“El Estado debe saber quiénes están tras los contratos”: Supersociedades

El Supersociedades, Luis Guillermo Vélez, dice que se están estudiando empresas de infraestructura para conocer su solvencia. Críticas a ley de empleo son miopes, afirma.

Tres asuntos espinosos enfrenta hoy la Superintendencia de Sociedades en manos de Luis Guillermo Vélez Cabrera: la liquidación de las compañías del Grupo Nule, el salvamento de empresas en problemas y mantener a raya los brotes de nuevas pirámides o captadoras ilegales de dinero. Todos son de interés general por los efectos que podría generar, no sólo en las esferas estatales, sino en el desempeño de la economía. ¿Qué viene dentro de los procesos contra el Grupo Nule, luego de los alegatos en Miami y los nuevos hallazgos sobre presuntos ilícitos cometidos por esos empresarios?Continúa la etapa de liquidación de esas empresas. Se está elaborando una relación de las deudas que hay, a quienes les deben, y cuál es el monto de las mismas a otras firmas de infraestructura. Ese proceso ya se adelantó en cuatro compañías que son MNV, Gas Kpital GR, Bitácora Solutions y Ponce de León. Ahora viene una relación de activos, y una reconstrucción contable de todo el Grupo Nule. Esa contabilidad era casi que inexistente, muy precaria, inexacta y fragmentaria. No reflejaba la realidad de esas compañías en lo absoluto. Ha tocado reconstruir toda esa contabilidad para saber qué activos hay para proceder a venderlos y pagarles a los acreedores. Las reclamaciones valen por ahora más del billón de pesos.Si los activos de ese conglomerado no alcanzan para pagarles a los acreedores, ¿se acudiría al patrimonio personal de estos empresarios?Correcto. La Supersociedades declaró como controlantes conjuntos a Miguel, Manuel y Guido Nule. Eso significa que eventualmente responderían de manera subsidiaria por los pasivos incurridos por las empresas de su grupo. Les tocaría pagar esas deudas de su patrimonio personal. ¿Se han descubierto otros casos similares al de los Nule?La Superintendencia viene adelantando un estudio muy riguroso de los principales grupos de infraestructura del país para verificar su actual composición y su solvencia. Hemos hecho visitas, por ejemplo, a las sociedades Solarte y Solarte, Álvarez y Collins, Vergel y Castellanos, y al grupo de William Vélez. Eso forma parte de una política de supervisión no sólo para ‘blindar’ al Estado frente a los incumplimientos, sino para conocer cuál es la realidad de esas empresas. Se requiere, sin embargo, de una política pública de mayor transparencia, porque el Estado debe saber quienes son los que están detrás de los contratos. Se han dado casos en donde una empresa contrata una obra pública y otra del mismo grupo asume la interventoría. Como se ignora cuál es la composición de tales conglomerados, entonces ocurren esas irregularidades.El tema de las pirámides ha regresado, pero esta vez por las demandas que por $45 billones alistan los estafados contra el Estado. ¿Cómo recibió esos anuncios, y si es cierto o no que esas captadoras operan ahora, pero más camufladas?Pirámides nuevas no se han detectado en el país, ni de las características como las de DMG, Rfee o Costa Caribe. No se ha visto nada parecido a eso. En diciembre pasado hubo un pequeño germen o un brote de DMG en La Hormiga, Putumayo, y fue intervenido oportunamente por parte de la Supersociedades. Ahora lo que se ve es una serie de demandas cuantiosas por una supuesta negligencia del Estado frente al tema de las pirámides. Resulta muy curioso que si la captación total de las pirámides fue de $3 billones, como se estableció en su liquidación con base en los reportes de los afectados, ahora vengan a reclamar $45 billones. Llama la atención eso. Creo que no tiene mucho asidero lógico. El Minhacienda dice que el Estado se defenderá con investigaciones por evasión de impuestos contra los estafados ¿Esa es la salida o no?No entraría a calificar si esa es la salida al litigio o no. Eso se está tramitando en las cortes y en los juzgados. Hasta ahora sólo existe la sentencia de un juzgado de Tunja que falló una demanda por $800.000 millones a favor de la Supersociedades. Hay por lo tanto un precedente a favor del Estado en todo esto. Pero sí le asiste la razón al Ministro de Hacienda cuando dice que si alguien está reclamando estas sumas, que se presume son legítimas, esa persona debería explicar si pagó impuestos y de dónde provino esa plata. La Ley del Primer Empleo ya tiene muchos detractores quienes aseguran que no es la panacea, ni sus alcances son los que dice el Gobierno. ¿Qué les responde?Eso hay que dejarlo muy claro. Esta ley tiene dos objetivos: la formalización y la generación de empleo. Se debe tener una visión amplia, pues la que crea ese empleo es la empresa privada. Para ello es necesario generar incentivos a toda la cadena empresarial. Una empresa es como una persona: nace, crece, se desarrolla y muere. De nada sirve dedicar sólo esfuerzos hacia un pedazo de esa ecuación, cuando no hay incentivos a las empresas. Lo que se busca es que las empresas en su ciclo de madurez puedan reorganizarse (si tienen dificultades) para que logren conservar sus nóminas. Y si no es posible, que se puedan liquidar fácilmente –máximo en seis meses— para que se liberen sus recursos. Atender sólo el ciclo de la creación y la formalización de empresas no es suficiente, y lo que la ley pretende es que una compañía en dificultades se pueda recuperar. De qué sirve ejecutar esfuerzos para crear puestos de trabajo si finalmente voy a perder los que ya tengo. Por eso se reformó la Ley 1116, para que fuera una ley integral. ¿Entonces por qué se asegura que esa norma sirvió de excusa para reformar la Ley 1116 o de insolvencia, era inoperable?Esas críticas que han hecho algunas personas tienen una visión muy miope frente a estas cosas. Particularmente, abogados de baranda. Tienen una visión muy miope de la ley y de la economía. Esto hay que verlo de una manera integral. De qué valen las políticas para generar empleo, si una empresa no puede conservar los que hoy tiene. Así lo entendió el Congreso de la República. Se deben tener herramientas adecuadas, como las que hay, para proteger esos puestos de trabajo. Insisto, qué ganamos con crear 20.000 empleos y perder 50.000 en otro lado, cuando hay sectores en dificultades como el floricultor, el confeccionista y el textilero, que han sido afectados por la revaluación. ¿Cómo evitar que a la ley del empleo le hagan ‘goles’, es decir, empresas que acuden a sus beneficios, pero a costa de despedir empleados de manera camuflada?En cualquier ley hay posibilidades de acciones fraudulentas o de hacerle esguinces por parte de gente de mala fe. Aquí vale es hacer un llamado a las autoridades para que estén vigilantes para que ello no ocurra. El hecho de que haya personas que puedan abusar de la ley, no puede ser una razón para no poner en marcha normas que favorezcan a la mayoría de los colombianos. A propósito de empresas en liquidación, o en proceso de reestructuración, ¿cuántas están bajo esos procesos en Cali?En la regional de la Supersociedades están hoy 62 empresas bajo la Ley 1116 o de insolvencia que involucran a 1.777 puestos de trabajo directos que se están tratando de salvar. La nueva ley es una forma, ante todo, de que esos empleos se conserven.