Departamento habría pagado de forma irregular más de $11.100 millones a 149 pensionados

Autoridades judiciales y disciplinarias indagan sobre millonario fraude en las pensiones. Este proceso anormal comenzó en agosto del año pasado. A continuación lea los detalles de esta investigación.

El cambio en la fórmula que desde 2007 se usaba para calcular el reajuste de la mesada pensional en la región, derecho que tienen algunos jubilados en el país, al parecer sirvió para que funcionarios de la Gobernación del Valle, en complicidad con abogados y jueces, perpetraran un millonario fraude.La denuncia por el presunto detrimento patrimonial por más de $11.100 millones fue puesta en conocimiento de las autoridades por Elizabeth Padilla, secretaria de Desarrollo Institucional del Valle, tras investigar una serie de irregularidades en el pago del reajuste pensional.Dicho reajuste es un mandato establecido en el Artículo 116 de la Ley 6 de 1992 y su decreto reglamentario 2108 del mismo año (ver recuadro). La medida busca compensar las diferencias entre el incremento que tuvieron las mesadas pensionales entre 1992 y 1995, el cual se hizo ajustado al Índice de Precios al Consumidor, IPC, (entre el 2% y 3%) y el aumento del salario mínimo, que por esa época osciló entre el 15% y el 20%, razón por la que el ingreso de los pensionados perdió valor adquisitivo.Los presuntos hechos irregulares están ahora en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, así como también de la oficina del Zar Anticorrupción y la Auditoría General de la República.El cartel del reajusteLa investigación liderada por Padilla y su equipo comenzó el mismo día en que tomó posesión de su cargo, en agosto de 2010. Era la segunda vez que ocupaba dicha cartera ya que durante la administración de Angelino Garzón también estuvo al frente de esa dependencia. Ese día, funcionarios del área le pusieron sobre su escritorio una resolución para que la firmara con carácter de urgencia. Se trataba de la autorización para pagar $956 millones a un ex diputado pensionado por la Gobernación, al que un juez le había fallado a su favor una tutela por el reajuste pensional. La urgencia era porque ya se había cumplido la fecha para responder la tutela y el juez iba a mandar a la cárcel al gobernador Francisco Lourido, por el desacato al fallo. “Como esta tutela, nos tocó resolver por lo menos otros 80 casos por los que el Gobernador, aunque no lo sabe, estuvo a horas de irse a la cárcel”, cuenta la funcionaria.“Cuál no sería mi sorpresa cuando al revisar el caso del ex diputado que reclamaba $956 millones, bajo la fórmula legal que aplicamos desde 2007, dicho pago quedo en cero, pues él no es acreedor a reajuste alguno, como ninguno de los diputados pensionados, pues su salario siempre se incrementó por encima del 20% anual, dado que ellos tienen unos reajustes muy parecidos a los del Congreso, que están soportados en ordenanzas de la Asamblea del Valle”, explica Padilla.Este fue uno de los casos que rebosó la copa de la curtida funcionaria, pero no fue el único. En su investigación, el equipo de Desarrollo Institucional tiene documentados otros casos como el de una mujer que cobraba mesada en su calidad de ‘querida’ de un ex diputado del Valle fallecido, luego que también dejara de existir la esposa legítima. La mujer estaba exigiendo el reajuste.El segundo caso tiene que ver con un abogado al que la esposa de otro jubilado del Departamento le otorgó poder para cobrar el reajuste a la mesada que supera los $300 millones, de allí la mujer recibiría menos del 20% del valor y el abogado se quedaría con el resto. Los responsablesLa investigación indica que de 149 mesadas por las que se pagaron $11.100 millones, 107 son de funcionarios a los que se les dio $1.866 millones de más en sus reajustes y los otros 42 casos son de diputados a los que la medida no los cobija y, según Padilla, se les pagó $9.237 millones de más.Con este argumento es que Padilla les pidió a los órganos de control que identifiquen a los responsables del presunto delito y, aunque en su memorial no da nombres, trascendió que entre los investigados estarían las tres personas que dirigieron la Secretaría de Desarrollo Institucional durante el gobierno de Juan Carlos Abadía: Hemel Hurtado, actual congresista, Mariela Hinestroza y Martha Lucía Echeverry.De igual forma se señala a Gerardo Mendoza Castrillón, quien era el subsecretario de Recursos Humanos y se encargó mediante un oficio del 7 de octubre de 2008 de “cambiar la fórmula con que se venían liquidando los reajustes a las mesadas”, dijo Padilla.Tanto el ex gobernador Abadía como su jefe jurídico, Raimundo Tello, salvan su responsabilidad, pues le dirigieron oficios a Martha Lucía Echeverry en los que le pidieron que acate la normativa definida desde la administración anterior para dichas liquidaciones.Al respecto El País habló con Echeverry quien aseguró que “no se ajusta a la verdad que involucren mi nombre en este asunto por el que aún no conocemos determinación alguna de las autoridades”.Y agregó que “retuvimos hasta el último momento cada pago, pedimos concepto de viabilidad al área jurídica y hasta al Minprotección Social, incluso sólo pagamos cuando existía de por medio una orden de arresto contra mi o contra el gobernador o algún otro funcionario”.La ex funcionaria dice contar con el soporte documental para demostrar que los pagos fueron ajustados a la ley.