Investigan sospechoso cambio en el uso del suelo en Buga

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Investigan sospechoso cambio en el uso del suelo en Buga

Julio 28, 2019 - 07:55 a.m. Por:
Unidad Investigativa
Lote Buga

El lote que habilitó el Concejo en el 2010 para vivienda, de algo más de cuatro hectáreas, está ubicado dentro de la zona industrial de Buga.

El País

El inicio de las obras de un proyecto de vivienda localizado cerca al horno crematorio del Cementerio de Buga, en la zona industrial de la ciudad, dejó al descubierto una presunta irregularidad que involucra a la Alcaldía y el Concejo de la Ciudad Señora en el periodo 2008-2011.

Si bien la discusión se ha centrado en el otorgamiento de licencia a la constructora Valle Real, en mayo del 2018, para edificar 100 viviendas de interés social, de 336 que componen la Urbanización Acuarelas del Valle, lo que revisa el Tribunal Contencioso Administrativo es la forma cómo el Concejo habilitó en el 2010 ese único lote para vivienda.

De acuerdo con la norma, para hacer la modificación del uso del suelo se debió concertar con la autoridad ambiental un plan parcial, pero en este caso el Concejo y la Alcaldía tomaron la decisión sobre un estudio de viabilidad de la CVC que no existe.

Fue solo hasta que se socializó el proyecto de vivienda, a través de la Curaduría Urbana, en mayo del 2018, que las empresas establecidas en la zona industrial y la misma autoridad ambiental se enteraron de la decisión que adoptó el Concejo 9 años atrás.

El autor de la iniciativa, el exconcejal Carlos Alberto Ramírez, le aseguró a El País que el único interés que tuvo, “viendo que la disponibilidad de lotes para vivienda son más bien escasos, es que la antigua cancha de San Juanito, se cambiara de uso industrial a residencial porque había un déficit de unas 3000 viviendas de estrato 3”.

Sobre el estudio de viabilidad de la CVC que no hubo, el exconcejal aseguró que “como ponente no soy la persona que recolecciona los documentos requeridos; pero al proyecto se le dio aprobación y cumplió todas las condiciones porque además de la aprobación del Concejo fue a la Gobernación y pasó todos los controles de legalidad”.

No obstante, María Fernanda Victoria, directora territorial de la DAR Centro Sur de la CVC desmintió esa versión e indicó que “se trata de una zona de uso industrial mixto y pasó a ser residencial solo ese predio, pero la concertación con la CVC no la hubo. En su momento hubo un pronunciamiento de la autoridad ambiental pero la CVC jamás emitió concepto favorable”.

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Lo llamativo es que el Concejo cambiara de industrial a residencial el predio de un particular, de la empresa SKN Caribecafé que según sus registros empresariales, se dedica a la trilla de café, el comercio al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos y el comercio al por mayor de productos alimenticios. Nada relacionado con la construcción.

Siete años después, el lote fue adquirido por la constructora Valle Real, que inició en marzo del 2018 los trámites de licencia de urbanización y construcción.

“Cuando nosotros compramos el lote, ocho años después de que fue desafectado, verificamos ante las autoridades del Municipio, en Planeación y en la Curaduría que era compatible para vivienda y entonces solicitamos la licencia y socializamos con el entorno”, dijo Jorge Luis Henao, representante legal de la constructora, al insistir en que no hicieron parte del proceso de cambio de uso del suelo.

¿Qué pasó el 16 de abril?

Algo excepcional debió ocurrir el viernes 16 de abril de 2010 en Buga para que ese día se expidiera la casi totalidad de los documentos que soportan el acto administrativo mediante el cual se habilitó para construir viviendas ese solo lote en la zona industrial.

Ese día el alcalde Freddy Libreros, capturado hace tres semanas por celebración indebida de contratos, llamó a sesiones extras al Concejo para darle trámite a la iniciativa; el mismo 16 se solicitó a la CVC estudio ambiental y minutos más tarde Carlos Alberto Ramírez les aseguró a los demás concejales en la exposición de motivos que el Municipio había hecho el trámite ante la CVC “la cual emitió concepto favorable” para modificar el uso del suelo, lo que obviamente no era cierto.

“Quizá en ese momento el horario estaba bastante ajustado o se estaban terminando las sesiones; no te sabría explicar lo que pasó ese día porque es muy difícil después de tantos años retener en la memoria todo”, dijo el exconcejal Ramírez, al insistir en que se cumplió con lo ambiental.

