El Estado debe definir su política agraria: Sociedad de Agricultores de Colombia

Según el Gobierno Nacional en los últimos años se han adjudicado 2 millones de hectáreas de tierras baldías a 57.450 familias campesinas y resguardos del país.

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía, afirmó ayer que la discusión sobre la compra irregular de tierras baldías en Colombia, no se puede convertir en un hecho que aleje la inversión en el país.Según el funcionario, la restricción de acumulación de tierras baldías prevista en el artículo 72 de la Ley 160 del 1994, es aplicable a predios que se hubiesen adjudicado a partir de la vigencia de esta ley y no antes. Destacó que en cualquier caso, son los jueces los que deben determinar la legalidad de esas compras y que el Ministerio de Agricultura o el Incoder no deberían adelantarse con juicios. “Más allá de lo que está pasando lo que le decimos al Gobierno es que defina su política agrícola de Estado, que nos diga cuál será, si quiere un país de minifundios o uno en el que quepan los medianos y grandes con enfoque de agricultura empresarial para generar empleo”, dijo Mejía.Afirmó que esa decisión la debe tomar el Estado y comunicarla al sector privado que sabrá si invierte o no. “He recibido llamadas de inversionistas de diferentes países con proyectos en marcha que preguntan sobre lo que está pasando; falta claridad, la inversión extranjera se puede frenar, los nacionales no se van pero si pueden disminuir sus proyectos”, concluyó el líder gremial.Asimismo, el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, dijo que en Colombia hay entre 800.000 y 1.000.000 de hectáreas de tierra en litigio y a la espera de que los jueces determinen quién es su dueño.Explicó que hay un proyecto de ley en el Congreso, que busca precisamente reglamentar la inversión extranjera en el campo colombiano y considera que debe haber claridad sobre este tema para que no se afecte hacia futuro la inversión en todo el territorio nacional.No hay irregularidades La compañía Riopaila Castilla, ha sido una de las cuestionadas por la presunta compra irregular de predios de la Altillanura (Meta y Vichada), sin embargo, la empresa, en un comunicado dijo el fin de semana que las tierras adquiridas se hicieron cumpliendo con las normas legales colombianas.“La negociación se realizó directamente con los propietarios de la tierra, a precios comerciales y con la firme convicción de que los bienes adquiridos son propiedad privada y están dentro del libre comercio”.La compañía reconoció que las compras se hicieron a través de empresas agroforestales que fueron adquiridas por Riopaila Castilla y a través de filiales.“Esta estructura de sociedades fue desarrollada con el propósito de posibilitar la implementación de la estrategia de diversificación emprendiendo nuevos proyectos agrícolas con criterios de independencia y con características que permitan la participación de nuevos inversionistas”.La firma de abogados Brigard & Urrutia, que asesoró a Riopaila en el proceso de adquisición de tierras, informó que a los campesinos que les compraron las tierras se les pagó más de $1000 millones por ellas.Además destacaron que según sus interpretaciones de la norma, los predios adquiridos por la organización que representan no son baldíos.En las denuncias interpuestas ante la Contraloría sobre el tema, se indica que las empresas de Riopaila pagaron en promedio $920 millones por cada predio, por lo que se estima que la inversión llegó a $39.582 millones.