La Ley de Amnistía con la que buscan superar la crisis de Nicaragua

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La Ley de Amnistía con la que buscan superar la crisis de Nicaragua

Junio 08, 2019 - 07:45 a.m. Por:
Agencia EFE
Nicaragua Crisis

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional de Nicaragua tienen como misión resguardar las principales avenidas de la ciudad de Managua y otras ciudades para evitar posibles protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que insiste en llamar a la “reconciliación”.

Agencia EFE

El Gobierno de Nicaragua envió una propuesta de Ley de Amnistía al Poder Legislativo, para absolver de responsabilidad a quienes han cometido delitos en el marco de la crisis sociopolítica que se inició en ese país el 18 de abril de 2018.

Todo comenzó por las protestas que se programaron ese día para rechazar las reformas al sistema de seguro social promovidas por el gobierno del presidente Daniel Ortega, manifestaciones que dejaron centenares de muertos, entre policías, trabajadores del estado, además de torturados.

El gobierno, entonces, solicitó el viernes que el proyecto de Ley de Amnistía sea discutido “con carácter de urgencia” en la Asamblea Nacional (Parlamento), cuya directiva, compuesta por oficialistas, citó a los representantes de los partidos políticos para que se presentaran ayer, un día de trabajo poco usual para los diputados en Nicaragua.

La Ley de Amnistía no solamente tiene como objetivo absolver a las personas acusadas de cometer “delitos políticos” desde el estallido social de abril, sino también a las que no han sido investigadas, o que tienen procesos penales.

La amnistía que propone el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordena a las autoridades a que no inicien procesos de investigación sobre delitos cometidos en el marco de la crisis, pero además que cierre las causas administrativas y penales, y se abstengan de ejecutar sentencias.

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Adicionalmente, propone cancelar los antecedentes penales de las personas beneficiadas con la amnistía, incluyendo “delitos políticos y comunes conexos”.

Finalmente, la Ley de Amnistía ordena a que los beneficiados no participen “en conductas repetitivas generadoras de delitos políticos”.

El proyecto se presentará ante la Asamblea Nacional a 9 días de que se cumpla el plazo en que el Ejecutivo prometió dar libertad absoluta a cerca de 800 presos políticos, aunque esta semana afirmó que únicamente les aplicaría excarcelación.

También sale a luz a pocas semanas de que Estados Unidos y la Unión Europea ejecuten sanciones contra Ortega y sus allegados en caso de que este no demuestre voluntad para respetar los derechos humanos, castigos que su Gobierno ha insistido en que no se le apliquen.

El gobierno invitó a retornar a decenas de miles de personas que huyeron al exilio, y que en su mayoría alegan ser perseguidas por el Gobierno.

Se oponen a la Ley

De otro lado, diversos movimientos opositores, entre ellos el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, así como sus abogados, se han opuesto a una Ley de Amnistía porque consideran que “protestar contra un presidente no es delito”.

Los opositores creen que la Ley de Amnistía en realidad busca beneficiar a cientos de policías y paramilitares que han matado, secuestrado o torturado a los manifestantes, desde que comenzó la llamada "insurrección cívica" contra Ortega.

La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 594, y el Gobierno reconoce 199.
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Ortega como responsable de crímenes “de lesa humanidad” durante la crisis.

Instalan comisiones de paz

Por su parte, el Gobierno de Nicaragua anunció que a diario instala entre 6 y 7 comisiones de paz, cuyo objetivo es atender a las víctimas oficialistas de la crisis sociopolítica, dijo el diputado sandinista Carlos Emilio López.

En un informe presentado por López ante la delegación del Gobierno en la mesa de negociaciones para superar la crisis, el diputado afirmó que el Ejecutivo ha instalado 879 comisiones de paz, cuya ley creadora fue aprobada el 24 de enero pasado.

Las comisiones de paz son una propuesta del Gobierno ante la crisis sociopolítica, pero su principal crítica es que solo atienden a oficialistas, cuando el mayor número de víctimas está del lado de los opositores.

Las comisiones se desprenden de la ‘Ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz’, aprobada por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional el 24 de enero pasado.

Según esta ley, las comisiones deben tener miembros en la familia, escuelas, religiones, comunidades, centro de trabajo y medios de comunicación, además el Gobierno ya había establecido sus propios integrantes en cada institución.

"En el Gobierno
nos hemos declarado
en sesión permanente por la reconciliación, la paz, la seguridad, el reencuentro, el trabajo, la fe y la vida",
Rosario Murillo,
vicepresidenta del Gobierno de Nicaragua.

El diputado sandinista Carlos Emilio López afirmó que las “comisiones de paz ya están establecidas en los 15 departamentos (provincias) y 2 regiones autónomas del Caribe”.

Entre las instituciones que coordinan las comisiones está la Policía Nacional, señalada por organismos defensores de los derechos humanos locales e internacionales de supuestamente cometer crímenes de “lesa humanidad” contra los nicaragüenses que rechazan a Ortega.

Por lo pronto, el Gobierno de Nicaragua se declaró desde este viernes “en sesión permanente por la reconciliación”.

También prometió el respeto por la Constitución y las leyes, una tarea que según organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, le señalan como pendiente.

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del Gobierno en las negociaciones para encontrar una salida a la crisis, ha insistido en que el Ejecutivo ha firmado más de una veintena de compromisos en dichas pláticas, “que hasta ahora no ha cumplido”.

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