¿Por qué buscan cambiar el objeto social de la Emru de Cali? Las razones y cuestionamientos

Ejecutar obras civiles del Estado, actuar como agente inmobiliario y adelantar asesorías en temas urbanísticos son algunas de las nuevas apuestas de la Empresa Municipal de Renovación Urbana, Emru, entidad que a través de un proyecto de acuerdo busca transformar su objeto social.

Aunque el propósito del cambio es mejorar sus ingresos y competitividad, la iniciativa ha suscitado algunas críticas sobre la legitimidad de lo que se propone.

El proyecto de Acuerdo 090 del 2021 fue presentado por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, el pasado 12 de septiembre ante el Concejo de Cali, en donde permanece en estudio para luego adelantar mesas de trabajo entre la Corporación y la Administración Municipal. Posteriormente se llevarían a cabo los debates para la aprobación o no del cambio de la razón social de la Emru, que pasaría a llamarse Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana, Edru.

Uno de los argumentos consignados en el documento es que la entidad busca tener igual o más competitividad que sus homólogos de Medellín y Bogotá, pues mientras la Emru ha tenido un promedio de ingresos anuales de $5582 millones entre el 2016 y 2020, la empresa de la capital antioqueña ha logrado más de $781.538 millones y la de Bogotá, cerca de $150.647 millones.

“La visión tradicional y por la que fue concebida la Emru EIC, ha evolucionado significativamente, y unido a la forma como se definió hace 19 años el objeto de la empresa, lo convierten en una camisa de fuerza, que limita el aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio”, argumenta la Alcaldía en el proyecto.

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Para el concejal Roberto Ortiz, ampliar el objeto social de la Emru no es viable al tener en cuenta que hace 10 años “nos vendieron como una panacea la transformación del centro de Cali”, a través de Ciudad Paraíso, “proyecto que en estos momentos vemos como un total fracaso”.

Además, aseguró que con el proyecto de Acuerdo 090 se le da herramientas a la Administración para que realice más convenios interadministrativos entre la nueva Emru y la Alcaldía en los contratos de obras de infraestructura, a lo que se sumaría una posible ventaja de la entidad sobre el resto de la competencia a la hora de participar en licitaciones públicas, según Ortiz.

“Esta ha sido una Alcaldía cuestionada en el pasado por irregularidades en la contratación y esto genera dudas del nuevo proyecto, por lo que no es la forma correcta para hacer avances en Cali, pues al final del ejercicio van a quedar muchos escándalos”, aseguró el concejal.

Además, agregó: “La propuesta presenta una dificultad y es que el patrimonio de la Emru no es tan elevado como se esperaría para adelantar una nueva carpeta de negocios, lo que preocupa si quieren que sirva como mediadora para contratar en grandes obras de infraestructura en el futuro”.

Una opinión similar tuvo la cabildante Diana Rojas, quien expresó que el desarrollo de proyectos bandera como Ciudad Paraíso ha sido “lento y poco efectivo”, proceso en el que cabe recordar también hay una gestión predial que se extiende hasta la fecha.

“En el pasado a la Emru la usaron como fortín para la contratación directa y ya estamos viendo cómo ha aumentado esta modalidad en esa entidad, que hoy es casi 10 veces lo que se contrataba en 2019. Preocupa que con este cambio que se propone al Concejo, esto se consolide como una práctica común”, aseveró Rojas.

Asimismo, explicó que el proyecto de acuerdo “puede hacer que la Emru pierda su misión pública, volviéndose una empresa metida en muchos más negocios privados, incluso sin contar con estudios de mercado”.

El gerente encargado de la Emru, Carlos Andrés Argoty, calificó las opiniones sobre la naturaleza de la contratación como un “mito”, dado que los convenios interadministrativos no son ilegales, según la Ley 80 de contratación.

“Los convenios pretenden la concurrencia de recursos y personal para el cumplimiento de un propósito común, que es la transformación de la ciudad de cara a sus necesidades actuales. Por ejemplo, el suelo de expansión para construir en Cali se acabará en algún momento y necesitaremos redensificar la población y responder a diferentes problemáticas medioambientes, lo que implicará la concurrencia intersectorial con un vehículo común, que son los convenios interadministrativos”, aseveró Argoty.

El funcionario refirió que este tipo de contratos ya son celebrados por la ERU de Bogotá y la EDU de Medellín: mientras la primera maneja cerca de 50 convenios con el Distrito de la capital, el segundo llega contar hasta con 210 convenios interadministrativos.

Además, afirmó que esto no es una práctica desconocida para la Emru, dado que para la renovación de Ciudad Paraíso ya cuentan con ocho de estos contratos, de los cuales cuatro son nuevos suscritos recientemente con la Alcaldía de Cali.

El gerente (e) agregó que si bien no se ha proyectado todavía un presupuesto, en caso de que la Emru logre el cambio del objeto social en el Concejo, la entidad buscará apostarle a los nuevos modelos de negocios desde sus capacidades profesionales.

“Nosotros tenemos una capacidad instalada que depende bastante de nuestros trabajadores, que son geógrafos, arquitectos, sociólogos, técnicos de la cadena de construcción. En fin, la idea es ampliar ese componente para abastecer nuevos proyectos, como ya ocurre en la EDU de Medellín, que tiene una plata de 150 trabajadores. Nosotros apenas somos seis funcionarios y el resto son contratistas. Hay que apostarle a más”, expresó.

Entre los más de 10 nuevos proyectos o actividades que busca incluir la Emru en su nuevo objeto social está el “promover negocios asociados al desarrollo sostenible de la ciudad tales como la disposición de escombros y residuos relacionados con la renovación urbana”.

Asimismo, se pretende ejecutar macroproyectos urbanos orientados al crecimiento general de la ciudad.

Además de la posibilidad de realizar asesorías y diseños a nivel internacional sobre temas urbanísticos, también se busca incursionar en consultorías de los mismos temas.

El proyecto de acuerdo pretende que la entidad haga alianzas estratégicas para implementar nuevas tecnologías y “altos niveles de eficiencia”.