Estas son las amenazas que acechan a los líderes sociales del Valle del Cauca

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Estas son las amenazas que acechan a los líderes sociales del Valle del Cauca

Julio 15, 2018 - 07:50 a.m. Por:
Santiago Cruz Hoyos - Editor de Crónicas y Reportajes
Velatón líderes sociales Cali

Con velas y vistiendo de blanco, cientos de caleños marcharon para rechazar los asesinatos sistemáticos de líderes sociales en Colombia.

José Luis Guzmán / El País

Carlos Alberto Ruiz Restrepo. Así se llamaba el líder social recientemente asesinado en el Valle. Lo mataron a bala en la tarde de este lunes 9 de julio muy cerca de Cali, en el corregimiento de Pichindé. Allí era reconocido por sus denuncias contra la minería ilegal en los Farallones y los lixiviados que algunos privados estarían arrojando a los ríos.

Carlos Alberto era veedor ambiental, hermano del corregidor de Los Andes, y hasta el momento no se conoce la identidad de los victimarios, aunque ya hay sospechas de quién pudo ser el autor intelectual del crimen. Alguien que está “dentro de la legalidad”, dicen en la zona.

El caso de Carlos Alberto aún no ha ingresado a las estadísticas de líderes sociales asesinados en el Valle del Cauca. Según la Defensoría del Pueblo, son 16 entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018.

El documento ‘Todos los nombres, todos los rostros: Informe de Derechos Humanos sobre la situación de lideresas y líderes sociales’, elaborado por la fundación Heinrich Böll, Indepaz y otras entidades, dice de otro lado que entre el 1 de enero y el 5 de julio de 2018 han asesinado a once líderes sociales en el departamento.

Lea también: 'Van 90 líderes sociales asesinados en el 2018 según Somos Defensores'.

Temístocles Machado, negociador del paro cívico en Buenaventura y líder comunitario del barrio Isla de la Paz; Obdulio Angulo Zamora, Hermes Angulo Zamora, Simeón Olave Angulo, Iber Antonio Angulo Zamora, miembros del Consejo Comunitario del Río Naya, quienes fueron desaparecidos forzosamente y el 3 de junio se anunció su asesinato a manos de disidencias de las Farc; Cristian Andrés Lozano y Luis Eduardo Domínguez, sindicalistas asesinados en Andalucía el 23 de mayo por desconocidos; Pablo Emilio Dagua Taquinas, quien pertenecía al Cabildo Nasa Kiwe del Resguardo Nasa Embera Chamí, en el corregimiento de La Delfina, Buenaventura; Adriana Montero Parra, del resguardo Triunfo Cristal Páez de Florida; Amilcar Yagarí Siagama, exgobernador, guardia indígena y dirigente Embera Chamí, asesinado en El Dovio; y el profesor Delmayro Reyes, a quien mataron en Dagua.

En los informes tampoco se ha incluido el caso de Fernando Gómez, asesinado en el corregimiento de Santa Rosa de Tapias de Guacarí el pasado sábado 7 de julio. Fernando era integrante de la Asociación Mixta Indígena y Campesina, Asomic.

La mayoría de los líderes asesinados en el Valle coincide con los “perfiles” de los líderes que están asesinando en el resto del país, según las investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación.

Las víctimas son sobre todo miembros de organizaciones campesinas, indígenas, JAC, representantes de las mesas de víctimas, candidatos a espacios de representación; también personas que están a favor de la restitución de tierras, defensores de títulos colectivos; y líderes que se oponen a las economías ilegales en sus territorios como los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, la tala de los bosques.

Según los reportes de Paz y Reconciliación, cada tres días matan a un líder social en Colombia. A diario los amenazan.

Lea también: '"En el país hay cientos de órdenes de captura por delitos contra líderes sociales": Fiscalía'.

El panfleto llegó este jueves a la casa de la defensora de derechos humanos Lina Tabares, en Jamundí. Ella encontró el papel a las 11:18 a.m. Está firmado por un grupo que se hace llamar Águilas Negras, bloque suroccidente colombiano.

El título del panfleto advierte de una “limpieza social”. “Nuevamente nuestra organización tiene información de los propósitos de los mal llamados defensores de derechos humanos y líderes sociales del municipio que viven tramando cómo reclutar personas para que ingresen a las filas de las guerrillas, quitar predios y acabar con los empresarios y familias respetables de la región. A todo esto nuestra respuesta inmediata declarándolos objetivo militar desde las cero horas de esta publicación a cabezas visibles y otros: José Milcidades Sánchez, Lina Tabares, Carlos Alberto González, Gabriela Ramírez. Se les da un tiempo de 15 días para dejar la región”. Y finaliza en un tamaño de letra generoso, como para que se lea incluso a distancia: “CON MANO DE ACERO RECUPERAREMOS EL PAÍS”.

Las personas mencionadas en el panfleto no tienen certeza de quién podría estar tras las amenazas, aunque sí sospechas que ya le fueron entregadas a las autoridades.

José Milciades Sánchez, por ejemplo, es integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de las Universidades Públicas del país, y ha venido acompañando a la comunidad de la vereda El Chontaduro de Jamundí en un conflicto por una servidumbre con una reconocida familia de la región. También ha acompañado a los consejos comunitarios en procesos de restitución de tierras, y promovió la campaña de Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales.

Quizá de algunos de esos procesos vengan las amenazas, dice José Milciades, quien ya ha sido amenazado de muerte en el pasado y por lo tanto, cuenta con un esquema de seguridad.

Lo mismo sucede con Lina Tabares, representante legal de la fundación Funterpaz. Con la fundación ha acompañado varios procesos de restitución de tierras en el Valle y en el Cauca. También apoyó el proceso de paz, y, aunque votó por Gustavo Petro, no promovió la campaña de la Colombia Humana. “No hago política”.

Gabriela Ramírez, quien también fue mencionada en los panfletos, advierte que en los últimos días la han seguido, primero una moto, después una camioneta. Ella, que no tiene protección ni escoltas, apenas “la gracia de Dios”, está liderando el proceso de entrega de una tierra que perteneció a la familia del narcotraficante José Santacruz: la hacienda La Novillera, a 20 minutos de Cali.

Pero no solo los líderes sociales de Jamundí están amenazados. En la noche del pasado miércoles Narcilo Rosero y los demás integrantes del Comité del Paro Cívico en Buenaventura se reunieron para tratar el caso de un compañero de la zona rural del Distrito que fue sentenciado a muerte al parecer por su trabajo para que la comunidad del corregimiento de Córdoba tenga el manejo de los residuos sólidos. El caso fue reportado ante la Unidad Nacional de Protección.

Eduardo Machín Bubu, coordinador de Seguridad de la Guardia Indígena en los 26 municipios del Valle, y dirigente de la Organización Regional Indígena del Valle, Orivac, denunció también que los líderes indígenas de los municipios de Florida y Pradera han sido amenazados por las Águilas Negras, después de que se opusieran a la construcción en su territorio de la carretera que conectará a la Orinoquía con el Pacífico.

En los panfletos aparecen los nombres de Luis Horacio Dagua, Nilson Casamachin, Freddy Guevara, Enelia Mestizo, Mario Guegia, Raquel Trujillo, Emilio Valencia, Carlos Muñoz y Julio Lulico.

“Además de los panfletos están circulando personas desconocidas en los territorios indígenas. Nuestra guardia está haciendo presencia permanente, pero tenemos preocupación por estas amenazas”, dice Eduardo.

Según la Defensoría del Pueblo, 24 organizaciones sociales del Valle están amenazadas por grupos armados, entre ellas la Mesa Departamental de Víctimas, el Movimiento Marcha Patriótica y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, a quienes, explicó su coordinadora, Darnelly Rodríguez, les han robado información de sus sedes.

Los reportes de la Unidad Nacional de Protección indican que solo en 2017 recibieron 275 solicitudes de protección por parte de líderes en el Valle del Cauca; 18 de ellos fueron declarados en riesgo extraordinario; 5 en riesgo ordinario.

No se ha esclarecido aún por qué están matando a los líderes sociales del país.

Carlos Montoya Cely, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, dice que de momento se sabe que se trata de “un repertorio de violencia que es ofrecido, indistintamente, por diferentes estructuras criminales y que es tomado por actores que desde la legalidad transitan en la ilegalidad”. Es decir: los líderes sociales son incómodos para ciertas personas – quizá políticos, quizá empresarios que se benefician del despojo de tierras, quizá funcionarios públicos - luego ellos contratan a los grupos armados para ‘eliminar’ el ‘problema’.

“No se trata de hechos aislados, es un comportamiento sistemático contra las actividades que desarrollan los líderes. Al final, los determinadores de las acciones siguen entre las sombras de la impunidad. La investigación académica ha delineado un perfil claro de las víctimas, pero la justicia ha sido incapaz de establecer un perfil del determinador”, escribe Cely en un ensayo titulado ‘Los asesinos de líderes sociales no tienen nombre’.

La hipótesis de la Fundación Paz y Reconciliación es que grupos como el Clan del Golfo, o las Águilas Negras, a los que se le atribuyen algunos de los crímenes de los defensores de derechos humanos, “no son los determinadores, son mercenarios que ponen a disposición este servicio criminal. La pregunta sin resolver es: ¿quiénes son los principales clientes de estos servicios?”

Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz – considera en cambio que en el país se está desarrollando una lucha por el control territorial por parte de organizaciones armadas, lo que convierte en objetivo de los ataques a los líderes sociales que pretenden establecerles regulaciones, ponerle límite a la acción de estos grupos.

Aunque González Posso tiene otra hipótesis: los grupos ilegales están aprovechando que en Colombia hay una zona gris, un limbo, tras la terminación del actual gobierno y el comienzo del nuevo. “Hay una especie de vacío de poder, mientras llega el nuevo gobierno, que están aprovechando para ganar terreno”.

El defensor del pueblo Carlos Negret coincide en que tras las alertas tempranas que ha lanzado la Defensoría, se concluye que a los líderes no los matan por razones electorales o ideológicas, sino por ser obstáculo para quienes se dedican al negocio del narcotráfico, o la minería ilegal o quienes pretenden aprovecharse de los territorios para poner en marcha proyectos que afecten al medio ambiente.

Sin embargo, otra de las hipótesis que se plantean para determinar qué está pasando con los líderes es precisamente la pasada elección electoral, librada en un país polarizado entre movimientos de derecha y de izquierda.

“Esta violencia contra los líderes sociales coincide con la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana. Ese es un elemento a tener en cuenta. Otro asunto que no se pude olvidar es que hay una alta impunidad. La mayoría de estos crímenes no sabemos quién los cometió. Y a ello hay que agregar que a partir del proceso electoral se han incrementado los casos. Son hechos objetivos. Ahora, al interpretarlos ante la poca información con la que se cuenta, hay dos posturas: unos negacionistas, que minimizan lo que está pasando diciendo que los crímenes se deben a líos de faldas, como lo dijo el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, y hay otro sector de la opinión que dice que aquí estamos frente a una sistematicidad como sucedió con el exterminio de la Unión Patriótica; unos patrones comunes. Esos patrones comunes lo que nos están indicando es que hay elementos que nos pueden llevar a señalar que sí hay una intención clara de acabar con estas personas por su pertenencia a sectores de izquierda o sus ideologías políticas, o a su labor como defensores de derechos humanos o reclamantes de tierras”, dice el abogado y defensor de derechos humanos Elmer Montaña.

Para Montaña también es claro que una gran parte de los asesinatos están siendo cometidos por organizaciones de extrema derecha, “y en ese sentido hay que hacerle un llamado a los ideólogos de la derecha en Colombia, que tiene una enorme influencia en esas organizaciones criminales, para que rechacen pública y de manera vehemente estos ataques”.

Según los estudios de la Fundación Paz y Reconciliación, la firma de los Acuerdos con las Farc disminuyó las muertes violentas en el país, pero aumentó la violencia selectiva contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Van 157 líderes asesinados desde la firma de la paz. Los meses más violentos fueron los preelectorales en 2018; también cuando se inició la implementación del Acuerdo; y durante la campaña del plebiscito de 2016.

“Pareciera que los líderes sociales estuvieran generando, para ciertos sectores, un estorbo o una dinámica en contra cuando se acerca un proceso electoral. Y aunque estamos frente a un fenómeno distinto al del exterminio de la Unión Patriótica en la década de los 80, es igual de alarmante. En este caso las acciones no están dirigidas a un solo partido político o ideología, sino que depende más de la actividad que están desarrollando los líderes en el territorio. En departamentos como Antioquia cualquier líder que esté luchando por la restitución de tierras, independientemente de su filiación política, tiene un alto nivel de riesgo.
Lo mismo en el Cauca para quien esté denunciando cultivos de uso ilícito. Esto hace más complejo el fenómeno ”, dice el investigador Carlos Montoya Cely.

Francia Márquez, líder social del departamento del Cauca y reciente ganadora del premio medioambiental Goldman, dice al teléfono que varios de sus compañeros de lucha, como Clemencia Carabalí, están siendo amenazados. Algunos ya fueron asesinados, como el concejal Adolfo Correa del municipio de Buenos Aires, Cauca, a quien mataron el 2 de julio pasado. Correa promovió la campaña de la Colombia Humana y al parecer venía siendo extorsionado por asuntos de minería.
A Francia en todo caso no le cabe duda que se está llevando un plan de exterminio contra los líderes sociales del país.

Y con cada líder que matan, dice, se asesina a un pueblo. El líder es la voz colectiva que representa a una comunidad. La gente tiene la esperanza puesta en sus líderes, así que matar a un líder es destruir la esperanza de una nación.

Entonces, continúa Francia, también amenazada y con esquema de protección, no queda otro camino que seguir levantando la voz. El silencio es el premio de los verdugos.

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asesinatos de líderes sociales ocurrieron entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018, según la Defensoría del Pueblo. Desde entonces, sin embargo, las cifras se han incrementado.

Homicidios de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.
Otros datos

Según el informe especial ‘Todos los nombres, todos los rostros: Informe de Derechos Humanos sobre la situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de Derechos Humanos y de excombatientes de las Farc –Ep y sus familiares en los territorios’, realizado por la Fundación Heinrich Böll Colombia, Indepaz, entre otras entidades, el 80,48 % de los líderes víctimas de homicidios hacían parte de organizaciones campesinas, JAC y/o étnicas.

Si se considera el tipo de conflictos se constata que los relacionados con cultivos de coca (pactos de sustitución o erradicación forzada) son el 13 % del total.

Los conflictos por tierra, territorio y recursos naturales representan el 83,19 % de los homicidios de líderes en el 2018.

Además, el 14,63 % de los homicidios fueron mujeres.

Desde la elección presidencial el 17 de junio de 2018 se han asesinado a 22 líderes sociales (uno diario).

En los departamentos donde más se presentaron homicidios fueron en Cauca (19), Antioquia (18) y Norte de Santander (11), Valle del Cauca (11), Córdoba (9) y Nariño (8).

Se mantiene la tendencia de los años 2016 y 2017 en cuanto a los departamentos más afectados por este tipo de violencia.

Los homicidios se presentaron en 73 municipios ubicados en 24 departamentos del país.

El 67,47 % de los homicidios se concentra en 7 departamentos.

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