El desplome del ascensor y otras anomalías sobre la reconstrucción del Palacio de Justicia

La caída del ascensor tres de la Torre B del Palacio de Justicia de Cali, del sexto piso al sótano, que dejó un saldo de dos personas muertas y cuatro más heridas, recordó las otras anomalías que se detectaron durante su etapa de reconstrucción y entrega, tras el carrobomba activado por las Farc frente a la entidad la madrugada del 1 de septiembre de 2008.

Ese hecho, que hizo obligatoria la remodelación de la que tanto se hablaba desde 2001 en estudios y diseños, dejó cuatro muertos y 26 heridos en una acción atribuida a alias Narices, jefe del antiguo Frente Manuel Cepeda Vargas y quien en 2010 fue abatido por la Fuerza Pública en López de Micay, Cauca.

Tras el atentado terrorista, se registraron una serie de irregularidades en la reconstrucción del Palacio que empezaron por la demora en las obras de rehabilitación del lugar, las cuales no tuvieron mayores avances en 2009 y 2010, según un informe de auditoría de la Contraloría General de la Nación para la vigencia 2007-2011 a la Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura.

Para formarse una idea de las demoras, entre 2008 y 2010 fueron asignados para la obra recursos por más de $19 mil millones, pero la construcción solo fue entregada, en su totalidad, en 2015, y por una inversión cuatro veces superior a ese monto económico.

Y es que el proyecto en el 2008, después del atentado, arrojó un presupuesto de rehabilitación total de $36 mil millones, pero terminó costando un valor cercano a los $80 mil millones, incluyendo las dos torres, la A y la B.

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La Contraloría, en un documento del 12 de diciembre de 2011, ya advertía demoras de más de 90 días en los contratos para la sala de conferencias, salas adicionales en las de audiencia, lugares de cambio para los jueces y magistrados, entre otros espacios. También, tardanzas de 60 días en la entrega de los equipos de aire acondicionado comprados.

“El proyecto relacionado únicamente con la Torre B asciende a la suma de $65.787 millones, sin que se haya presupuestado la Torre A, que igualmente requiere reforzamiento estructural y alojará las oficinas de servicio”, informaba en ese momento el ente de control en el documento público colgado en internet.

Y es que la obra primero se anunció para estar lista en el 2011. Después que en 2012, luego que en 2013.

Para agosto de ese último año la presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Clara Inés Ramírez, explicó que las demoras en la puesta en funcionamiento eran por un incumplimiento en la instalación de los nueve ascensores, siete de ellos para funcionarios, abogados y comunidad.

Según Ramírez, se presentó un desnivel de quince centímetros que impidió que dos de los nuevos ascensores pudieran continuar el ascenso desde el piso 14 hasta el piso 17.

La Torre B del Palacio, la parte principal del complejo, fue entregada en febrero de 2014 tras serias demoras en su construcción.

Un informe del Consejo Superior de la Judicatura compartido a El País muestra que al 30 de noviembre de 2012 la Torre B tenía pendientes en la instalación de los ascensores, para ese momento el proceso iba en un 40 %; instalación del Sistema Central de Aires Acondicionados (80 %); obras exteriores y espacio público (50 %) y la compra e instalación del mobiliario para 11 pisos.

Una suerte similar tenía el bloque A que fue inaugurado en diciembre de 2015, siete años después de la explosión del carrobomba, pues esa obra solo arrancó en enero de 2013 por un valor de $10.045 millones.

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Desde los primeros días que se pusieron en marcha los ascensores, las autoridades tienen reporte de emergencias a bordo de los elevadores, los Bomberos han atendido seis casos desde entonces. El primer campanazo de alerta fue en 2014 con el desplome de uno de los aparatos del primer piso al sótano, este hecho dejó diez personas con lesiones, entre las que se encontraba una funcionaria embarazada.

Fue en ese mismo año, el 19 de febrero, que una abogada de 23 años por poco y es aplastada por una enorme reja de más de diez metros de altura que está en la entrada del edificio sobre la Carrera 10, entre calles 13 y 12.

El elemento se le vino encima y la mujer sufrió un trauma cervical que la dejó paralizada e incapacitada por varios días.

Para Víctor Raúl Martínez, miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el Palacio de Justicia siempre ha padecido demoras en sus obras, incluso desde su primera edificación hace cuatro décadas, por allá en la presidencia de Alfonso López Michelsen.

“Fue un proceso dispendioso, algo similar a lo que pasa con el Búnker de la Fiscalía del que por ahora solo hay un lote al frente del Palacio. La construcción del primer edificio demoró mucho tiempo, fueron como diez años, de 1972 a 1982. Y hace diez, por una bomba, el Palacio tuvo que ser reforzado, reconstruido, en unos trabajos que también tomaron años”, afirma el arquitecto.

Martínez destaca que la obra, como construcción, “es muy buena, pero siempre, desde un comienzo de la remodelación tras el atentado, los ascensores fueron el principal problema del edificio. Teóricamente las obras son asignadas a un contratista a través de licitación, esta se cumplió, pero en lo que sí hubo descuidos fue en la construcción del foso que iba a recibir los nuevos ascensores, eso se le pasó a la Interventoría, al fabricante, a supervisión...”, dice el profesional.

Luego de la caída del elevador tres de la Torre B, tragedia que tuvo lugar el miércoles pasado, funcionarios de la rama judicial, en Cali, se han mostrado cautos para hablar sobre el Palacio de Justicia y sus diferentes anomalías en el proceso de reconstrucción.

“Hubo una licitación en esa época (una vez ocurrió el atentado) y se la ganó un contratista que no logró satisfacer plenamente el cumplimento de la obra”, dice un funcionario del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle.

Por su parte, José Freddy Restrepo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, Asonal, recordó que tras el atentado hubo muchos estudios técnicos, entre estos uno que sustentaba que la explosión fue tan fuerte que llegó, incluso, a afectar partes claves de la estructura, “por lo que algunos sugirieron que era mejor demolerlo, pero al final fue reconstruido y eso implicó un gasto de dinero bastante grande que tomó muchos años para hacer la obra”.