Los siete 'peros' que le salieron a la Consulta Anticorrupción

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Los siete 'peros' que le salieron a la Consulta Anticorrupción

Agosto 26, 2018 - 07:55 a.m. Por:
Redacción de El País 
Consulta Anticorrupción

La Registraduría puso a disposición de los jurados de votación que no asistieron a las capacitaciones para la Consulta material didáctico digital clave para desempeño de sus funciones.

Oswaldo Páez / El País

Aunque la lucha contra la corrupción es un propósito que congrega a todos los colombianos, diversos sectores se han manifestado en contra de la Consulta de hoy.

Los principales argumentos de quienes se oponen es que tiene un propósito electoral, que dos de las propuestas que votarán hoy los colombianos son inconstitucionales y que las otras cinco ya están incluidas en la normatividad legal en el país.

Así lo explica el exfiscal general Francisco José Sintura, quien asegura que el resultado de la Consulta será solo “un golpe de opinión de la gente sobre la forma como el Estado aborda los temas de la contratación pública y la privada. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el resultado es inane y, desde punto de vista de lo político, es solo una manifestación de inconformidad”.

Pero el verdadero ‘pero’, según el politólogo Ancízar Marroquín, es que la iniciativa se utilizó como un tema de campaña electoral. “Es un exabrupto gastarse ese dinero solo para perfilar a unos candidatos a la Alcaldía de Bogotá; para que tengan la vitrina más grande y desgastar y desprestigiar la figura de la consulta popular”.

Varios analistas consideran que la Consulta Anticorrupción no representa ningún cambio porque el anzuelo es la rebaja del salario de los congresistas, que nada tiene qué ver con corrupción.

El País presenta a continuación los principales reparos que se le han hecho a cada una de las preguntas incluidas en este mecanismo de participación.

1.) Reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Fijando como tope máximo 25 salarios mínimos legales mensuales.

Esta propuesta, de acuerdo con el politólogo Alfredo Rangel, tendría un enorme impacto de ser aprobada porque los salarios de los congresistas están vinculados a la Constitución y la ley, y de ello depende el salario de muchos otros funcionarios del Estado.

“Lo que no han dicho es que esta propuesta, adicionalmente, traería como consecuencia una rebaja en los salarios de muchos sectores de los trabajadores oficiales, como el sector judicial y de las Fuerzas Militares, que están amarrados al salario de los congresistas; por tanto, es una convocatoria tramposa con el electorado al establecer como gancho esa rebaja del salario de los congresistas, que no tienen que ver con la lucha anticorrupción”, consideró el también excongresista.

Los promotores de la Consulta dicen que esta propuesta no apunta a la lucha contra la corrupción sino a un tema de equidad. Que además de los congresistas son unas cien personas a las que se les reducirá el salario y no a todos los empleados públicos.

2. Evitar que los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública tengan la posibilidad de reclusión especial mientras pagan su condena. Además, permitirle al Estado terminar los contratos de forma unilateral con estos o las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización o posibilidad de volver a contratar con el Estado.

El analista y docente Diego Luis Sánchez aseguró que ya en Colombia están prohibidos los subrogados penales para quienes sean condenados por casos de corrupción y que deben cumplir sus penas en cárceles.

“El Estatuto Anticorrupción no permite que al responsable de un delito en el que se apoderan de recursos públicos se le pueda conceder la casa por cárcel, la libertad condicional o la vigilancia mediante dispositivos electrónicos. Y quien tiene antecedentes tampoco puede contratar con el Estado”, afirmó.

Quienes promueven la Consulta reconocen que están abolidos los subrogados penales, pero que, pese a ello, la inmensa mayoría de los corruptos sigue gozando de beneficios en guarniciones militares y con tratos preferenciales.

Lea también: ¿A qué hora se conocerán los resultados de la Consulta Anticorrupción?, habla el Registrador

3. La obligatoriedad de todas las entidades públicas y territoriales de utilizar pliegos tipo al momento de celebrar todo tipo de contratos.

Los pliegos tipo ya están establecidos en el Artículo 4 de la Ley 1882, de enero 15 de 2018, por lo que no tiene nada nuevo, aseguró Jesús Marino Ospina, presidente del Instituto Colombiano de Contratación Estatal. “Se otorgó un plazo seis meses al Gobierno para reglamentar los pliegos tipo y no lo hizo el expresidente Santos” por lo que le correspondería al Gobierno Duque.

