¿La reforma política afectará las elecciones regionales?, esto dice la MOE

Gracias por hacer parte de El País.

Queremos que sigas disfrutando de los mejores contenidos.

¿Aún no tienes suscripción digital con El País?

Suscríbete aquí

¿Ya eres un suscriptor digital de El País?

INICIA SESIÓN

¿La reforma política afectará las elecciones regionales?, esto dice la MOE

Septiembre 30, 2018 - 01:16 p.m. Por:
Olga Lucía Criollo - Reportera de El País
Alejandra Barrios, directora de la MOE

Alejandra Barrios, directora de la MOE

Colprensa

Si las elecciones a la Alcaldía de Cali fueran hoy, el candidato que quedara en segundo lugar, al igual que ocurrió en las presidenciales, automáticamente obtendría una curul en el Concejo. Pero si, como aconteció con Gustavo Petro —y como parece que será la constante en la capital del Valle— ese aspirante se presenta a través de firmas, no podría ser el jefe de la oposición en la ciudad.

La razón es que los grupos significativos de ciudadanos —como Colombia Humana— no están cobijados por el Estatuto de la Oposición que ya se estrenó en los comicios nacionales, pero que también se aplicará en los regionales del próximo año sin que aún se haya terminado de reglamentar.

Es por eso que para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, tan preocupante como varios de los puntos incluidos en la reforma política que se empezó a discutir esta semana en el Congreso es que no se tengan reglas claras sobre cuestiones que ya se están aplicando, tales como la financiación de las campañas recolectoras de firmas.

¿Qué aspectos de la reforma política que se está discutiendo en el Congreso tendrán incidencia directa sobre las elecciones regionales?

Hay decisiones que hay que tomar, que son urgentes. La primera es la que tiene que ver con los grupos significativos de ciudadanos. Sino, el próximo año vamos a tener una eclosión de ellos, no van a ser controlados financieramente y van a adelantar las elecciones un año, pues ellos, a diferencia de los partidos, pueden salir a recoger firmas y esa es una forma de campaña anticipada.

Lo otro es que el próximo año ya vamos a tener coaliciones tanto para Asamblea como para Concejo (hoy solo están admitidas para Alcalde y Gobernador) y eso puede terminar generando un comportamiento de bancadas que no siga patrones de partidos políticos.

En el caso de Cali, la mayoría de los candidatos han dicho que se irán por firmas...

Es un tema que se complejiza porque ese tipo de representaciones y de alianzas políticas no se ha resuelto. Hoy tenemos la misma regla: quien quede en el segundo lugar para la Alcaldía o la Gobernación entra inmediatamente al Concejo o la Asamblea, pero si es un grupo significativo de ciudadanos no entra en el Estatuto de la Oposición, cuando sería el jefe de la oposición en ese departamento o municipio.

Entonces, lo que planteamos es: hay propuestas muy interesantes en la reforma política, pero no nos están solucionando los problemas que ya se van a presentar en las regiones con grupos significativos de ciudadanos multiplicados por tres, a los que nadie les está verificando la financiación y con territorios, como Cauca, Nariño y algunas zonas del Caribe, donde se ha incrementado la siembra de cultivos ilícitos y elección local tras elección local vemos que los recursos de la ilegalidad ponen y quitan alcaldes y modifican concejos municipales.

¿O sea que el Estatuto de la Oposición trajo más problemas?

No, el Estatuto nos está dando un cambio completo. Por ejemplo, los partidos que se declaran en oposición, que tradicionalmente estaban condenados a caminar solos en el desierto, van a tener recursos adicionales para poder mantener ese ejercicio y mayor acceso a los medios de comunicación del Estado, además de un día para poder hacer los ejercicios de control político de debate y el derecho a réplica.

Lo que sucede es que Colombia tiene una democracia muy joven, que tuvo un gran ajuste en 1991, así que estamos terminando de inventar nuestro sistema electoral. Hoy podemos seguir preguntando, por ejemplo, dónde están las mujeres y cuál es la capacidad de representación de Vichada, Guainía, Casanare, Vaupés, Amazonas, porque antes del Acuerdo de paz la guerra era una cortina demasiado pesada y la democracia no estaba pasando por muchos territorios del país.

Pero hasta ahora Gustavo Petro no se podrá acoger a él...

Ese caso nos presenta un debate muy fuerte sobre la manera cómo estamos haciendo reformas políticas sin tener en cuenta todas las aristas del problema. Aquí se hizo una reforma muy importante, pero no se miró los grupos significativos de ciudadanos.

Hoy tenemos una fuerza muy potente, de más de ocho millones de votos, en el Congreso de la República, que no tiene personería jurídica ni posibilidad de presentar candidatos el próximo año, así que vale la pena que veamos cuál es el papel que va a jugar la oposición si va por grupos significativos de ciudadanos y si es así, si tiene derecho a la personería jurídica o no, o acabamos esa figura o la evitamos para cargos tan importantes como la Presidencia la República.

Ustedes también han planteado un debate sobre quién debe ser el dueño del software que maneja la Registraduría, ¿por qué?

Para la MOE es importante que el Estado sea el dueño de los diferentes softwares, el de selección de jurados de votación, el de autorización de testigos electorales y el de escrutinios, que son varios en uno solo. Nosotros estamos yendo a elecciones cada quince días, de autoridades o de algún tipo de consulta ciudadana, y necesitamos conocer de manera cierta, con información entregada por la Registraduría, de qué costos estamos hablando, qué significa comprar el software y mantenerlo o tener que estar alquilándolo para cada elección. Tener información inteligente nos permite tomar decisiones inteligentes, pero hoy tenemos la mitad de la información.

¿Y cuál es la mitad que falta?

Es poder tener toda la información del procesamiento de los datos cuando hacemos los escrutinios, es decir, del conteo real de los votos. Incluso al Mira, que puso una demanda y acaba de poner otra frente a este proceso electoral, tuvo que hacer el ejercicio porque no hay información confiable para que el Consejo de Estado tome la decisión de si hubo fraude o manipulación de votos ya sea por error o intencional. No poder contar con eso nos está llevando a que los procesos allí se demoren tres años y medio, y luego terminamos con un Congreso que es diferente al que se posesionó. Ya nos ha pasado eso cuatro veces y parece que vamos para la quinta.

El CNE que se acaba de posesionar ha prometido que se autorreformará. ¿Cree que tiene las herramientas para eso?

El único mecanismo de reforma estructural es a través de una reforma política, y eso se hace por medio del Congreso de la República, no hay otra. Tener un Consejo Nacional Electoral que está dispuesto a dar el debate sobre los alcances de esa reforma es fundamental y es muy importante hacerlo en el primer año. ¿Qué vacío vemos? No hay una propuesta complemente integral. Estamos viendo una que tocaría trabajar, pero que va en el sentido correcto de avanzar hacia una corte o un tribunal nacional y tendríamos que ver cómo logramos ajustar el CNE para que pueda ser un órgano de control tanto de los partidos como de la Registraduría Nacional.

Además de la reforma política se está hablando de otra electoral, ¿cuál es la diferencia?

Son dos proyectos distintos. Lo que normalmente se discute en el Congreso es la reforma política, que es donde los partidos y los congresistas se sienten muchos más cómodos: es la discusión de las reglas de juego de la democracia.

La reforma electoral hace más referencia al Código Electoral y hay unas propuestas muy interesantes del Mira, uno de los partidos que más conoce del tema porque lo ha sufrido. Tenemos que avanzar en cómo se hace el proceso de escrutinios, el papel de los jurados, si tiene que haber claveros o no, cómo es el procedimiento de conteo de votos, de transmisión de información. Son temas muchísimo más técnicos, por eso menos interesantes para el debate electoral, pero fundamentales para la credibilidad de los resultados.

Ahora que se está hablando tanto de corrupción, ¿cómo ve la reforma política en ese aspecto?

En muchísimos temas que tienen que ver con corrupción, lamentablemente terminan apareciendo congresista, empresa privada y un mandatario local o un enlace local. Entonces, todo lo que tiene que ver con la selección objetiva de candidatos, mecanismos de vigilancia y control de los partidos y autoridad electoral termina influyendo directamente en si vamos a tener un sistema político que permita tener mayores medidas de transparencia para los mandatarios locales, pero además necesitamos una justicia pronta y oportuna: no es posible seguir esperando 3, 4, 5 años para que se falle entorno a un candidato que compró votos o a que haya vencimiento de términos.

Frente a un mandatario destituido por un presunto hecho irregular: o se le respeta su honra y se toma una decisión rápida, o se aplica la justicia y se le impone la sanción.

¿Y cómo ve el paquete anticorrupción?

Entre reformas políticas y las anticorrupción tenemos 40 propuestas en las que es importante reconocer que se incluyen muchas de la Consulta, pero hay un debate muy grande en el interior del Congreso frente a dos medidas: la de los límites al periodo y los sueldos de los congresistas. Además del debate externo sobre si es conveniente o no, internamente lo que hemos visto es que no hay consenso.

A propósito, dice usted que actualmente hay un trancón legislativo...

Tenemos más o menos 41 proyectos que entraron al Congreso de la República no solo desde el Ejecutivo sino por iniciativa de los diferentes partidos. Estamos en septiembre y a dos meses de que termine este primer período legislativo, así claramente las bancadas tienen que organizarse y el Gobierno también tiene que priorizar sus proyectos porque sino no van a poder con el trancón legislativo y vamos a terminar en diciembre con la mayoría de los proyectos a mitad de camino y eso termina siendo un mal referente cuando acabar de pasar una Consulta que nos está diciendo que hay que tomar medidas serias contra la corrupción.

Consultas populares

¿Qué sería los más ‘perverso’ de esta reforma?

“Lo más perverso es un artículo que se está discutiendo para el presupuesto y es la eliminación de las consultas populares vía exigencia a municipios y departamentos de que ellos asuman los costos. Esto significa que una revocatoria de mandato tiene que ser asumida por el Municipio y eso no va a pasar nunca, así que por vía estaríamos acabando literalmente con varios mecanismos de participación, sobre todo en el nivel local, porque los nacionales los sigue financiando la Registraduría”.

Conecta con la verdad. Suscríbete a elpais.com.co
VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad