¿Cómo hacer que funcione la Justicia? Empieza el debate por la reforma

El Gobierno presentó esta semana una propuesta de reforma a la justicia que discutió en una comisión interinstitucional. Aquí los aspectos sobre los que, a pesar de ello, persisten diferencias.

En este punto hay cierto consenso entre el Gobierno Nacional y las altas cortes, sin embargo, todavía no sabe si la Corte Suprema debe seguir participando en la elección del Fiscal General de la Nación ni quién debería asumir esas funciones que hasta hoy tiene ese tribunal.

El Presidente del Consejo de Estado recalca que en el pasado periodo legislativo presentaron una iniciativa para recortar funciones electorales. “Ya superamos el tema de los contralores y ahora se evalúa lo que tiene que ver con el Procurador General y el Auditor de la Nación.
El proyecto del Gobierno va hasta la Registraduría y es un asunto que debe ser discutido con mucho cuidado porque este cargo es de enorme importancia, tiene que ver directamente con la democracia. Se habla de suprimir estas funciones para evitar congestionar la tarea de los magistrados, sin embargo, eso no ha ocurrido sino en uno o dos casos”.

El asesor Jaime Arrubla, por su parte, considera que “la idea es crear mecanismos para evitar bloqueos en las Cortes. Por ejemplo, en el tema de la elección del Fiscal, si no hay acuerdo, la decisión debería quedar en manos del Presidente de la República. Sin embargo, eliminar algunas funciones electorales es obviamente algo que está para la discusión en el Congreso”.

Por el contrario, el exmagistrado Hernández cree que “las Cortes no deben tener ninguna participación en asuntos electorales, menos aún en los cargos de tendencia política. Los jueces y magistrados deben dedicarse a administrar justicia”.

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Para el magistrado José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia, “la tutela se mantiene protegida, es un triunfo, una herramienta valiosísima. No puede sufrir degradación, pero sí son necesarios ajustes en cuanto a competencias, en especialidades”.

Según él, “los jueces penales, civiles, laborales, administrativos, abandonan sus funciones principales por resolver tutelas. Desde esa perspectiva, hay que considerar los ajustes”.

Entre tanto, Marco Antonio Velilla, exmagistrado del Consejo de Estado, cree que “con la tutela se ha abusado, no es sino recordar la tutelatón de Petro. Es un mecanismo fundamental de la justicia a la ciudadanía, pero debe haber unos criterios muy claros sobre en qué casos se puede utilizar la acción de tutela, la popular o la de cumplimiento, porque hay un desorden conceptual en estos momentos que hacen que hoy en día la justicia esté congestionada”.

Otra cosa piensa José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, quien destaca que “el problema de la acción de la administración de la justicia no es la tutela. No hay ninguna razón para entrar a regular este recurso, existe suficiente jurisprudencia al respecto. La tutela no debe cambiar porque es el mejor instrumento con el que pueden contar los colombianos para defender sus derechos”.

Una posición intermedia parece asumir Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, para quien “deben evitarse las reformas que le hagan perder su esencia. Ha existido improvisación especialmente en los decretos expedidos por el Presidente en materia de reglas de reparto. Una forma de preservarla es que sus posibles cambios se den por ley estatutaria”.

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Si hay un punto que causa rechazo entre los juristas es el del requisito de cinco años de trayectoria en la carrera judicial que se pretende imponer como requisito a los aspirantes a ser magistrados de las altas cortes.

“Muchos que ya han sido magistrados son pésimos y lo único que hacen es prolongar los vicios que hay al interior de las altas cortes. Se requiere gente que venga de la academia y del ejercicio profesional para que se refresque la jurisprudencia y le proporcione un valor agregado, que sea más pertinente para cambiar la realidad y no sean sentencias de escritorio”, argumenta el exmagistrado Velilla.

