Contratación pública es un botín de corrupción, alerta Transparencia por Colombia

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Contratación pública es un botín de corrupción, alerta Transparencia por Colombia

Mayo 07, 2019 - 11:30 p.m. Por:
Redacción de El País
Corrupción en contratación

El 45 % de los casos de corrupción se concentraron en 5 de los 32 departamentos del país, la lista la encabeza Santander, con el 14 %, y le siguen Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia

Colprensa

Entre enero de 2016 y julio de 2018, el Monitor Ciudadano, de la Corporación Transparencia por Colombia, identificó 327 hechos de corrupción, reportados por 46 medios de comunicación nacionales, entre los cuales la contratación pública es el problema más álgido.

Según los cálculos realizados, en ese periodo se pusieron en juego en Colombia cerca de $17,9 billones, equivalentes a la mitad del presupuesto de inversión del Gobierno Nacional en el sector educativo durante el último año.

Datos que se dieron a conocer en el informe ‘Así se mueve la corrupción: una radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016 - 2018’.
El documento revela que la corrupción administrativa obtuvo el mayor número de casos (73 %), seguida por la corrupción privada (9 %) y la corrupción judicial (7%).

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De los hechos asociados a la corrupción administrativa, los procesos de contratación pública continúan siendo el principal problema, ya sea para la provisión de bienes o servicios o para la vinculación del personal que trabaja en las entidades del Estado.


El informe indica que el 68 % de los hechos de esa modalidad de corrupción se encontraron en la región Centro Oriente y Caribe, siendo los departamentos de Santander (17 %), Atlántico (8 %) y Bolívar (7 %) los de mayor número de hechos reportados por la prensa.

Por ello, desde la entidad consideran “necesario fortalecer el sistema de contratación estatal, lo cual va de la mano del robustecimiento de la capacidad de gestión del Estado, tanto en el nivel central como en el territorial”.

Los sectores más afectados por hechos corruptos reportados fueron: Educación (16 %), Infraestructura y Transporte (15 %), Salud (14 %) y Función Pública (12 %).

“Son justo estos sectores a los que se les destina la mayor parte del presupuesto de inversión del país, al tiempo que son determinantes para el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos”, indica Transparencia por Colombia.

La investigación arrojó que dentro del total de actores vinculados se muestra que el 39 % fueron funcionarios públicos y el 30 % autoridades electas por voto popular. En este último grupo el 41 % fueron concejales y el 40% alcaldes, seguidos por gobernadores, diputados y senadores.
Los delitos más cometidos son peculado (18 %) y le siguen celebración indebida de contratos (13 %), falsedad en documento público (12 %) y concierto para delinquir (11 %).

Corrupción política

La corrupción política es, muy posiblemente, la más estratégica dentro del entramado del crimen organizado.

“Los delitos e irregularidades más comunes están asociados a financiación prohibida, fraude electoral, compra de votos y comportamientos irregulares de los partidos políticos”, señala la entidad.
Y considera que los abusos de los corruptos se conectan con los arreglos para acceder al poder y con las formas para gestionarlo: “Así como te financias, gobiernas”.

Las irregularidades mayormente detectadas se vinculan a nóminas paralelas con fines políticos, financiación de campañas con fuentes prohibidas, presiones a funcionarios públicos y/o contratistas para obtener votos a favor de candidatos, entre otras.

Violación a los derechos humanos

El 59 % de los hechos de corrupción identificados afectó derechos económicos, sociales y culturales asociados con el acceso a la educación, la salud, la vivienda digna, el agua potable y servicios públicos de calidad, al deporte y a la cultura, principalmente.

El 39 % perjudicó derechos civiles y políticos relacionados con el derecho a la vida, la igualdad, la seguridad, la libertad de expresión, de culto, de acceso a la propiedad privada, de asociación y movilización, entre otros. Mientras, el 2 % afectó derechos colectivos y del medio ambiente.

Cabe recordar que en agosto pasado más de once millones de colombianos votaron a favor de la Consulta Anticorrupción, que no alcanzó el umbral para ser aprobada.

Aunque el Gobierno se comprometió con la lucha contra ese flagelo, ninguna de las reformas que se han discutido en el Congreso de la República se ha convertido en ley.

“Hacer frente a la corrupción es una tarea fundamental, ya que este es un fenómeno que vulnera de manera directa los derechos humanos de las personas, genera mayor exclusión y debilita la democracia”, aseguró Andrés Hernández, director de Trasparencia por Colombia.

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