Zona Diamante
Los últimos gobiernos han intentado reformar el sistema de justicia del país debido a sus traumatismos en distintos niveles de la rama, la corrupción que la tiene sumida en una profunda crisis, entre otros aspectos.
Por eso, el presidente electo, Iván Duque, desde la campaña pasada dijo que una de sus propuestas era unificar las altas cortes para, especialmente, evitar que los fallos se contradigan entre sí. Además de 42 propuestas que van desde “la muerte comercial a las empresas y representantes legales, miembros de juntas, gestores e intermediarios que sobornes”, hasta la reglamentación que indique el modelo de financiación de las campañas para cuerpos colegiados.
Ante sus anuncios, exmagistrados que ocuparon altos cargos en la Corte Constitucional y el Consejo de Estado (Alfredo Beltrán Sierra, José Gregorio Hernández y Antonio José Arciniégas) expresan sus preocupaciones y plantan alternativas frente a los posibles cambios que puedan darse en esta rama del poder público colombiano.
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Sí a unificar las cortes
Pese a que el exmagistrado del Consejo de Estado Antonio José Arciniégas considera que el proyecto para unificar las cortes que conforman la Rama Judicial en Colombia tiene que ser estudiada en detalle, está de acuerdo con la iniciativa que plantea el presidente electo, Iván Duque.
Así, explica, se evita la contradicción de las sentencias, el país ahora recursos económicos con la reducción de burocracia y los ciudadanos se evitan la tramitomanía.
Según él, durante el gobierno del saliente presidente Juan Manuel Santos se “duplicó la burocracia. Al contrario de lo que decía Álvaro Gómez Hurtado que ‘un Estado ideal es un Estado con menos gasto y más productividad’, este gobierno hizo todo al contrario”.
El ideal, según él, es que se haga un estudio que permita establecer que con recursos extraordinarios se produzca una justicia con más eficacia, más rapidez y menos costo.
“Duque tiene razón al proponer la unificación. Eso podría llevarnos a una pronta y efectiva justicia donde no reine la impunidad”, precisa el exmagistrado.
La primera corte, que a su juicio, debe desaparecer es el Consejo Superior de la Judicatura porque “duplica las funciones y los gastos del Ministerio de Justicia. Además, la Judicatura tiene 32 consejos seccionales en perjuicio de la verdadera justicia y creando una burocracia que le sale carísima al país”.
Sobre el tema de la congestión, considera que es más grave la impunidad que la lentitud.
“Los jueces así tengan la razón se escudan en supuestos para favorecer a los delincuentes y dar una tendencia orientada. Ocurrió con el gobierno Santos para favorecer la impunidad, comenzando por el acuerdo con la guerrilla”, dice.
Arciniégas dice que las Farc se le entregaron curules sin estar respaldados por votos, negando la Constitución, a pesar de que el pueblo negó los acuerdos a través de su voto en el Plebiscito del 2 de octubre de 2016.
“La Constitución es clara, no puede haber personas ocupando curules en cargos de elección popular si no tiene votos que los respalden y el mismo gobierno violó la democracia, además, son curules que van a ocupar personas que ya fueron condenadas. Este ejemplo es otra forma de negar la justicia”, precisa el exmagistrado.
Cambios parciales
El exmagistrado José Gregorio Hernández, quien fue presidente de la Corte Constitucional en 1995, dice que no es partidario de “fundir las cortes” en una sola como lo propuso el presidente electo, Iván Duque, en campaña.
Asegura que ello traería un traumatismo “inmenso” y alejaría a los colombianos del acceso a la administración de justicia porque todos los procesos se paralizarían en las altas cortes.
Explica que esa reforma —que estaría en miras de estudiarse y de la que todavía no se conocen detalles— no se puede adelantar por vía de acto legislativo, sino que tendría que convocarse una Asamblea Nacional Constituyente.
Para Hernández, el problema, más que de normas, es de personas ya que hay evidencia de que con las normas que están vigentes y que estableció la Constitución de 1991 “han habido magistrados serios, íntegros, honestos, de gran prestigio, pero a medida que ha pasado el tiempo el sistema ha dado paso para que personas sin preparación y sin honestidad lleguen a los altos cargos, aunque no podemos generalizar”.
Indica que se deben establecer exigencias “muy fuertes” para llegar a la rama, con criterios de selección y que la recomendación política no sea una de ellas; los concursos deberían ser preparados de manera exhaustiva por expertos y prohibir de manera total que para ser magistrado se tenga que hacer “una romería por los despachos de quienes los postulan para que luego les den el voto”.
Hernández dice que es vergonzoso que un aspirante a magistrado, a procurador o a contralor tenga que “estar recorriendo los pupitres de los congresistas rogando que voten por él. Tiene que bastar con la presentación de su hoja de vida, su trayectoria, su conocimiento”.
Agrega que hay que pensar en un sistema educativo que garantice la formación ética y humanística de quienes aspiran a las distintas carreras, especialmente, la de derecho.
El exmagistrado considera que las faltas que cometan los jueces deben ser sancionadas de manera pronta y con un estatuto estricto sobre deberes y obligación, lo mismo debería aplicar para los abogados en ejercicio.
También precisa que es necesario mayor presupuesto y autonomía para la rama judicial, especialmente en las regiones; y nombrar más jueces de descongestión, asimismo, establecer sanciones para jueces y magistrados cuando incumplan los términos: “hay que poner coto a los abogados en los distintos campos del sistema penal que se inventan enfermedades y obstáculos para torpedear las audiencias en favor de sus clientes y lograr que se venzan los términos. No se pueden aceptar esas triquiñuelas que utilizan mis colegas y que son aceptadas por los jueces, muchas veces de común acuerdo”.
El expresidente de la Corte también sostiene que la corrupción está afectando las providencias, porque no se fundamental en el derecho, sino en conveniencias. En otros casos, explica, se debe a que delegan sus funciones en empleados “de tercera categoría” sin experiencia ni calidad para ejercer la ley porque los titulares ocupan sus tiempos dictando clases en universidades, talleres o simplemente en paseos.
Aplicar las leyes y códigos que ya se tienen
Alfredo Beltrán Sierra, expresidente de la Corte Constitucional en 2002, no se atreve a dar una opinión sobre el planteamiento que hizo el presidente electo, Iván Duque, durante su campaña, de unificar las cuatro cortes que conforman el poder judicial en Colombia.
Sostiene que es necesario que se conozca el proyecto porque de lo contrario, “la discusión es prematura”.
Sin embargo y teniendo en cuenta todos los problemas que enfrenta esta rama del poder, es claro en afirmar que antes que crear nuevas leyes, es necesario aplicar la ley vigente: “La reforma no puede ser de la ley o de la Constitución porque está claramente previsto que los funcionarios pueden incurrir en delitos en la ejecución de sus funciones y en el Código Penal están previstos los delitos, el problema no es normativo, es de la aplicación de ley y de la ética de los servidores públicos”.
Para evitar la politización de la justicia, explica, hay pautas claras sobre cómo debe ser esa elección: los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia son nombrados a través de unas listas que elabora el Consejo Superior de la Judicatura y de esas escogen las planas de cada corporación para nombrar magistrados, o sea que ahí —en teoría— no hay una intervención del Congreso de la República.
En cuanto a la Corte Constitucional, el modelo que aplica (Constitución de 1991) se ideó con base en el procedimiento italiano, según el cual las decisiones de esta Corte eventualmente pueden afectar a todas las ramas del poder público y puede referirse a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Sus integrantes son nombrados con participación de todas las ramas del poder público: Seis de sus integrantes (son 9) se escogen de ternas que provienen de la rama judicial (3 del Consejo Superior de la Judicatura, 3 del Consejo de Estado y 3 postulados por el Presidente de la República. Deben ser nueve ternas en total. Ellos van al Senado y de cada terna se elige un magistrado. Así se hizo, precisa, para evitar la politización, sin embargo, este método no es del todo efectivo.
Para descongestionar la justicia, que no solo es la penal, sino la civil, laboral, de lo contencioso administrativo y de menores, agrega el exmagistrado, se hicieron unas modificaciones.
“Se cambió el sistema inquisitivo penal que venía existiendo en el país por un sistema mixto de acusatorio e inquisitivo sui géneris y posteriormente, hubo que reformarlo para darle más prelación al sistema acusatorio por eso antes no teníamos organismo como la Fiscalía que acusara sino que teníamos jueces de instrucción. Ahora, creadas esas reformas e introducidas las reformas constitucionales al funcionamiento de la Fiscalía, tenemos un alto grado de crisis en la justicia”, sostiene Beltrán.
Tras buscar normas de descongestión, para la rama judicial en todas sus áreas, se hizo una reforma a la designación civil y se dictó recientemente un código general del proceso con el propósito de agilizar la administración de justicia que apenas se está poniendo en actividad: el sistema de la oralidad.
Por ello insiste en que es necesario aplicar a cabalidad las leyes y los códigos que hasta ahora existen.
“cuando se habla de la reforma a la administración de justicia, es necesario conocer si serán de gobierno de la rama, de selección de los funcionarios, que requiere una reforma a la Constitución, y otro del resorte simplemente legal. Por ahora, estamos en pañales. No sabemos qué quiere proponer el Presidente electo y por eso no se pueden hacer análisis a la ligera”, dice Beltrán.
