Argentina busca que tribunal de apelaciones de EE.UU. libere pagos de su deuda

Argentina busca que tribunal de apelaciones de EE.UU. libere pagos de su deuda

Septiembre 17, 2014 - 12:00 a.m. Por:
AFP
Argentina busca que tribunal de apelaciones de EE.UU. libere pagos de su deuda

Presidenta de Argentina, Cristina Fernández.

El gobierno de la presidenta Cristina Kirchner ya anunció que pagará el vencimiento del 30 de septiembre de los bonos a través de una nueva ley votada la semana pasada.

La batalla con los fondos especulativos por la deuda soberana de Argentina continúa el jueves con una audiencia en un tribunal estadounidense, donde el gobierno sudamericano y Citibank buscan acotar a la plaza de Nueva York el bloqueo de pagos de bonos reestructurados. Citibank, agente de pago de bonos canjeados emitidos bajo ley argentina, apeló en julio pasado una orden del juez federal Thomas Griesa que le impide abonar el próximo vencimiento el 30 de septiembre, parte de las medidas para forzar a Argentina a cumplir una sentencia por 1.330 millones de dólares a favor de fondos que ganaron un juicio por deuda en default desde 2001. A tal efecto Griesa mantiene bloqueado en el Bank of New York un depósito de 539 millones de dólares que efectuó Argentina para tenedores de bonos reestructurados bajo legislación estadounidense, situación que llevó al país a un default parcial de su deuda. En ese momento, el juez autorizó sin embargo que por única vez Citibank pagase los intereses de bonos emitidos bajo legislación argentina, y que se encontraban en un limbo jurídico. La llegada de un nuevo vencimiento vuelve a llevar la cuestión ante la justicia. Argentina se sumó a la apelación de Citibank y los argumentos de ambos serán escuchados por los tres magistrados del Tribunal de Apelaciones federal estadounidense el jueves a partir de las 14H00 locales (18H00 GMT) junto a los de Aurelius Capital, uno de los dos fondos calificados de "buitres". "Citibank ha presentado argumentos legales y factuales sustanciales para demostrar que las órdenes nunca fueron previstas para prohibir pagos por parte de Citibank Argentina, en Argentina, de bonos bajo ley argentina, y las órdenes no podrían, legalmente, hacer eso ahora", señaló la abogada del banco, Karen Wagner, en un escrito de 35 páginas presentado el martes.Según ese documento, la decisión de Griesa "requiere a Citibank Argentina y sus empleados violar ley argentina reteniendo fondos sobre los cuales ni los demandantes ni la República tienen derecho alguno" , y recuerda que una vez que los pagos ingresan al banco "pertenecen a los clientes" , es decir los bonistas. Las dudas de GriesaDe su lado, los bonos especulativos insisten en que deben bloquearse todos los pagos de la deuda argentina reestructurada en los canjes de 2005 y 2010, a los que se plegó el 93% de los acreedores con quitas de hasta 70% del valor nominal de los bonos que cayeron en default en 2001. Si bien Griesa adoptó en principio esta posición en junio pasado, su discurso en las sucesivas audiencias se volvió más ambiguo. Además de autorizar el pago de Citibank por única vez el 28 de julio, hizo lo mismo con un pago de JP Morgan por otros bonos un día más tarde. Y en una audiencia celebrada el pasado miércoles, indicó que la cuestión de los bonos emitidos en Argentina eran "algo completamente diferente" de lo incluido en su orden inicial de septiembre de 2012 que estableció el principio de "pari passu" entre los pagos por títulos de deuda canjeada y aquellos en default en manos de los querellantes. Al margen de su reclamo para acotar el alcance del accionar del juez y limitarlo a los bonos bajo ley estadounidense, Argentina ha avanzado desde julio para buscar una alternativa de pago también para esos títulos. En ese marco, el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner ya anunció que pagará el vencimiento del 30 de septiembre de dichos bonos a través de una nueva ley votada la semana pasada que cambia el lugar de cobro a Buenos Aires, París o donde prefieran los bonistas. Argentina ha rechazado acatar el fallo de Griesa alegando que ello desataría millonarias demandas del resto de los acreedores en virtud de la llamada cláusula RUFO (por su sigla en inglés) que prohíbe al gobierno ofrecer mejores condiciones de pago que las pautadas en el canje y que vence el 31 de diciembre próximo.

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