Reforma política de Petro, ¿es la que en realidad necesita el país?

Después de una agitada semana, la aplanadora legislativa de Gustavo Petro quedó conformada con la oficialización de la mayoría de partidos tradicionales del país como aliados del Gobierno, por lo que lo que viene ahora es sacar el máximo provecho de esta colectividad que lo deja con casi el 70% de todo el legislativo para sacar adelante sus principales reformas, entre ellas la tributaria y la política.

Esta última es, para muchos expertos, una de las más necesarias porque cada vez hay más desconfianza en el sistema democrático nacional y se necesitan nuevas formas de acceder al poder y de controlarlo cuando políticos nuevos llegan a la Casa de Nariño y al Capitolio Nacional.

Aprovechando el capital legislativo con el que cuenta, Petro y algunos miembros del Pacto Histórico alistan la que será su transformación a algunas entidades del Estado.

Analistas coinciden en que, en general, tiene un articulado que responde a las necesidades actuales del país, aunque entre ellos no hay mucho optimismo en cuanto a que tenga un tránsito efectivo en el Congreso, a pesar de que las mayorías estén acompañando a Petro y que el 61% se haya renovado en la pasada elección, dando paso a parlamentarios alternativos.

“Este es un momento en el que mucho del debate y del interés de la opinión pública están centrados en la reducción de los beneficios que tienen los funcionarios públicos y los administradores y controladores del Estado. Entonces, entre otros temas, se ha hablado de bajar los sueldos de los congresistas, de quitar ventajas que tienen algunos de los elegidos por elección popular y con la promesa de cambiar esas circunstancias fue que se elevó la bandera de Petro y Francia Márquez. Creo que el texto que están socializando está centrado en mantener esos anuncios hechos en campaña a los electores”, dice Shameel Tahir Silva, politólogo y docente universitario.

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Para el observador político, lo más importante del borrador es que propone cambios profundos en la forma en la que se eligen los miembros de los órganos de control.

“Los debates públicos se centran en las figuras públicas y no tanto en los procedimientos y allí es donde deben hacerse las variaciones profundas. En lo que se plantea se busca que haya más independencia de los organismos de control y de las autoridades electorales y eso está bien”.

Tahir Silva agrega que una reforma política en Colombia necesita contemplar temas como la transparencia electoral, la financiación de las campañas y la vigilancia fiscal durante las elecciones, pero considera que no es sencillo atender esas necesidades con reformas a las leyes actuales y considera que tendrán que darse debates más profundos al respecto a lo largo de los cuatro años del actual gobierno.

Por su parte Carlos Andrés Arias, gerente de Comunicación Pública y Política en Estrategia & Poder SAS, dice que la reforma tiene los elementos clave para lograr una transformación trascendental en Colombia para acabar con situaciones como la intervención de Petro en la elección de contralor.

“De lograrse un cambio en la elección de los magistrados del CNE y de los directores de los órganos de control habrá muchísimo más control para evitar procesos de corrupción y de un unanimismo como pasó con la pasada elección de contralor y como seguro pasará una vez la procuradora Margarita Cabello y del fiscal Francisco Barbosa dejen sus cargos y se presenten ‘ternas de uno’, que es lo que han hecho todos los presidentes. Solo con ese punto de reforma ya habría una enorme ganancia para el país porque además esos organismos no solamente hacen control a los funcionarios públicos sino que son los que más cuota burocrática tienen sin ser ministerios”.

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Para Consuelo Wynter, directora de investigación de la Fundación Universitaria Uninpahu, aunque en el borrador hay consignas que buscan corregir errores, le preocupa que se proponga un cambio al tema de las listas.

