Casi dos mil personas permanecen hacinadas en estaciones de Policía de Cali, así está la crisis

El hacinamiento, los riesgos sanitarios, la amenaza constante de contagios por covid-19, más las riñas y la alta probabilidad de fugas han convertido a 25 de las 27 estaciones y subestaciones de Policía de Cali en una bomba de tiempo, mientras la justicia cojea para resolver la situación jurídica de 1937 personas que permanecen allí por diferentes delitos.

La capacidad de esos recintos de detención transitoria, que es para solo 420 individuos en vía de judicialización, se desbordó, pues cada 24 horas les llega un creciente número de capturados, resultado de redadas, allanamientos y operativos.

En tales centros figuran personas –en su mayoría jóvenes— que llevan semanas de reclusión, sin que se haya legalizado su captura, pese a que la propia Corte Constitucional (sentencia T-151/16) ha reiterado que su estancia no debe superar las 36 horas, dado que no son lugares aptos por su infraestructura, ni para la protección de los derechos humanos.

Las autoridades atribuyen ese fenómeno al sobrecupo en la cárcel distrital de Villahermosa, que tiene a la fecha alrededor de 6000 reclusos, y un hacinamiento del 300%, pues su capacidad real es para 2046 internos. Tampoco la cárcel de Jamundí ofrece soluciones por falta de cupos.

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El propio personero Municipal, Harold Andrés Cortés, confirma lo que está sucediendo al señalar que “la situación de las estaciones es delicada, porque supone grandes riesgos de seguridad para los detenidos, sus familias y los uniformados, por agresiones físicas, posibles amotinamientos y fugas, además de peligros frente a enfermedades infecto-contagiosas”.

A la fecha ese hacinamiento es del 325%. Allí se mezclan desde simples contraventores del Código de Policía, hasta sindicados y condenados por homicidios, hurtos, extorsión, microtráfico y otros delitos graves.

Al respecto el exasesor de seguridad de Cali y experto Alberto Sánchez Galeano afirma que “esas poblaciones no se deben mezclar. Quien está allí por una simple riña, o se pasó de tragos, no debe juntarse con individuos que violaron gravemente la ley”.

Todos duermen en el piso de las celdas en medio de condiciones antihigiénicas y bajo la amenaza de agresiones violentas entre ellos.
“Se trata de una bomba de tiempo por una pésima priorización penal, pues es gente que (legalizada su captura) debería pasar directamente desde las URI a la cárcel y no a una estación”, advierte Sánchez Galeano.
Lo grave, agrega el experto, es que “la infraestructura de las estaciones es crítica pues solo está diseñada para servir de lugares de reclusión temporal. Ese hacinamiento causa amenazas a la salubridad y deterioro de edificaciones que son necesarias para la operatividad de la Policía en la ciudad”.

De igual manera, sostiene, que por esta coyuntura en las calles hay menos uniformados, ya que muchos fueron asignados a vigilancia . En eso coincide el personero Cortés, quien afirma que “los policías de estaciones no están entrenados para servir de guardianes”.

De nuevo, agrega Sánchez Galeano, en el caso de la capital del Valle, “la Policía es la que está cargando con esa responsabilidad sin que las soluciones ofrecidas por el Ministerio de Justicia y las autoridades locales aparezcan para superar este problema”.

Por su parte, el concejal Harvy Mosquera, y exdirector regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, recordó que desde abril de 2020 alertó sobre la emergencia sanitaria y de seguridad en las estaciones, convertidas en reclusorios ante los impedimentos para trasladar detenidos a la cárcel de Villahermosa.

“Por eso, la Fuerza Pública, afirma el cabildante, está casi que acuartelada para vigilar a personas que están detenidas en las estaciones, cuando debería estar más en las calles”.

En su momento se propuso que la Sociedad de Activos Especiales, SAE, y la Alcaldía de Cali buscarán un inmueble para llevar a los capturados, pero hasta el momento no se ha avanzado en nada, recalca Mosquera.
Incluso se ha pedido destinar dineros del préstamo de $650.000 millones aprobado a la Alcaldía para construir una nueva cárcel.

