¿Qué hay detrás de la puja por el poder en Jamundí?

Desde hace varias semanas Jamundí es un hervidero político. Seis meses han pasado desde las elecciones atípicas en las que fue elegido alcalde el empresario Édgar Yandy, pero es como si la campaña no hubiera terminado.

A los entes de control siguen llegando denuncias por presuntos hechos de corrupción de administraciones anteriores, la elección del alcalde Yandy fue demandada porque se habría utilizado un censo distinto y en varios escenarios se señalan unos a otros de revanchismo y favorecimientos.

Quienes defienden la actual administración aseguran que el propósito del Partido de la U, que lidera el exalcalde John Freddy Pimentel, es volver a la Alcaldía para borrar el rastro de los actos irregulares que cometieron.

Los defensores de Pimentel, por su parte, dicen que buscan culpar al exmandatario por hechos ocurridos después de su gobierno, que tratan de frenarle el paso porque hay sectores pidiéndole que aspire de nuevo y que están levantando cortinas de humo para ocultar irregularidades en las elecciones porque la Registraduría utilizó un censo distinto en atípicas.

“Estos personajes siniestros que le han hecho daño a Jamundí no nos quieren dejar gobernar. Con las mentiras de siempre nos demandan, pero nos vamos a defender y a sacar adelante el Municipio”, dijo Yandy.

Pimentel indicó que “veedurías nacionales denunciaron irregularidades en las elecciones atípicas por utilizar un censo que no era y que las supuestas denuncias son revanchismo político, que buscan enlodar la imagen de quien, quieran o no, ha sido el alcalde que más obras ha hecho en Jamundí”.

Las quejas sobre estas dos obras contratadas en el gobierno de Pimentel apuntan a que no fueron recibidas por el Municipio, que presentan deficiencias y sobrecostos en su construcción y que no se ve dónde están las millonarias inversiones.

“Ve uno la estrategia política tratando de desvirtuar algo que se entregó bien, que se licitó, que se entregaron funcionando y que si hoy evidencian alguna falla, pues que hagan efectivas las pólizas de cumplimento o que les hagan mantenimiento. Eso es revanchismo político y no le meten mano ni los organizan para usarlos como caballitos de batalla para dañar mi imagen. ¿Por qué no hablan de la Casa de la Cultura, de los mil apartamentos gratis o el megacolegio del Rodeo?", preguntó Pimentel. “Buscan crear un manto de duda de que hubo corrupción y que se robaron la plata”.

Aseguró que fue el señor Yorman Rojas, excandidato a la Alcaldía de Jamundí por el Polo y el Verde, quien denunció supuestas irregularidades en una visita del Fiscal General y que luego de presentar las pruebas debió responder por injuria y calumnia.

Una de las quejas presentadas ante la Personería el 5 de marzo del 2018 da cuenta que en el municipio históricamente se han contratado entre 300 y 350 contratistas por periodo fiscal y en esta oportunidad, estando en Ley de Garantías se contrató a cerca de mil personas con el supuesto propósito de favorecer un candidato.

En efecto, según las bases de datos del portal de contratación del Estado, fueron 237 contratos de prestación de servicios que firmó el Municipio el viernes 19 de enero del 2018. El lunes siguiente, 22 de enero, se contrató a 249 personas más; el martes 23 se entregaron otros 74 contratos y el miércoles 24 fueron 234 funcionarios.

El País intentó hablar con la entonces alcaldesa encargada Lina María Vega para entender las razones de la contratación, pero no fue posible.

No obstante, un funcionario cercano a ella aseguró bajo reserva de identidad que no hubo nada de irregular en la contratación y que “no se violó la Ley de Garantías porque la circular 24 de 12 de mayo de 2017 autorizó la contratación de prestación de servicios hasta el 27 de enero porque no se podía frenar el Estado por las elecciones”.

“Estaba tan vigente la norma, que Yandy declaró insubsistentes a los funcionarios en Ley de Garantías”, dijo el vocero.

“Esa circular era para elecciones presidenciales y no mencionaba elecciones atípicas”, dijo a El País un funcionario del portal de contratación Colombia Compra Eficiente.