“Pero es válida la pregunta que se hacen quienes argumentan que si ya existen las leyes, por qué sigue la corrupción. Infortunadamente vivimos en un país donde el problema no es de falta de leyes ni de reglamentación, sino de ejecutarlas como debe ser”, señaló Ospina.

Los defensores de la Consulta dicen que los pliegos solo rigen en obras de infraestructura nacional, pero el titular del Instituto Colombiano de Contratación Estatal respondió que la Ley 1882 también facultó al Gobierno para adoptar pliegos tipo en otras modalidades de contratación o procesos de selección.

4. La obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados tengan la posibilidad de decidir sobre el desglose y priorización del presupuesto de inversión nacional, regional y departamental.

Esta pregunta, según el abogado Jesús Marino Ospina, presidente del Instituto Colombiano de Contratación Estatal, resulta inocua por varias razones. Entre ellas el carácter tan técnico que demanda ese tipo de documentos, que no es de fácil acceso para la gente y que de aprobarse resultaría inaplicable.

“Si esa pregunta es aprobada, va a ser un saludo a la bandera porque será una norma completamente inaplicable porque la elaboración de un presupuesto es un proceso de carácter muy técnico y en el que el ciudadano del común, incluso abogados y legisladores, no tienen ni idea de cómo se estructura. Ahora, podrán invitar a la gente, pero serán unos convidados de piedra porque de seguro le van a meter los dedos a la boca”, aseguró el abogado Jesús Marino Ospina.

Los defensores señalan que es el punto más revolucionario porque el Presupuesto de Inversión Regionalizado no tiene reglas ni tiene trámites ni control y lo que busca es que se desagregue por prioridades y se apruebe en público el presupuesto de esas regiones y esto cambia la política porque con esto se acaba definitivamente la ‘mermelada’.

5. Que los Congresistas y demás corporados tengan la obligación de rendir cuentas anuales sobre su participación y gestión tanto de interés público como particular, por ejemplo, en gestiones realizadas para presentar candidatos a cargos públicos.

Aunque a los congresistas hoy nada los obliga a dar cuentas sobre su gestión, para todo senador o representante a la Cámara es motivo de orgullo darle un parte a sus electores sobre las partidas que consiguió para una carretera, un colegio o un hospital; o si presentó o respaldó un proyecto para beneficio de su región.

“Eso no tiene ningún efecto en la lucha contra la corrupción. En las rendiciones de cuentas que hacen las entidades del Estado se esfuerzan por sacar en los canales nacionales y en los periódicos que hicieron maravillas; nunca van a hablar de sus ineficiencias y de sus ineptitudes, ni de lo que han perdido, sino que van a decir que han hecho grandes cosas y lo mismo van a hacer los congresistas”, aseguró el analista y politólogo Ancízar Marroquín.

Sin embargo, los defensores de la Consulta insisten en que cuando la información es estandarizada, la gente puede saber quiénes son los congresistas y que cuando se haga pública la información y los conflictos de intereses de cada uno de ellos se pueden identificar, incluso, posibles redes de testaferrato.

6. Que todos los funcionarios que son elegidos por voto popular tengan la obligación de hacer público sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo. Y que dado el caso, se inicie de oficio las investigaciones penales correspondientes y aplicar extinción de dominio cuando haya lugar a ello.

La propuesta, según el analista y docente Diego Luis Sánchez, tiene una enorme carga de ingenuidad porque además de que ya toda persona para posesionarse debe presentar declaración y llenar el formato del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien se beneficia ilegalmente de recursos públicos no tiene propiedades a nombre suyo.

“Los corruptos y delincuentes de cuello blanco nunca van a responder con su patrimonio porque los dineros producto del ilícito quedan a nombre de testaferros a los que el Estado jamás llega”, indicó Sánchez.

7. Establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas, los Concejos y las Juntas Administradoras Locales.

Esta propuesta, de acuerdo con el exfiscal general Francisco José Sintura, nada aporta a la lucha contra la corrupción porque no incide el tiempo en un cargo y es inconstitucional porque la Carta Magna no establece límites para los cargos de elección popular.

“Para limitar a que una persona pueda ser elegida por determinados periodos en un cargo de elección popular se requiere una reforma constitucional. Eso es puramente jurídico y normativo; pero como están planteadas las preguntas, no van a tener ningún efecto”, aseguró Sintura.
Los promotores dicen que esta propuesta es más un tema de justicia.

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