El personero Cortés reporta que el hacinamiento en las estaciones está así:

Decepaz: 100 capturados (capacidad 5), hacinamiento 1900%.

La Sultana: 36 detenidos (capacidad 2), hacinamiento 1700%.

El Lido: 67 detenidos y hacinamiento de 1240%.

Terrón Colorado: 15 detenidos. (cupo real para una persona). Hacinamiento 1400%.

El Guabal: 112 presos y hacinamiento 348%.

El Diamante: 113 detenidos y hacinamiento 1030% (capacidad para 10)

Los Mangos: hacinamiento 530% y 126 detenidos. Capacidad solo para 20.

Junín: 23 detenidos y hacinamiento del 1050%. Cupo real para 2.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos Rodríguez Acosta, califica la situación como “muy delicada”, y así lo hizo saber en un reciente debate en el Concejo Municipal, donde informó que “hay estaciones que tienen capacidad para cinco personas y están con 52, otras de 20 que ahora están con 97”.

Puso de presente el alto oficial ante la Corporación, que en las salas de reflexión y patios permanecen personas privadas de la libertad donde existe un alto nivel de riesgo de fugas, y riesgos adicionales para el personal policivo y los visitantes.

Frente al auge de detenidos, muchos de los cuales terminan en las estaciones, Rodríguez Acosta recalcó que “la Policía Nacional no puede parar su trabajo en la ciudad, pues hemos triplicado el número de capturas diarias, aunque no debe ser una política carcelera, pero ante la comisión de hechos delictivos hay que poner a las personas responsables a disposición de la autoridad competente”.

Mencionó ante los cabildantes que “tampoco la solución no puede ser una política de descongestión donde esas personas vuelvan a la calle, porque ello se convertiría en un círculo vicioso”.

“La norma es clara, pues una sentencia de la Corte Constitucional señala que instituciones (como la Policía Nacional), no deben asumir funciones para las cuales no fueron creadas”, dijo.

Por su parte, el concejal Fernando Tamayo indica que “la única solución es crear un centro de retención para descargar a esa población de detenidos, que no puede seguir hacinada en las estaciones de Policía”.

Opina el cabildante que falta voluntad política para buscar alternativas reales, a la vez que “la ciudad necesita un aumento de su pie de fuerza que no se debe aplazar, teniendo en cuenta que Cali es la de mayor violencia y con menos policías”.

El Ministerio de Justicia, el Inpec, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca establecieron un Acuerdo Marco para buscar soluciones al hacinamiento en las subestaciones y estaciones de Policía.

Se anunciaron recursos millones para las cárceles de Villahermosa en Cali, Buenaventura, Cartago y Tuluá. Para Villahermosa se planteó la ampliación de pabellones, pero hasta hoy no existen avances.

En opinión del concejal Harvy Mosquera se necesita con urgencia un gerente que lidere ese acuerdo marco. Dice que la solución temporal es la habilitación de un inmueble ubicado en la calle 25, como Centro de Atención Temporal (CAT). Otra se relaciona con la construcción de Centros de Detención Transitorios. “Lo interesante de esta alternativa es que se construiría al interior de Villahermosa dejando que la custodia y alimentación de los sindicados quede en manos del Inpec”.

Esta adecuación tendría un costo de $8.000 millones y permitiría albergar a 3.000 detenidos y se cofinanciaría aprovechando el Acuerdo Marco con el 50% del presupuesto asignado por la Nación y el otro 50% a cargo del departamento y el Distrito de Cali.

Sobre lo que está pasando, el personero Municipal, Harold Andrés Cortés, dice que desde el inicio de la pandemia “esta situación ha sido una de las preocupaciones de su despacho para que estas personas tengan una reclusión digna”. La responsabilidad de esta población es del municipio de Cali.