El contrato para obras de la Ptar que tiene a Emcali ad portas del tribunal de arbitramento

Como se ha tornado costumbre en la ciudad, una vez más la falta de planeación en los procesos contractuales está costándole a Cali y a las Empresas Municipales tiempo, dinero y hasta afectaciones en salubridad e impactos ambientales significativos frente al principal proveedor de agua para la capital del Valle: el río Cauca.

Esta vez se trata del contrato de optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo, Ptar, el cual entabló Emcali con la firma española Acciona Agua S.A.U. en aras de actualizar equipos de dicha infraestructura y mejorar la calidad del agua que se vierte al río Cauca.

El contrato fue suscrito en el 2017, bajo la gerencia de Gustavo Jaramillo, y se tasó en $74.957 millones. En total, el contratista contaba con 25 meses para cumplir con las labores civiles que mejoraran la operación de esta infraestructura.

Con los trabajos de optimización de la Ptar se esperaba potenciar el tratamiento que actualmente remueve el 60 % de los sólidos de las aguas servidas y el 35 % de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), que es la responsable de que el agua quede en estado séptico y sea imposible de consumirse o usarse en actividades agrícolas.

Aunque las obras debían culminarse en el 2020, el avance solo alcanzó el 57 % cuando legalmente terminó el plazo de ejecución. Esto, según explicó el gerente general de Emcali, Juan Diego Flórez, ha generado un déficit en la cantidad de agua residual a tratar antes de ser devueltas al río Cauca, pues hay varias partes de la planta que se intervinieron de forma incompleta y se encuentran fuera de servicio.

Ante esto, las Empresas Municipales iniciaron la liquidación del contrato en mayo del año pasado, gestión que intentó llevarse a cabo de mutuo acuerdo, pero que no fue posible por las pretensiones que tiene Emcali y que el contratista no estaría interesado en asumir.

Ahora Emcali tomó la decisión de iniciar un tribunal de arbitramento contra Acciona Agua S.A.U. por incumplimiento del contrato y por los perjuicios ambientales que se están generando debido a la deficiencia en la operación de la Ptar.

“También vamos a hacer lo mismo con el interventor (Idom Consulting Engineering Architecture S.A.U.), porque tuvo aprobaciones sin advertir de los retrasos del contrato y contribuyó a la siniestralidad del mismo”, afirmó Flórez.

Las pretensiones de Emcali en esa eventual jugada jurídica ascienden a $27.062 millones por motivo de incumplimiento y otros $128.203 millones correspondientes a un mayor pago por tasa ambiental y daños emergentes producto del incumplimiento.

El País se comunicó con voceros de Acciona Agua S.A.U. para conocer su versión acerca de los incumplimientos al contrato de optimización de la Ptar de Cañaveralejo, pero prefirieron no pronunciarse al respecto.
Se estima que el 15 de marzo se tenga convocado el tribunal de arbitramento ante la Cámara de Comercio de Cali.

Las Empresas Municipales de Cali retendrán $1067 millones, correspondientes al 20 % del contrato de interventoría que estaba a cargo de Idom. Esto, argumentando incumplimiento.

Lea además: ¿Cómo y cuándo iniciarán obras del Parque Corazón de Pance? Habla el director de la CVC

Desde Emcali y el Concejo coinciden en que si bien la optimización de la Ptar era necesaria luego de quince años de operación sin un mantenimiento mayúsculo, el contrato que se realizó para ese fin tuvo sendas deficiencias que habrían llevado al desenlace que hoy tiene la obra.

“Contratamos a una empresa externa que nos diera un reporte técnico y financiero para que evaluara el contrato y dicha empresa determinó que los incumplimientos por parte de Acciona y las labores que dejó de realizar pueden estar en la falta de planeación del mismo y pueden estar en la falta de capacidad de la persona que intentó ejecutar el contrato”, aseguró el Gerente General de Emcali.

Hasta antes de proceder con la liquidación de este contrato, Emcali había cancelado a Acciona Agua S.A.U. $31.000 millones. “Sin embargo, hay $11.000 millones que no se han amortizado de ese anticipo y esa es una de las características extrañas que hemos encontrado”, advirtió Flórez.

El actual Gerente General de Emcali fue más allá y responsabilizó a la anterior administración de la empresa por la falta de seguimiento a la ejecución del contrato.