Lo más anormal es que un municipio que históricamente contrata entre 300 y 350 personas, haya ingresado por prestación de servicios a más de 840, previo a unas elecciones atípicas.

En el ojo del huracán han puesto el contrato de arrendamiento que firmó la alcaldesa (e) Lina María Vega con la empresa de Servicios y Suministros Calisur para el traslado de vehículos inmovilizados.

Aunque las denuncias apuntan a que quien está detrás es un familiar de Pimentel, lo grave es la falta de control a los ingresos en detrimento de los recursos del Municipio.

El contrato, que la empresa habría aceptado disolver para evitar inconvenientes, señala que el 50% del valor de parqueo y grúa va al contratista y el otro 50% al Municipio.

Sin embargo, El País obtuvo dos recibos en los que el parqueadero cobró el dinero en efectivo y no en la cuenta bancaria de la que habla el contrato. El Municipio no tenía control de los ingresos de Tránsito.

La concesión a 20 años fue entregada por el entonces alcalde John Freddy Pimentel el 29 de diciembre del 2014 a la Unión Temporal Alumbrado Público.

Las quejas señalan que ahora Jamundí tiene la tasa de interés de alumbrado público más alta del Valle del Cauca y que el contratista no ha cumplido a cabalidad con el proceso de modernización y expansión.

“Todos los municipios del país concesionan los alumbrados porque en el caso de Jamundí no tenía los $8.000 millones para reponer a luz led. Hoy somos modelo y muchos jamundeños agradecen el cambio de luces”, dijo Pimentel.

No obstante, los denunciantes han pedido a los entes de control indagar si la concesión buscó favorecer a un exgobernador del Valle.

La queja advierte que la Fundación Serambiente, de la cual el periodista Aldemar Domínguez es director ejecutivo, coordinó por espacio de un día y por valor de $32.850.000 el acto de rendición de cuentas del año fiscal 2017.

El propio Aldemar Domínguez, aseguró a este diario que quien hizo el denuncio fue Humberto Pava Camelo y que son falsos los señalamientos.

“La queja es que me gané $32 millones en un día y esa es una gran mentira. La actividad sí se hace en un día, pero hubo un trabajo previo de más de un mes acopiando información, analizándola, preparando una matriz con los resultados y haciendo comparativos; se contrató a 50 personas y se manejó toda la logística ese día; no como el señor dice”.

La denuncia es grave. El actual Secretario de Infraestructura de Jamundí, Hernis Andrés Carabalí, recibió un oficio el pasado 15 de mayo en el que le piden intervenir para evitar que sigan desvalijando unas volquetas que están fuera de los talleres oficiales.

Las imágenes anexas muestran enormes trozos de hierro cortados con soldadura autógena y un hueco en los muros por los cuales sacaban el material para venderlo como chatarra.

Fueron citados entonces, dos semanas después, los empleados que estaban a cargo de los elementos y uno de ellos responsabilizó al exsecretario de Infraestructura Diego Alberto Galarza de haberlo enviado a vender la chatarra y entregarle el dinero.

Dijeron, además, que le oficiaron sobre lo que estaba ocurriendo a la entonces alcaldesa encargada, Lina María Vega, pero hizo caso omiso de las quejas presentadas.

En diálogo con El País, Diego Alberto Galarza, el exsecretario de Infraestructura que fue también capturado junto al exalcalde Manuel Santos Carrillo por presuntas irregularidades en unos contratos, negó los señalamientos en su contra.

“Sé que hubo una pérdida de elementos pero porque la Administración tenía eso abandonado en un lote baldío. Estuve revisando y no existe una orden verbal o escrita de que le haya pedido a una persona vender esa chatarra. Es falso y estoy esperando que me llamen los entes de control para presentar mis pruebas”, dijo Galarza.

No obstante, no es simple chatarra la que habría desaparecido. Del inventario de vehículos del Municipio que se entregó en el empalme no aparecen tres volquetas, un camión, una camioneta, un vehículo campero Nissan y una motocicleta que supuestamente estaban para chatarrizar; casi todos de modelos de los años 80.

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