Las 'fuerzas oscuras' detrás del vandalismo contra el MÍO

Los atentados incendiarios y a punta de piedra contra los buses articulados, padrones y alimentadores del Sistema de Transporte Masivo, MÍO, se han convertido en una constante. Tanto, que muchos usuarios viajan con miedo en esos vehículos. Ese temor es evidente al despuntar el día, o al anochecer, mientras estos recorren ciertos sitios neurálgicos, en especial del oriente de Cali, donde hay poca o ninguna vigilancia de la Policía.

Tal es la magnitud del problema que entre uno y tres automotores de las empresas concesionarias son blanco cada 24 horas de actos vandálicos con riesgo a pasajeros y conductores.

Eso lo confirma Guillermo Ramírez, gerente de Unimetro, quien asegura que “no hay día en que no sucedan estos ataques, los cuales están afectando gravemente la operación y sostenibilidad de este servicio público esencial en la ciudad”.

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Se trata, sostiene, de “ataques sistemáticos, crecientes y focalizados. Es una especie de guerra de guerrillas hacia el MÍO en la que una o dos personas aparecen de repente y lanzan objetos contundentes a los automotores y luego desaparecen”. Por estos hechos, ya se han interpuesto denuncias penales en la Fiscalía para capturar a los responsables.

Entre el 28 de abril y el 24 de agosto del 2021 han sido vandalizados 345 buses, según los operadores. Metrocali habla de 332. Eso ha causado vacíos en el cubrimiento de las 71 rutas, de las 69 habilitadas. Los daños han sido así: al concesionario GIT le han atacado 130 buses; a Blanco Negro, 125; a ETM, 47 y a Unimetro, 43. Cabe recordar que durante las violentas protestas entre abril y junio fueron incineradas y semidestruidas el 90 % de las 55 estaciones y 5 terminales del sistema y 18 automotores corrieron igual suerte.

Es tal el grado de indefensión del parque vehicular del MÍO, que solo entre el 15 y el 17 de agosto hubo una arremetida hacia 10 buses a los cuales les rompieron ventanales y vidrios panorámicos. En uno de estos últimos hechos un conductor resultó lesionado, luego de que un motociclista, en una actitud calificada como premeditada, invadió el carril del MÍO para lanzar un ladrillo a un bus padrón y huir, no importando que llevara pasajeros.

Ante estas circunstancias, la Policía Metropolitana creó un grupo especial para vigilar las vías por donde rueda el sistema. Sin embargo, algunos concejales consideran que es una medida bien intencionada, pero los riesgos para la flota de buses son latentes, tanto que 24 horas después del anuncio policial, tres buses fueron atacados.

Quiénes están detrás de esos actos vandálicos es el interrogante que se hacen los caleños que añoran como utilizaban este sistema de transporte sin mayores complicaciones, aunque años atrás el MÍO también ha sido objeto de agresiones, pero no de la magnitud de las actuales.

“El MÍO está colapsado por donde se le mire”, asegura el concejal Juan Martín Bravo, al denunciar que “las autoridades han sido permisivas, hasta podría decirse cómplices, de su destrucción sistemática, pues no ha habido protección ni de la Unión Temporal de Recaudo y Tecnología, UTRI, ni de la Administración Municipal”.

En su concepto, aumentar el pie de fuerza policial no será una solución definitiva, “porque primero hay que investigar dónde están las manos oscuras, pues los ganadores son los del transporte ilegal” y considera urgente judicializar a los responsables y “que los caleños recuperen el civismo y el sentido de pertenencia y que no sigan con odio hacia el MÍO”.

De acuerdo con cálculos de los mismos operadores, la pérdida total de un bus articulado y su reposición por uno nuevo se estima en $1200 millones, mientras un padrón vale $700 millones y el costo de un alimentador se estima en algo más de $300 millones.

Cuando se trata de un conjunto de daños a ventanales y vidrios panorámicos, su reposición puede valer hasta $10 millones. Lo peor, anota Guillermo Ramírez, gerente de Unimetro, “es que cuando un bus vandalizado sale de servicio, hay alteración de rutas y se perjudican miles de usuarios”.

A la fecha los actos de vandalismo contra los buses podrían costarle a la ciudad unos $15.200 millones, sin tener en cuenta las reparaciones de las estaciones, que oscilan entre $30.000 millones y $55.000 millones. Si se incluyen todos los daños, sumarían más de $70.000 millones. “No comparto destinar $30.000 millones, cuando ese valor puede ser cubierto por las pólizas de seguros”, recalca el concejal Bravo.