Pero no fue lo único que pasó ese 16 de abril. Ese día el concejal Ramírez solicitó aval al Municipio para darle trámite al proyecto, el mismo día respondió el director administrativo de Buga, Jairo Elías Pineda, considerando viable su estudio y con la misma fecha el secretario de Hacienda, Javier Morales Montoya dijo que encontraba viable la iniciativa porque no generaba impacto fiscal alguno.

Con esos documentos, y pasando por alto a la CVC, se expide el 30 de abril del 2010 el Acto Administrativo que habilitó para vivienda un lote en medio de la zona industrial.

Quienes piden la nulidad del acto aprobado por el Concejo una década atrás, aseguran que el estudio ambiental no habría permitido viviendas en una zona donde hay actividad industrial, emanación de gases y cerca de un horno crematorio.

Trámite de la licencia

Ante la presunta irregularidad cometida por el Concejo de Buga al cambiar el uso del suelo sin cumplir los trámites de ley, fue instaurada, ante el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, una demanda de nulidad simple a la licencia urbanística.

“Llama la atención que ese acto administrativo se expidió hace diez años y que ahora no se demande el acto administrativo sino que se pida la nulidad simple de la licencia. Además, que quien se interese por el tema sea una abogada que ni siquiera es de Buga, sino de Bogotá y que debe estarle haciendo un favor a alguien”, señaló el representante legal de la Constructora Valle Real.

La nulidad simple es una acción atemporal que se puede presentar en cualquier momento y puede surtir control de legalidad ante la justicia contenciosa administrativa. Lo que se busca con ello es sacar el acto administrativo del mundo jurídico, según explicó un experto.

Al respecto, el curador de Buga, Carlos Alberto Montoya, aseguró que todo el trámite que realizó su despacho se hizo con base en la ley. “Como Curaduría, no nos corresponde a nosotros cuestionar las decisiones del Concejo. En el 2010 se cambió el uso del suelo solo para ese pedazo y con base en eso se tramitó la licencia y cumplió con los requisitos”.

Sin embargo, el 14 de marzo del 2019, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, decide “ordenar la suspensión provisional de los efectos de los actos proferidos por la Curaduría Urbana de Buga”, con relación al proyecto de la constructora Valle Real.

Dos meses después, el 15 de mayo del 2019, de nuevo se presenta ante este juzgado un incidente de desacato por parte de la abogada Diana Carolina Pérez aduciendo que la Constructora Valle Real S.A. no ha cumplido con lo ordenado y continúa con la construcción de las viviendas.

“A nosotros jamás nos han dictado medidas cautelares; el juzgado aceptó la demanda, pero no nos han notificado de que debemos parar la obra”, aseguró el vocero de la constructora.

Explicó Jorge Luis Henao que la constructora fue aceptada por el juzgado como coadyuvante en este proceso porque cualquier decisión los puede afectar. “Nosotros tenemos una apelación que está en el Contencioso Administrativo y hay otro recurso que debe fallar el Juzgado Tercero de Buga, en el que exponemos las razones de nuestra defensa porque estamos seguros de que nos asiste el derecho y si es preciso iremos hasta el Consejo de Estado”.

Extraoficialmente, funcionarios del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito confirmaron que el auto proferido aún no está en firme, que tiene un recurso por fallar, pero que sí hay medidas cautelares de emergencia que la constructora no ha querido acatar y siguen construyendo.

“Sí se ordenó dejar sin efecto el acto administrativo de la Curaduría, lo que significa que la empresa constructora se queda sin permiso para adelantar obras de construcción, pero estando apelado el fallo, la palabra final la dará el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, cuya apelación recayó en el despacho de la magistrada Ana Margoth Chamorro”, indicó una fuente.

Las causales de una sentencia de anulación, explicó el experto en derecho administrativo, es que se retrotrae todo como si nunca hubiese sucedido. Es decir, si se anula el acto administrativo del Concejo de Buga que modificó el uso del suelo en el 2010, se queda sin piso legal las licencias de urbanización y de construcción y el lote seguirá siendo de uso industrial.

Ante esta posibilidad, se abre el espacio a una demanda millonaria en contra del Municipio de Buga por las obras que ya se han adelantado en el proyecto de vivienda amparadas, según el abogado, en una presunción de legalidad

Sustento legal

La Ley 1437 de enero 18 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo regula todo lo relacionado con acciones de nulidad y restablecimiento de derechos.
El Artículo 137 dice que: “Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general” cuando se expidan violando las normas “sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió”.

Igualmente, que “puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro”.

Sobre los actos administrativos de carácter general, establece que son demandables en cualquier momento y sin importar los años que hayan transcurrido desde su aprobación.

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