Revelan nuevos detalles de cómo operaban los exoficiales involucrados en caso de 'chuzadas'

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Revelan nuevos detalles de cómo operaban los exoficiales involucrados en caso de 'chuzadas'

Agosto 06, 2018 - 11:30 p.m. Por:
Redacción de El País 
Cuatro detenidos  por las supuestas ‘chuzadas’ ilegales en el país.

Ayer fueron cobijados con medida de aseguramiento los cuatro detenidos por las supuestas ‘chuzadas’ ilegales en el país. La defensa del coronel (r) del Ejército Carlos Andrés Pérez apeló la decisión del juez.

El País

Ayer, durante la audiencia de medida de aseguramiento, el Juez hizo un recuento de parte del material probatorio que la Fiscalía expuso en la imputación de cargos contra los exoficiales del Ejército y la exfuncionaria del Ministerio de las Tecnologías.

Haciendo referencia al informe final del caso, entregado por Policía Judicial, el jurista explicó que a través de las investigaciones e interceptaciones legales, ordenadas por la Fiscalía 7 Especializada de Pasto y la Fiscalía 56 de la Unidad de Lucha conta Organizaciones Criminales, se determinó el modus operandi de la red ilegal.

Esta organización, dijo el Juez, vendría realizando interceptaciones ilegales para ubicación de equipos y análisis de registros de llamadas entrantes y salientes.

Lea también: Así cayó la presunta red de exoficiales del Ejército que ‘chuzaba’ teléfonos

Además, un dato entregado ayer, revela que la información era obtenida a través de aplicaciones informáticas que daban acceso “a las bases de datos de la Fuerza Aérea colombiana, el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, Ejército, Alcaldía de Ipiales, Gobernación de Nariño, Fiscalía General de la Nación y Gaula, ingresando de manera ilegal a información privilegiada de dichos organismos”.

De igual forma, el jurista, en la audiencia que duró más tres horas en la sala 13 del tercer piso del Palacio de Justicia, indicó que existe material probatorio de la Fiscalía que indica que “Jorge Humberto Salinas Muñoz y Luis Mesías Quiroga eran los gerentes, las personas directas que se encargaban de la empresa criminal por su conocimiento y por su ubicación en la estructura criminal”.

El Juez dijo que, además, esta presunta red de interceptaciones ilegales estaría monitoreando, de manera clandestina e ilegal, “un gran número de abonados telefónicos para obtener información de movimientos bancarios, ubicación de celdas telefónicas (transmisoras de ubicación GPS de llamadas), conversiones de WhatsApp, correos electrónicos y redes sociales, para apropiarse de información personal sin consentimiento de ciudadanos”.

Ayer, paralelo a la audiencia, el Fiscal General de la Nación dijo que lo que alertó al ente acusador de la existencia de la red ilegal fueron dos hechos concretos: el primero es que el fiscal que lleva un proceso por corrupción contra el Gobernador de Nariño, Camilo Romero, habría sido interceptado en sus comunicaciones de manera irregular. Y el otro caso fue una denuncia interpuesta el 4 de mayo 2017 por el robo de mercancía en la frontera con Ecuador.

Por otro lado, el general (r) de la Policía Humberto Guatibonza, quien fue director del Gaula y comandante de la institución en Bogotá, fue llamado ayer a interrogatorio por la Fiscalía para que entregue explicaciones sobre la presunta relación que tendría con una red de ‘chuzadas’ ilegales que ya deja cuatro detenidos.

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que “el fiscal de conocimiento ha decidido llamar a interrogatorio al general en retiro Guatibonza por las conductas que se le ha podido advertir y que han confirmado miembros de esta organización criminal”.

El Jefe del ente acusador explicó que Guatibonza, de 55 años, no formaría parte de la red ilegal de interceptaciones sino que, según evidencias, sería de las personas que solicitaban “servicios a centros de ‘chuzadas’ ilegales y eso implicaría un grado de determinación en las conductas imputadas. Fue llamado para que aclare sus comportamientos y frente a las evidencias que se pueda conocer su testimonio”.

El pasado sábado, una vez se conocieron los hechos, el oficial hizo llegar un recurso a la Fiscalía en la que le solicitaba al Fiscal General ser escuchado para esclarecer su situación.

Por este caso, ayer el Juez 29 Penal Municipal de Cali con función de control de garantía envió a un centro de detención especial militar a los coroneles en retiro del Ejército Carlos Andrés Pérez Cardona y Jorge Humberto Salinas Muñoz, así como al mayor (r) del Ejército Luis Mesías Quiroga.

Por su parte, la ingeniera en informática María Alicia Pinzón Montenegro, quien trabajó en el Ministerio de las TIC, fue cobijada con medida de aseguramiento en su lugar de residencia tras decidir colaborar con la investigación como testigo protegida.

En varias conversaciones telefónicas, y que parte de ellas fueron reveladas durante las audiencias preliminares el fin de semana en Cali, la Fiscalía estableció que los dos coroneles en retiro, de forma constante, le ofrecían a la ingeniera de sistemas pagarle $3.000.000 para que ella adelantara las interceptaciones, en tiempo real, a mensajes de WhatsApp, Telegram, correos electrónicos y otras redes sociales.

Los elementos en poder de la Fiscalía también pusieron al descubierto viajes a Ecuador de los oficiales en retiro Jorge Humberto Salinas Muñoz y Luis Mesías Quiroga, en los que habrían contactado entidades de ese país para ofrecerles paquetes de servicios.

Ayer se conoció que, de los delitos de uso de software malicioso y violación de datos personales, fue exento el coronel (r) del Ejército Carlos Andrés Pérez.

Delitos imputados 

Los detenidos deben responder por concierto para delinquir agravado y simple (para el caso de la mujer), utilización ilícita de redes de comunicación, interceptación de datos informáticos agravado, acceso abusivo a un sistema informático agravado y violación de datos personales agravado.

Ejército colaborará

El Comando del Ejército Nacional confirmó ayer que apoyará las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación contra tres exoficiales de la institución, esto luego de que se revelara que, presuntamente, hacían parte de una organización criminal dedicaba a interceptar comunicaciones a políticos, particulares y personalidades internacionales.

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