¿Qué hacer para reducir los cultivos de coca? Estas son las alternativas

Gracias por hacer parte de El País.

Queremos que sigas disfrutando de los mejores contenidos.

¿Aún no tienes suscripción digital con El País?

Suscríbete aquí

¿Ya eres un suscriptor digital de El País?

INICIA SESIÓN

¿Qué hacer para reducir los cultivos de coca? Estas son las alternativas

Julio 01, 2018 - 08:00 a.m. Por:
Redacción de El País 
Cultivos de coca

Las zonas con mayor concentración de cultivos de coca están asociadas a zonas de frontera.

Oswaldo Páez / El País

La noticia es recurrente en la última década: cada año los cultivos de coca en Colombia registran un aumento considerable. En 2017 se incrementaron en un 11%, lo que significa que en el país habrían 209.000 hectáreas sembradas, según un reciente informe de los Estados Unidos.

La tendencia al alza se mantiene desde 2012. Entre 2015 y 2016 se registró uno de los incrementos más sorprendentes. El país pasó de tener 96.000 hectáreas sembradas con coca, a 146.000; un aumento del 52%, dato certificado por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc.

Lea también: Washington respaldará lucha contra los cultivos ilícitos del Gobierno Duque

El informe de la Unodc revela otros detalles. Cada vez hay más coca, pero el 63% de esos cultivos están concentrados en solo tres departamentos: Nariño, Putumayo y Norte de Santander.

Los diez municipios más afectados siguen siendo los mismos que históricamente han tenido coca – y donde la han intentado controlar con erradicación forzosa o glifosato–.

La lista la encabeza Tumaco, que continúa siendo el municipio con más cultivos sembrados; el 16% de la coca del país se produce allí. Le siguen Tibú, en Norte de Santander, Puerto Asís en el Putumayo, el Tambo en el Cauca, Valle del Guamuez en Putumayo, Sardinata en Norte de Santander, El Tarra en Norte de Santander, Barbacoas en Nariño, San Miguel en el Putumayo y Orito también en el Putumayo.

La mitad de la coca de Colombia – el 48% – se genera en estos diez municipios, un dato imprescindible para determinar las acciones que deberá planear el país y reducir los cultivos.

Ahora, frente a las razones de este incremento sostenido de las matas de coca, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga considera varias teorías. Entre ellas que las comunidades cocaleras “tienen una percepción de reducción en el riesgo asociado con la actividad ilícita debido a la suspensión de la aspersión aérea y la posibilidad de evitar la erradicación forzosa mediante bloqueos a la fuerza publica”.

Además, según la Unodc, tras el acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc se generó en las comunidades la expectativa de recibir beneficios económicos como contraprestación por la sustitución voluntaria de los cultivos, lo que motivó a muchos a sembrar.

El analista Ariel Ávila está de acuerdo en que la explicación al aumento de los cultivos de coca “es multicausal” y otra de las variables para entender el fenómeno, advierte, es el aumento del consumo de drogas. La demanda de los consumidores en Estados Unidos, Brasil, España, ha crecido exponencialmente, “luego, como en todo mercado, si aumenta la demanda, aumenta la oferta”.

Según la ONU, cada año en el mundo se producen 1410 toneladas de cocaína, “llegando a máximos históricos”.

La devaluación del peso también es otro factor a tener en cuenta: es más rentable comercializar pasta de coca cuando un dólar está a casi $3000.
“Y no hay que olvidar que en los territorios donde estaban las Farc se generó un vacío de poder que ha sido asumido tanto por disidencias como por nuevos grupos armados que están promoviendo los cultivos”, dice Ávila.

A todo ello habría que agregar un contexto que el país urbano parece ignorar a la hora de los análisis: en zonas tan alejadas como el Alto Mira en Tumaco, frontera con Ecuador, aún no llega el Estado. No hay carreteras, no hay centros de salud, no hay colegios, no hay industria, no hay quién compre, quién emplee, a no ser que sea la industria de la coca. La planta es la fuente de sobrevivencia de las comunidades. ¿Qué debe hacer Colombia entonces para reducir esos cultivos ilícitos?

La historia del garrote y la zanahoria

Esta semana el gobierno anunció la fumigación con drones cargados con glifosato como la gran apuesta para reducir los cultivos ilícitos. Según el presidente Juan Manuel Santos, los drones no vuelan a las alturas de las avionetas, por lo que harán casi una aspersión terrestre, lo que en teoría reduciría los impactos ambientales y evitaría que el herbicida caiga donde no debe: cultivos lícitos, bosques, ríos.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo enseguida que los drones tendrán “la mitad de la concentración de veneno que se usaba en los aviones”. Sin embargo, la medida, siempre ha sucedido, ha generado debates.

El investigador Carlos Montoya Cely, de la Fundación Paz y Reconciliación, asegura que históricamente lo que se ha logrado con la fumigación es que aumente la reincidencia: “se erradica la mata en un punto pero la gente siembra en otro y después vuelve al anterior lote. Lo que se consigue es que el cultivo se mueva de lugar, no que se deje de cultivar”.

