El proceso va bien

La Fiscalía acaba de sacar un informe sobre la riqueza de las Farc. Calcula sus ingresos en 19 billones de pesos a partir de los registros de los computadores incautados en operaciones militares contra sus líderes. Por supuesto, semejante cifra hace pensar que el proceso de paz de La Habana fue un pretexto para lavar la fortuna de una jefatura guerrillera que tan solo hizo la guerra para enriquecerse. O si se es menos suspicaz, que los acuerdos derivados del proceso evitaban exigir a las Farc un compromiso riguroso en la devolución de sus ganancias durante el conflicto.

Es muy probable que los jefes de las Farc, efectivamente, mantengan por fuera del radar de las autoridades una serie de activos y de recursos, bien sea para hacer política o para lujos y extravagancias personales. Incluso es casi seguro que al final sea más bien poco lo que destinen a la reparación de las víctimas del conflicto en relación con la riqueza que realmente disponen.

Por eso, es tan importante el papel de la oposición a los acuerdos de paz. Es la presión de los sectores contrarios a las negociaciones la que tiene la medida de la presión de la sociedad civil para obligar a las Farc a entregar los bienes y la riqueza que aún dispongan y, llegado el caso, para exigir que sus comandantes sean juzgados por la vía ordinaria si se demuestra que no cumplen al respecto. La crítica es lo normal en una democracia y no puede juzgarse a estos opositores como absurdos o descorazonados guerreristas.

Los defensores del proceso, más que ver a quienes son críticos con los acuerdos como saboteadores de la paz, deberían verlos como el contrapeso que en últimas va a ser el fiel de la balanza para que la inserción de las Farc en la institucionalidad goce de suficiente legitimidad. En muchas conversaciones con miembros del uribismo o simplemente con personas reacias a las guerrillas y a la izquierda, uno encuentra un mismo razonamiento en que su rechazo público es una estrategia para obligar a reducir concesiones a las Farc sin estirar tanto la pita que lleve a una ruptura.

Es como un acto teatral en que la sobrerrepresentación de un sentimiento sirve para propósitos políticos. De hecho, en privado admiten que el proceso fue un enorme logro toda vez que se desmovilizó el grueso del aparato de guerra de las Farc y lo que queda en forma de disidencias no representa un proyecto insurgente orientado a la toma del poder nacional, son solo ejércitos privados disputando cultivos y rutas de cocaína. Es más, sus exigencias no son con las bases guerrilleras, a quienes consideran que merecen un proceso generoso de reintegración, sino con la comandancia y los beneficios económicos y políticos que obtuvieron del acuerdo.

En ese orden de ideas, la defensa del proceso de paz no puede centrarse en negar lo evidente, que las Farc han sido poco serias en el compromiso de entrega de bienes para reparar las víctimas. Lo conveniente para fortalecer el proceso es utilizar la presión de los contradictores ante un hecho evidente para obligar a los actuales líderes de las Farc a responder por los compromisos adquiridos.

Hacer lo contrario, es decir no exigirle nada a las Farc por la riqueza que esconden y acusar a los opositores de enemigos de la paz, es el peor favor que se le puede hacer a un proceso que va bien con todos sus aciertos, falencias y episodios oscuros como el de ‘Santrich’.

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