“Las listas abiertas buscaban que se pudiera votar por la persona que mejor le represente un partido político sin salirse de su disciplina partidaria. Antes de ello se le daba el sufragio a la agrupación política, pero dentro de ellas hay preferencias. Lo que está haciendo con esto el Pacto Histórico se basa solamente en la experiencia específica de las recientes elecciones y no contempla todo el contexto necesario para no interrumpir lo que está funcionando bien. Una lista cerrada nos lleva a preguntas como será la distribución del orden, qué va a motivar a los partidos a poner una persona delante de otra, qué va a pasar con personas que tengan denuncias o deudas con la ley. Creo que tiene buenas intenciones, pero acarrearía más inconvenientes que soluciones”, señala.

Y agrega que “la lista cerradas no es mala, entre otras elimina algunos de los problemas de la lista abierta como los excesos en la financiación, la competencia desleal, incluso dentro de los miembros de los partidos, pero hay que ser muy objetivos y entender que esto abre la puerta a burocratizar las estructuras internas partidistas”.
Para la politóloga el país sí necesita trabajar en la paridad de género y encuentra interesante que se plantee que todas las listas deban ser compuestas por hombres y mujeres por igual.

“Obedece a la lógica de que las mujeres se pueden insertar en escenarios de participación política como reales gestoras políticas y transformadoras y como relleno para cumplir con la ley de paridad de género”.

Finalmente, con respecto a si la actual reforma -o una parecida que busque cambios de fondo- tendrá un tránsito ligero en el Congreso, las probabilidades son bastante bajas.

“Petro logró armar una aplanadora a punta de mermelada y con eso se garantizó que la reforma tributaria sea aprobada, aunque desde luego con cambios, pero no le alcanza para aprobar también la política porque es de una envergadura tal y busca tal nivel de transformación que no le veo futuro. Es una movida ambiciosa, pero a Petro no le queda otra opción, debía aprovechar su capital político y el golpe de opinión que tiene en las encuestas”, reflexiona Carlos Andrés Arias, quien agrega que, en últimas, los partidos no van a acceder a los cambios porque su finalidad es quitarles beneficios.

El analista concluye explicando que en Colombia uno de los temas más difíciles de tratar es, precisamente, el de la reforma política.
“Históricamente ha sido muy complicado que se apruebe y cuando ha ocurrido han sido cambios muy ligeros que son más paliativos ante situaciones específicas que una reforma propiamente dicha. Lo más apropiado en un país como Colombia es hacerlo en época de transición, anticipándose a fenómenos electorales internos muy fuertes que van a impedir este tipo de situaciones. Por ejemplo ya se está ambientando que Álvaro Uribe y Federico Gutiérrez serían candidatos en las elecciones regionales, lo que pone a la izquierda a correr con la reforma, pero no le va a alcanzar”, concluye Arias.

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El paquete legislativo cuenta con 16 articulados que contemplan una revisión de las funciones que cumplen el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Sección Quinta del Consejo de Estado para que sean fusionadas y sean responsabilidad de una nueva Corte Electoral que integraría a todos los tribunales electorales del país en un solo cuerpo que dependería directamente de la Rama Judicial.
Otro de los cambios que están consignados en el borrador se refiere a la personería jurídica de los partidos, cambiando la norma que hoy dice que se otorga si el partido o movimiento político alcanza el 3 % en las votaciones al Congreso y en las siguientes elecciones.
Otra transformación es la de reducir las edades mínimas legales para ser senador o representante a la Cámara y dejarlas con posibilidad de ser candidato desde los 18 años.

Se aceptarían solo listas cerradas y paritarias para elección de corporaciones como Congreso, asambleas regionales y concejos municipales, además, se ponen límites a la reelección de parlamentarios, quienes podrían repetir periodo por una sola vez.

También se propone que quienes hayan sido elegidos en las urnas con el apoyo de un partido puedan cambiar sin tener que renunciar a sus curules durante un periodo máximo de tres meses.

Finalmente, se plantea un cambio a los poderes que tienen los organismos de control como la Procuraduría de sancionar y destituir a políticos elegidos por votación popular y que en caso de que haya una sanción en su contra deba ser una autoridad judicial competente la que la determine.