“Ya trasladamos los informes a la Fiscalía, Contraloría y Personería para que se investiguen estas presuntas irregularidades, porque no es posible que la planta se encuentre en este estado y tengamos que buscar recursos adicionales para cumplir con la operación de la PTAR”, dijo Flórez.

Para el concejal Roberto Rodríguez tanto desde la concepción de los pliegos como en la planeación y selección del contratista de estos trabajos hubo irregularidades llamativas.

“Ese contrato nació con problemas. Primero, tiene una mala planeación porque los tiempos no daban con la posibilidad real de ejecutar los trabajos; el grueso del contrato era traer equipos del exterior, lo que tardó casi un año y quitó tiempo a la obra civil. Segundo, las cláusulas establecidas están más a favor del contratista que de la misma Emcali. A esto se suma que, inicialmente, el contrato se iba a ejecutar en 30 meses pero se decidió bajar a 25 meses, un contrato de estas características no se podía hacer en ese tiempo”, afirmó Rodríguez.

El cabildante dijo no estar de acuerdo en entrar en un pleito jurídico con el contratista, toda vez que esto implicaría mayores retrasos en la optimización de la Ptar. “Emcali debió hacer un acuerdo con el contratista con unos tiempos y darle una prórroga para que montara los equipos y terminara el trabajo. Hoy tenemos un proceso de liquidación que se está alargando desde el año pasado, cuando ese tiempo se pudieron terminar los trabajos; hoy ya no hay nada qué hacer, porque Emcali no puede tocar los equipos que compró Acciona ni continuar con las obras, mientras perdura el daño ambiental”, enfatizó.

Rodríguez indicó que instaurará una tutela vinculando a Emcali, el Municipio y el Dagma “por el daño ambiental al río Cauca, por el daño presupuestal que pueda sufrir el recurso público por haber permitido que se agotara el tiempo y no prorrogar el plazo del contrato y porque se está permitiendo que los equipos estén guardados en una bodega, desactualizándose y ante esa negligencia se está impidiendo la optimización de la PTAR”.

Entre tanto, el concejal Roberto Ortiz cuestionó la reacción “tardía” de las Empresas Municipales en torno a las acciones legales frente al contratista: “El Gerente de Emcali debe explicar por qué no había demandado antes. ¿Por qué esa negligencia si ya el Dagma había advertido la irregularidad con un acto administrativo? ¿Por qué esperaron la denuncia para anunciar demanda? ¿A quién quieren proteger?”.

El País intentó comunicarse con el exgerente general de Emcali, Gustavo Jaramillo, para consultarle respecto a las presuntas irregularidades de este contrato y los incumplimientos, pero no fue posible establecer contacto.

Dentro de las obligaciones del contratista estaba realizar un estudio detallado de la estructura de hormigón y de la vulnerabilidad de las estructuras hidráulicas de la Ptar de Cañaveralejo.

El hecho de que la Ptar esté funcionando a media máquina estaría incidiendo en el detrimento de la calidad de agua que se vierte al río Cauca a su salida de la ciudad.

La alarma la encendió el exdirector del Dagma, Carlos Calderón, quien a través de sus redes sociales expuso que “las aguas residuales de la ciudad no están siendo tratadas adecuadamente antes de su vertimiento al río Cauca... Los informes técnicos señalan que los trabajos quedaron incompletos, sin instalar, fuera de servicio o en peores condiciones que las iniciales. A tal punto que caudales significativos de las aguas residuales son desviados directamente al río Cauca, sin tratamiento”.

El exdirector del Dagma insistió en que “esta es una situación que amenaza al medio ambiente y la biodiversidad de flora y fauna, a las actividades agroindustriales asociadas a la cuenca, a las comunidades asentadas en sus riberas, y por supuesto representa un alto riesgo para la salud humana de toda la ciudad y su entorno”.

Flórez explicó que actualmente “no se están cumpliendo los porcentajes con los cuales estamos comprometidos. En el 2019 se incumplieron los porcentajes de remoción porque por culpa de Acciona tenemos tres de los ocho sedimentadores, que son fundamentales en este proceso, fuera de servicio; no cumplimos con la remoción de los sólidos suspendidos y esto ha acarreado sanciones”.

El funcionario indicó que las autoridades ambientales impusieron en 2019 una multa cercana a los $6000 millones por no cumplir con el plan de vertimientos