Los dramas que dejó el desplome del ascensor del Palacio de Justicia

Eran amigos de infancia. Esa tarde del 15 de agosto, Álvaro León Barros Vigna y Hernán Lozano Badillo fueron al Palacio de Justicia de Cali a interponer una tutela para que la EPS le autorizara un examen médico a Álvaro León. Hernán, que era abogado, además, iba a revisar otros procesos.

A las 2:50 p.m., Beatriz Barros Vigna, hermana de Álvaro León, recibió un mensaje por WhatsApp, de que estaban atascados en un ascensor en el piso 10 del Palacio de Justicia. “Estoy tranquilo, la meditación me ha servido”, le comentó en uno de los mensajes que intercambiaron.

Patricia Gallo, la esposa de Álvaro León, recibió un mensaje similar: “llevamos 35 minutos atrapados en un ascensor”. Ambas le contestaron con el supuesto de que pronto desatascarían el aparato y saldrían. Temprano les había comentado a cada una que no iría a la casa, donde se reunían a diario a almorzar con su señora madre, Inés Vigna de Barros, una costumbre de toda la vida. Lucila, la otra hermana, vive en Francia.

Ambas volvieron a sus ocupaciones y las 5:00 p.m., Patricia se extrañó de no encontrarlo en la casa donde habían quedado de reunirse para las clases de meditación. Lo llamó al celular y le respondió una enfermera del Centro Médico Imbanaco. Le dijo que a su esposo lo estaban operando, por el desplome del ascensor. Llamó a Beatriz y corrieron allá, pero a las 7:55 p.m. les anunciaron que falleció.

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A este dolor, se les sumó el de darle la noticia a su señora madre, que anda en los 90 años de edad. Recurrieron a un asesor espiritual al día siguiente. A partir de allí, doña Inés entró en un mutismo total.

Para paliar el dolor y tomar distancia física, Beatriz decidió irse con su mamá a París, a visitar a su hermana Lucila con el pretexto de conocer al nuevo bisnieto de doña Inés. “Estuvimos mes y medio allá, pero acabamos de aterrizar en Cali y mi mamá tiene una depresión muy fuerte”, se lamentó Beatriz. Todos los días pregunta por su hijo, si va a ir a almorzar con ella como era costumbre. Se acerca a su clóset, huele su ropa y pregunta: ¿Cuánto tiempo fue que Dios me lo prestó? “61 años, mamá”, le responde Beatriz.

La tarde fatídica del 15 de agosto, Hernán Lozano Badillo, abogado y amigo de infancia de Álvaro León Barros, fue remitido al Hospital Universitario del Valle, HUV, con múltiples fracturas. Ha sido sometido a diez cirugías: una de columna, porque se le estallaron las vértebras L3 y L4 (cintura), otra de un pulmón perforado por las costillas rotas, seis en las piernas que se le destrozaron, y otras en los brazos. Solo dos meses después se deshinchó y el miércoles pasado aún le hicieron un procedimiento en los talones, donde recibió todo el impacto del golpe.

Pero el impacto emocional ha sido más fuerte. Hernán es abogado litigante y deportista consagrado y los casi tres meses de hospitalización en el HUV, “donde lo reconstruyeron, gracias a Dios y a los médicos”, le ha dejado una profunda depresión, al verse reducido a la cama, dice su hermano Darío Lozano Badillo.

Su estado emocional no le ha permitido avanzar en la fisioterapia y por ello aún no ha podido volver a caminar. Aún no sabe que su amigo Álvaro León falleció en ese accidente, pues se consideró que esa noticia sería fatal para su proceso de rehabilitación. Hernán aún no se recupera de esa caída que lo tuvo al borde de la muerte. Razones por las cuales su esposa, María Cecilia Ángel, dijo a El País que aún él no se siente bien para atender a la prensa.

Pero lo que más indigna a Darío, es que “nadie del Palacio de Justicia ha venido a ver cómo está mi hermano, son de una indolencia y de una negligencia, que hasta ahora nadie se ha inmutado por él”, denuncia.

Adriana Garcés Vinasco también acudió al Palacio, esa fatídica tarde, a interponer una tutela para reclamar a la EPS unos beneficios que requería su madre, de avanzada edad, según las pocas declaraciones que dieron sus hermanos Alfredo y Jaime Garcés a El País.