Por su parte, el también cabildante Juan Pablo Rojas destaca que “el MÍO va de mal en peor, mientras los usuarios se quejan de las demoras en las rutas y por eso prefieren un carro ‘pirata’ que los lleve hasta sus casas”.

Frente al vandalismo y los problemas financieros, el concejal afirma que “el sistema está colapsado, pero detrás de los ataques hay algo de fondo, por lo que el grupo especial de la Policía no servirá de nada, mientras los vehículos ilegales organizan rutas y zonas, al igual que sucedió hace tres décadas con los camperos y las gualas”.

En tal sentido, el concejal Roberto Ortiz precisa que “hay fuerzas criminales y oscuras pretendiendo acabar con el MÍO, para hacerle el favor a los intereses de algunos. Se trata de grupos que no le han copiado al alcalde Ospina sobre su iniciativa del diálogo. Otras son personas patrocinadas por disidencias y bandas delictivas”.

Igualmente, el excandidato denuncia que “hay amigos cercanos a la Administración Municipal dispuestos a vincular al sistema entre 300 y 400 buses eléctricos para reemplazar los de la flota vieja y acabar la empresa, en vista de que los contratos con los operadores son a 20 años”.
Renegociar o liquidar

La esperanza para la recuperación financiera del sistema es un Plan de Salvamento, pero sus bases aún no están definidas. Se habla de recursos de la Nación, más un empréstito de Findeter. Esos dineros permitirían superar las pérdidas del MÍO, que hoy llegan a los $200.000 millones. El sistema está desfinanciado hasta diciembre, mientras Metrocali adeuda a la fecha siete quincenas a los operadores, más los dineros del Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda, Fesde.

Algunos sectores han planteado hasta una liquidación del sistema, que no sería fácil, ya que se vendrían millonarias demandas de los operadores contra el Gobierno local. La caducidad de esos contratos le costaría entre $2 billones y $3 billones al fisco, por lo que no es una alternativa viable, dice el concejal Ortiz.

Otra opción es renegociar los contratos con las empresas concesionarias, que incluyen entre otras cosas, el pago por pasajero movilizado y no por kilómetro como está hoy, con lo que se aliviarían los costos de operación. La fórmula está sin resolver.

En tal sentido, el cabildante señala que “con ellos ha sido muy difícil, toda vez que los concesionarios no han querido plantear una renegociación de sus contratos, a pesar de que la empresa está bajo Ley 550”.

Finalmente, la concejala Diana Rojas afirma que no hay voluntad política de la Administración Ospina, que “está dejando morir al MÍO, ya que no es su prioridad, pues luego de tres meses de destrucción se siguen repitiendo acciones sistemáticas y vandalismo desde algunas comunas, a la vez que no existen acciones contundentes y de fondo para lograr su rehabilitación”.

Recalca que el “llamado plan de choque anunciado sigue sin operar y es parte de una gestión poco técnica que más bien está dirigida a asfixiar al sistema, mientras se carece de un presidente idóneo para dirigir su recuperación”. Por ello, el MÍO rueda entre líos financieros y con sus buses expuestos diariamente al vandalismo.

Metrocali está adelantando la reparación de sus estaciones. 39 están de servicio, mientras otras acusan abandono, al punto de que están siendo desmanteladas por habitantes de calle, como sucede con la de Paso del Comercio, ubicada en una de las zonas más conflictivas durante el paro.

Es un trabajo, afirma Mauricio Venté, vocero de la liga de usuarios del MÍO, que “va a paso de tortuga, pues muchas de las estaciones están inoperantes, y siguen hasta tomadas por ciertas personas, como la de Meléndez”.

Las estaciones Popular, Chiminangos, San Bosco, El Trébol, Siete de Agosto, Santa Librada, Meléndez, Buitrera, Univalle, Conquistadores, y Terminal Paso del Comercio y Terminal Calipso, sufrieron las peores afectaciones al ser incineradas. Le siguen los daños a las de Petecuy, Sucre, Fray Damián, San Pascual, Belalcázar, Floresta, Atanasio Girardot, Chapinero, Lido, Capri, Villanueva, Nuevo Latir y Menga.