Algo similar plantea un informe de la Undoc: “El 80% de los lotes identificados en 2016, ya había sido detectado, asperjado o erradicado”.
Sin embargo otros analistas consideran que la fumigación con glifosato es necesaria, aunque es apenas un eslabón más de la estrategia para reducir la coca.

Vicente Torrijos, profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, plantea por ejemplo que el país debe realizar tres acciones para lograr la reducción de los cultivos.

“La primera es identificar la amenaza: determinar exactamente por qué están aumentando tanto la plantaciones de coca. Para mí está claro que esta proliferación de cultivos tiene su origen en las negociaciones de La Habana, cuando el gobierno le hace a las Farc una serie de concesiones y se despreocupa de los cultivos ilícitos, lo que le permitió a los grupos armados ilegales consolidar un modelo de dominación territorial”.

La segunda estrategia que plantea el profesor es restablecer la alianza con Estados Unidos. “Si bien el gobierno Trump ha sido comprensivo con Colombia para tratar de salvar esa alianza histórica, prima la desconfianza debido a este aumento de la coca. Es normal que, a diferencia del gobierno de Obama que era coincidente con el gobierno Santos, el gobierno de Trump haya conjugado el verbo desertificar y haya calificado como intolerable la multiplicación de los cultivos ilícitos.

En el fondo lo que hay es un recelo encubierto por parte de Estados Unidos hacia Colombia, así que el país debe restablecer esa alianza, sin la cual el crimen organizado trasnacional seguirá creciendo”.

Además, continúa Torrijos, Colombia debe garantizar “una combinación efectiva entre militarización y desarrollo territorial. Es necesario que las personas vinculadas a la coca sean controladas por un esquema de seguridad territorial que desincentive la proliferación de los cultivos, pero al mismo tiempo el Estado tiene que hacer presencia con planes de desarrollo alternativo frente a los cuales el cocalero no tendrá otra opción que vincularse, porque lo contrario sería arriesgarse a ser penalizado”.

El investigador Carlos Montoya Cely considera en ese sentido que lo que tiene que hacer Colombia para reducir los cultivos ilícitos es focalizar sus acciones en esos 10 municipios que más coca tienen sembrada.

“Si se resuelve solo Tumaco los cultivos bajarán en un 16%; si se interviene los otros nueve municipios priorizados, se tendría resuelto el 50% de la producción de cultivos de uso ilícito en el país”.

Se trata de zonas con unas características muy particulares: fronterizas, en disputa por grupos armados, entre ellos las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en el caso de Nariño, y el EPL, el ELN en la zona del Catatumbo.

En estas regiones, como también en el Putumayo, “se cuenta con la cadena completa para mover la droga por ser frontera y tener actores ilegales que permiten y promueven tanto la movilidad de las drogas como su comercialización, por lo que es prioritario que el Estado retome el control de estos territorios”, dice Cely, para quien la mejor alternativa del país sigue siendo la sustitución voluntaria de los cultivos, lo que sin embargo en algunas zonas genera incertidumbre.

Por un lado el gobierno ofrece acuerdos de sustitución, pero por otro erradica de manera forzosa para cumplir las metas, lo que ha causado tensiones en las comunidades como lo sucedido en Tumaco en octubre pasado, cuando 6 campesinos e indígenas, que intentaban evitar que les erradicaran sus cultivos, murieron en choques con la Fuerza Pública.

Eduardo Díaz, el director del programa de Sustitución Voluntaria,
asegura en todo caso que su entidad viene trabajando “estrechamente” con las autoridades para evitar que la Fuerza Pública entre a zonas donde ya se han firmado acuerdos de sustitución.

“Hay que tener en cuenta que solo pueden hacer acuerdos quienes tienen cultivos identificados antes de julio de 2016. Así quedó establecido. A quienes hayan sembrado después se les erradicará de manera forzosa”.

Según Díaz, el programa de sustitución registra 77 mil familias involucradas, y 42 mil de ellas ya están recibiendo apoyos económicos. A la fecha Naciones Unidas ha certificado 17.900 hectáreas erradicadas y 22 mil más están en proceso de verificación. Además, 15400 familias ya cuentan con proyectos productivos, según datos oficiales.

Pese a ello el gobierno de Juan Manuel Santos no alcanzará a cumplir sus promesas: erradicar 100 mil hectáreas de coca. 50 mil de manera forzosa, y 50 mil por medio de la sustitución voluntaria.

Mientras tanto el país permanece en la encrucijada de ser el primer productor mundial de cocaína, una posición que, advierte el analista Ariel Ávila, no cambiará a pesar de los esfuerzos internos hasta que Estados Unidos y el resto del mundo reduzcan el consumo de drogas que presiona la oferta y la demanda.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad