro se están yendo para otros países pues en Colombia no se cumplen con los compromisos adquiridos.

Usted tiene muchos años en el sector agrícola y conoce a la industria azucarera ¿cree en ella?

Lógico que creo porque los conozco y apreciamos  la integralidad del sector que está dividido en tres gremios:  Asocaña, Procaña y Fedepanela. Hemos visto como cada uno de ellos y la cadena productiva del azúcar se ha desarrollado, es un sector con mucho dinamismo e innovación que no se quedó produciendo azúcar, sino que pasó a otros productos como el etanol y la cogeneración de energía.

Muchas personas consideran el fallo de la SIC como un golpe que desmoraliza a la industria y al Valle del Cauca, ¿usted qué piensa?

No es un golpe moral para el Suroccidente del país, es un golpe moral para el campo colombiano y para las actividades agropecuarias, nos sentimos acosados por toda una serie de políticas y siente uno que la importancia del campo no es como se dice y nos tratan como para que este empresariado se acabe. 

A los ingenios se les sanciona  por bloquear las importaciones, ¿esto se ha visto en el mercado?

Las importaciones en Colombia son libres, cualquier persona o empresa las puede hacer y el único que regula eso es el Gobierno. Por ejemplo, si la SAC quisiera impedir que se importara algo no podría, porque eso es perfectamente imposible, el que define eso es el Gobierno. Además las cifras muestran que el país sigue importando azúcar.

¿Usted cree que el consumidor de azúcar se ha visto afectado por precios altos?

En el mercado del azúcar Brasil es un formador de precios y Colombia es un tomador de estos, es decir, no tiene influencia para generar cambios. Aún así el  precio de este producto es bastante bajo en el país frente a otros de Latinoamérica. Algunos estudios sobre el tema muestra que acá el kilo vale, en promedio 72 centavos de dólar, mientras que en Perú cuesta US$ 1,08 y en Argentina US$ 1,46.

Lea también: ¿Qué pasa con las importaciones de azúcar en Colombia?

Hay otros estudios que han demostrado también que el azúcar como materia prima para algunas empresas representa solo el 4 % de los costos, entonces por qué estas industrias se quejan, lo que creemos es que estaban acostumbradas a la revaluación y ahora con la devaluación buscan ser  competitivos bajando el precio a las materias primas.  

El fallo de la Superintendencia también dice que hay que reformar el Fondo de Estabilización de Precios del azúcar (Fepa) ¿está de acuerdo?

Nosotros hemos defendido los instrumentos de política comercial como el Fepa y vemos  con gran extrañeza que  la SIC le ordene al Gobierno Nacional revisar un instrumento de política agraria y además que tenga que consultarlo con esa entidad. La ley lo que establece es que sobre esos instrumentos el concepto previo vinculante es el del Ministerio de Agricultura y la ley 1340 del 2009, artículo 7  dice que los conceptos emitidos por las superintendencias no son vinculantes.

¿Qué significa eso?

Que como sector agropecuario estamos supremamente preocupados que el rector de la política agraria colombiana sea la Superintendencia de Industria y Comercio y no el Ministerio de Agricultura.

¿Teme que esto sea el inicio del desmonte de los fondos de estabilización de precios?

Lo que más nos preocupa es que hay una serie de situaciones a nivel país que nos afectan,  nos estuvieron acusando con las cooperativas de trabajo asociado, se hicieron una serie de inversiones para la producción de biocombustible  y no se ha cumplido con lo pactado en el tema de mezclas. Siente uno que los ministros, el de Minas y Energía, tiene animadversión contra esta política de biocombustibles.

Los fondos de estabilización de precios que son 6  y las franjas de precios que cobijan a 13 productos también  han sido atacados, ha habido ataques contra la gremiliadad  y en las actuaciones de la SIC hay acciones discriminatorias y sesgadas contra el sector agrícola y pecuario en su conjunto, no solo contra el  azucarero.

¿Qué sabe sobre el decreto que reduce el arancel al azúcar y que ha sido rechazado por el sector?

Ese decreto lo estuvimos analizando con los gremios y creemos que está detenido por discrepancias en diferentes ministerios y en Presidencia. Eso tampoco le da tranquilidad a al sector y quisiera que Colombia  entienda que no sólo el azúcar tiene fondo de estabilización de precios, también el  aceite de palma,  el cacao, el arroz, el algodón,   entre otros productos. La Ocde en su informe sobre Colombia solicitó tres cosas respecto a estos fondos: que se revise cómo se pueden  mejorar, que se  busque su estabilidad y rentabilidad y se evite  la alteración del mercado doméstico. Ellos no han dicho que se acaben.

¿Con todo esto cuál cree será el futuro del  agro colombiano?

Hay una serie de contradicciones que nosotros sinceramente no terminamos de entender.  El país produce 31,4 millones de toneladas de alimentos e importó 10,3 millones de toneladas, es decir, el 28 % de lo que comemos es importado. Se le pide al sector un esfuerzo y sale  el plan de sustitución de importaciones  que vincula a los gremios, los cuales  se comprometen  con unas metas: 310.000 hectáreas para maíz, 53.000 de soya,  200.000 de palma, 60.000 de cacao, pero tras lanzar este programa, el Gobierno dice que le quitará los aranceles al maíz y que harán masivas importaciones de arroz sin consultar, entonces a qué jugamos.

¿Cómo entender esa contradicción?

Cuando a mí me dicen aumente la oferta y el área sembrada de un producto y luego uno ve este golpe a la industria azucarera, no se sabe qué pensar. Hay un impacto moral muy grave de una  acción no meditada en su dimensión, no solo económica sino social y política. 

¿Qué pasaría si se hacen efectivas esas sanciones ($324.000 millones) contra la industria azucarera?

Donde sean efectivas apague y vámonos, una cosa son las utilidades contables de las empresas  y otras los flujos de caja para pagar esas multas. La industria azucarera le da una  gran estabilidad a todo el Suroccidente del país, son  más de 48 municipios  que dependen de este negocio y si les quitan el azúcar, pues se desaparece el empleo. Hay que entender que esta es  una de las zonas con mayor impacto del conflicto armado.

Estamos hablando de  720.000 colombianos que dependen de los 188.000 empleos que genera el sector azucarero y 350.000 familias paneleras. Entonces es la pena de muerte como hemos acuñado al empleo y a la sostenibilidad. Imagínese si la industria reduce el personal, baja la productividad, se encarecen los costos, se pagan menos impuestos a los municipios,  acabaríamos con un azúcar  más cara.

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