Igual piensa Kenneth Burbano: “Debe ser un derecho poder ejercer en diferentes actividades para aspirar a ser magistrado, no solo en la Rama Judicial. Imponer ese requisito genera exclusión eso es contrario a la Constitución de 1991”.

Leonardo Espinosa, decano de la Universidad Sergio Arboleda, dice que es una medida “estricta, muy rigurosa, por no decir odiosa. Hay personas muy valiosas que se han formado en ámbitos académicos fuera del país o en consultorías profesionales que tienen todo el potencial para ocupar altas magistraturas”.

Que las decisiones judiciales se conozcan por medio de comunicados de prensa, muy técnicos, es algo a lo que suele recurrir la Corte Constitucional, medida que se rechaza en diversos sectores de la opinión pública, debido a que pasan varios meses sin que se conozca por completo el sentido de los fallos.

“Que las decisiones de las corporaciones se den a conocer solamente cuando estén firmadas es algo complicado. Tenemos un punto de vista diferente Para nosotros la decisión debe ser comunicada inmediatamente, una vez haya un consenso. Un lapso entre el momento que se toma la decisión y el que se comunica se presta a asuntos muy delicados, es preferible la transparencia”, opina Germán Bula Escobar, presidente del Consejo de Estado.

Pero el exmagistrado Velilla conceptúa que: “Las cortes, de ninguna manera deberían sacar comunicados. Inclusive cuando fui magistrado llamé la atención sobre el tema de la Corte Constitucional, porque primero debemos tener un proyecto que tenga todos los elementos esenciales, que esté complemente materializado para votarlo. Una providencia judicial no puede ser una noticia en desarrollo, ni irse acomodando eventualmente a las reacciones de la ciudadanía o de ciertos grupos de interés”.

En un sentido similar piensa Kenneth Burbano, quien cree que “la propuesta es aceptable en la medida que genera seguridad jurídica, ya que los jueces deben comunicar sus decisiones por providencias. Los comunicados de prensa se deben utilizar para asuntos de vencimiento de términos, como se expresa en el proyecto de reforma”.

Entre tanto, el decano de la Sergio Arboleda, Leonardo Espinosa, destaca que “los jueces y magistrados deben hablar solo por medio de providencias debidamente firmadas para que puedan ser conocidas”.

El Gobierno propuso una inhabilidad de cuatro años para los magistrados que cumplan su periodo en las altas cortes. Durante ese tiempo no podrán litigar sobre asuntos que tengan que ver con las corporaciones en las que estuvieron ejerciendo.

Para el magistrado Barceló, “hay exageradas inhabilidades para los magistrados, parecemos expresidiarios limitados en todos nuestros derechos. Los togados cumplen su periodo y salen a trabajar. Sin embargo, no podemos aspirar a cargos de elección popular, no podemos contratar con el Estado; si nos van a limitar nuestra labor, por lo menos que nos den una pensión”.

Entre tanto, Marco Antonio Velilla considera que “cuatro años de inhabilidad para un período de ocho años es exagerado. ¿Qué va a hacer un magistrado al que le reducen el salario durante su periodo, sin poder ejercer su profesión durante cuatro años? Una de dos, o los magistrados al terminar su periodo obtienen una pensión digna que les permita vivir tranquilamente al retirarse luego de periodos constitucionales más largos, por ejemplo, de doce años; o se debe conservar el sistema actual que les impide por un tiempo de dos años intervenir ante la corporación que integró, porque tienen que vivir de aquello que saben”.

El exmagistrado Hernández también rechaza la idea: “Inhabilidades tendrían lugar si quienes terminan su periodo tuvieran una pensión digna, que les permita vivir sin desempeñar ninguna actividad. Es inimaginable vivir cuatro años sin derecho a ejercer su profesión”.

En cambio, Kenneth Burbano estima que la de los cuatro años es una buena propuesta. “Evita el manejo de influencias, favores e injerencias indebidas, pero la inhabilidad debería ser por el tiempo que se permaneció en el cargo”.