La acompañaba su esposo Luis Alberto García, quien falleció el mismo día. Pero Adriana apenas se enteró hace una semana, dos días antes de salir del Centro Médico Imbanaco, luego de dos meses y medio de hospitalización. “El médico pidió que le reserváramos esta noticia, porque podía afectar su estado anímico y su recuperación”, dijo su hermano Jaime.

Las seis personas que subían en el ascensor recibieron todo el impacto de un ascensor que se descuelga con todo su peso desde el piso 10 hasta el fondo del edificio. Las mayores afectaciones fueron en la columna, la pelvis, las piernas.

Adriana, por ejemplo, fue sometida a más de 25 cirugías, una de columna y las demás en las piernas. Al final, los daños en la extremidad izquierda fueron irreversibles y fue necesario amputarla.

Ella y su hija única, estudiante universitaria, viven un doble duelo por lo cual aún no se siente en condiciones de dar entrevistas, dijo su familia que la rodea con su afecto y cuidados.

Darío, Beatriz, Patricia y otros familiares coinciden en su deseo de que las investigaciones hagan justicia. “Esto es una mezcla de sentimientos: uno acepta una muerte por accidente, pero no por burocracia, por negligencia, por corrupción. Este dolor está mezclado con indignación, y además de dos fallecidos, hay cuatro personas de las que no se sabe en qué estado de salud van a quedar”, reclamó Beatriz.

Helmer Montaña, abogado que instauró demanda penal, en representación de la familia de Álvaro León Barros, declaró a El País que la Fiscalía General de la Nación está recaudando elementos probatorios y “peritos expertos en física e ingeniería están examinando el histórico de daños de los ascensores del Palacio de Justicia e instalación de los mismos, pues los compraron y no eran los adecuados, eran más grandes que el espacio donde serían instalados, y tomaron la decisión de modificarlos artesanalmente, lo cual pudo causar un daño estructural”, denunció el penalista.

El litigante informó que hay una investigación sobre el proceso de contratación “por la mala calidad de los ascensores, no estaban en capacidad para prestar el servicio, sabemos que no funcionaba el sistema de frenado, eso fue una ruleta rusa y lo quieren cubrir con manto de impunidad”.

Además, dijo, se ha abierto un proceso disciplinario en el que hay otra investigación de la Procuraduría General para buscar la responsabilidad de los funcionarios comprometidos en la compra e instalación de esos ascensores.

“Para las víctimas es ofensivo e inexplicable que la directora seccional, Clara Inés Ramírez Sierra, siga en el cargo y no se le haya suspendido, pese al evidente pésimo mantenimiento de los ascensores”, reclama Montaña.

Liliana María Urrego Cruz, directora ejecutiva seccional judicial Valle (la titular está incapacitada) desvirtuó esta apreciación. “El proceso de contratación y compra de los ascensores la hizo en Bogotá la Dirección Ejecutiva Nacional, cuyo titular, en el 2011, era Diógenes Villa Delgado. A la directora titular le entregaron los ascensores instalados en 2014. Los de la Unidad de Infraestructura (en Bogotá) son los que deben rendir cuentas”, declaró.

También aclaró Urrego que la Dirección ha hecho el acompañamiento a los familiares de los afectados para que reciban la atención en salud por parte de la aseguradora y puso de ejemplo a Nayibe Rodríguez Espinosa. “Es una situación difícil y no es fácil llegarles”, dijo, y aclaró que “solo una persona ha traído parcialmente los documentos, el resto de los afectados no han traído la documentación a la aseguradora”.

La funcionaria añadió que desde ese 15 de agosto, “la Fiscalía asumió la investigación penal sobre la responsabilidad; la Dirección Ejecutiva ha entregado a la Fiscalía y a la Procuraduría la documentación, incluidos los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores”, que según ella, se hizo debidamente desde 2014.

Sobre la responsabilidad, agregó que “todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Responsabilizan a la directora Ramírez, porque ella es la cara visible de la Dirección Seccional y es muy fácil decir ‘ella era la que estaba allí, ella es la culpable’, pero todo se dirigió desde Bogotá”, recalcó.

Al cuestionamiento sobre porqué la Directora ni ningún funcionario ha sido separado del cargo, Urrego aclaró que no puede ser así porque no hay aún una responsabilidad legal penal (Fiscalía) ni disciplinaria (Procuraduría).

“Para ello debe agotarse el proceso, que puede terminar con el archivo del expediente o con sanción disciplinaria (suspensión o destitución), pero mientras no obre, no puede ser separada del cargo porque se le estaría violando el debido proceso”, dijo la Directora (e).