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Paganinis

Agosto 26, 2018 - 06:40 a.m. Por: Gustavo Gómez Córdoba

Si la diversidad consiste en nunca estar de acuerdo, entonces somos el país más diverso del mundo. Otra cosa es que aquí los indígenas sean vistos como ciudadanos de tercera y los afros difícilmente lleguen a almirantes, rectores, ministros o líderes gremiales.

Para racistas nosotros, los ‘blanquitos chiviados’, que nos vemos como extranjeros cuando los extranjeros nos ven como vemos a los indígenas y a los negros. Hallamos consuelo en pensar que tenemos sangre española, cuando la verdad es que nos recorre el cuerpo un coctel que haría palidecer al Amaro Lucano, el licor italiano de las treinta y tantas hierbas.

Nuestra diversa democracia (donde dice diversa, léase polarizada) se calienta por estos días con una decisión del Consejo de Estado, según la cual el Estado debe indemnizar a un grupo de víctimas del atentado con explosivos a las instalaciones del Club El Nogal, en Bogotá, año 2003.

La lectura de un amplio sector de la opinión pública es la que dictan las pasiones aupadas por el facilismo: vamos a pagar con nuestros impuestos la maldad de la guerrilla.

Palabras más, palabras menos, de los mismos creadores de “mientras los terroristas están en el Congreso, cientos de oficiales y soldados que los combatieron continúan privados de la libertad”. Conceptos tentadores, entre otras, porque resumen con decepcionante simpleza una serie de hechos complejos.

Si nos amparáramos en otros episodios del pasado, rodeados de elementos comunes y dolorosos, entenderíamos mejor los puntos de la discusión de hoy. Lo digo porque nadie puede pensar, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas de Colombia y las autoridades se tomaron el Palacio de Justicia en 1985.

Pero si sabiendo el riesgo que corrían los magistrados y demás empleados, y teniendo pistas claras de lo que iba a suceder, se descuidó la seguridad, y si durante la retoma algunos uniformados se excedieron en el uso de la fuerza (por no decir que asesinaron a personas que salieron con vida), entonces el Estado tiene una responsabilidad que no puede descargar completamente sobre el M-19.

Si el Club El Nogal fue usado como oficina y sitio de reuniones de funcionarios del Estado y miembros de las Fuerzas Armadas, y no se reforzaron las medidas de seguridad, hay compromiso del aparato estatal.

Y también de los administradores del club, que permitieron las juntas de funcionarios vinculados con el combate a la guerrilla en un espacio repleto de civiles.

De nuevo, ‘cada niño con su boleta”’ como dice Alberto Casas Santamaría: las Farc no pueden salir del paso alegando un error táctico, cuando hicieron volar por los aires una edificación con cientos de civiles inocentes.

Si alguien les compra la tesis, estará aceptando que el Derecho Internacional Humanitario es para los hoy congresistas de las Farc algo así como un puñado de cuadritos de papel higiénico.

Interesante discusión de la que solo vamos teniendo en claro lo de siempre: que los colombianos somos víctimas de los violentos y víctimas de la incompetencia del Estado. Paganinis sin billete y sin violín.

***

Ultimátum. El ministro de Hacienda es un simpatiquísimo tecnócrata que hunde el facón mientras nos tranquiliza con frasecitas repletas de ironía y mucho de ese humor cachaco que a veces esconde fuertes dosis de indolencia. Por no decir hijueputez. Si la palabra espanta, existe su versión en jerga gringa para que nos parezca más atractiva: douchenbaggery. Así las cosas, ¡ese Carrasquilla si es mucho douchenbagger!
Sigue en Twitter @gusgomez1701


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