"A veces somos incomprendidos en el desarrollo de nuestra labor": magistrada de la JEP

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"A veces somos incomprendidos en el desarrollo de nuestra labor": magistrada de la JEP 

Septiembre 14, 2018 - 11:30 p.m. Por:
Kelly Sánchez / Reportera de El País 
La magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia

La magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia

Especial para El País

Uno de los retos que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es que las víctimas recuperen la confianza en las instituciones. Eso lo sabe María del Pilar Valencia, una de las magistradas de este tribunal, quien reconoce también la necesidad de dar celeridad a los procesos para que los damnificados de la guerra no dejen de creer en la pacificación.

Aunque la JEP lleva poco tiempo de haber iniciado labores, son varios los escándalos que la han salpicado, ante lo que la togada cree que “tenemos el reto de pasarnos por encima de esas distorsiones para cumplir con nuestra labor”.

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Lo cierto es que, pese a las dificultades, Valencia está convencida de que la jurisdicción de paz sigue siendo un modelo a nivel mundial.

¿Cuáles son, en este momento, los principales desafíos de la JEP?

Un desafío es, como el trasfondo de todo esto es recuperar la confianza de las víctimas y de la ciudadanía en las instituciones, y a partir de las medidas restaurativas y de las decisiones que se adopten, establecer la verdad de qué fue lo que sucedió. Otro desafío es que, al nosotros aplicar los criterios de selección y priorización, tengamos la capacidad de definir cuáles son los casos más estratégicos y emblemáticos para que la ciudadanía se sienta reflejada en esas decisiones. El otro desafío es poder ser lo suficientemente céleres en el desarrollo de nuestros procesos para poder generar decisiones prontas en la administración de justicia que sigan fortaleciendo el sistema y la construcción de la paz.

Hay quienes dicen que la JEP es más escándalos que acciones, ¿cómo afectan estas críticas el desempeño de su labor?

Son ruidos y distorsiones que se generan ante la opinión pública, pero nosotros tenemos el reto de pasarnos por encima de esas distorsiones para cumplir nuestra labor, porque seguramente hay personas que se centran más en evidenciar o magnificar problemas, más no le dan importancia ni peso a lo que verdaderamente estamos haciendo.

De otro lado, a nosotros, que no llevamos ni siquiera un año de funcionamiento, nos quieren medir con la misma vara con la que se mide a instituciones como el Consejo de Estado, que lleva más 200 años; la Corte Constitucional, que lleva 27, y la justicia ordinaria, que ha estado durante la vigencia de toda la República. Son unos parámetros muy desiguales para cuestionar o valorar lo que se puede hacer en un proceso de paz. Algunos quieren ver en una etapa temprana resultados donde apenas se están dando los primeros pasos.

Uno de los aciertos que ha sido bien visto por la comunidad internacional en el proceso de paz es la existencia de una justicia especial a la par con el conflicto y no posterior a él, ¿aún sigue siendo un modelo a nivel mundial?

Por supuesto que sí, y de hecho muchos organismos internacionales así nos lo han manifestado, porque la mayoría de los Acuerdos de Paz se limitan a la amnistía y el indulto; algunos tienen una comisión de la verdad y la participación política, pero no tiene precedentes cómo a través de mecanismos internos propios se vaya a identificar y sancionar a los máximos responsables. Ha habido otros mecanismos en otros países, pero ninguno con estas características, entonces sigue siendo un modelo en el mundo.

¿Qué significado simbólico tiene el hecho de que miembros de las Farc reconozcan este tribunal y hayan empezado a acudir a las citaciones?

Esto genera un principio de confianza por parte de la ciudadanía y las víctimas, porque el solo hecho de que accedan y estén dispuestos a asumir su responsabilidad y a narrarle al país cuál fue la verdad de esos hechos, es un generador de confianza, aunque no suficiente. Pero lo importante es que muestra que el camino está activo, que la ruta ya se inició y que nosotros estamos en marcha.

Detractores del Acuerdo siguen hablando de la impunidad que este conlleva...

Nosotros entendemos que la justicia ordinaria, desde que nació el Estado, tiene unos modelos que están basados principalmente en la justicia retributiva. ¿Qué quiere decir justicia retributiva?, una administración de justicia que está basada en el castigo, no en la reconciliación, donde muchas veces se reduce a una serie de penas privativas de la libertad y las víctimas de los delitos no se ven en nada compensadas, más allá de la noticia de que un delincuente está tras las rejas.

Mientras que la justicia transicional, como va más allá del castigo y lo que se busca, en últimas, es construir una cultura de reconciliación y lograr una paz estable y duradera. El peso de la justicia retributiva es menor porque cobra mayor peso la restaurativa, que está orientada hacia la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Entonces, para algunos, que tienen el esquema de la justicia retributiva, esto es incomprensible, de modo que las penas alternativas y las sanciones propias son vistas como impunidad.

Pero no hay tal, porque las sanciones propias son medidas restrictivas de la libertad pero unidas a un régimen de condicionalidad, donde la víctima se tiene que comprometer con un plan de justicia restaurativa: con sus acciones, durante un tiempo determinado, van a cumplir medidas de reparación y van a contribuir a las garantías de no repetición. Y va hasta el extremo de las sanciones ordinarias para quienes no reconocen verdad, nosotros sí vamos a imponer medidas marcadamente retributivas, como son las penas privativas de la libertad, que van entre 15 y 20 años. Ese es el quid del asunto y por eso es que somos a veces incomprendidos en el desarrollo de nuestra labor y hay una visión que no corresponde con la realidad.

¿Se sienten igual de respaldados ahora que con el Gobierno anterior?

Hay dos etapas, una fue la preelectoral, donde, como es sabido por el país, hubo anuncios de hacer trizas los Acuerdos de Paz, pero otra es ahora, que el nuevo Gobierno se ha acercado y ha tenido momentos de diálogo en los que ha manifestado que en el marco del Estado Social de Derecho se van a respetar y se nos va a dar el respaldo, como quiera que nosotros estamos actuando dentro de la Constitución y la ley.
Nosotros vemos con buenos ojos la actitud y los mensajes del nuevo Gobierno, pero los hechos serán los que hablen.

La JEP está compuesta por el 53 % de mujeres, ¿qué otras particularidades tiene este tribunal?

Es la primera vez que se aplica el enfoque de género y que permitió que, además de nuestra experiencia y de nuestra idoneidad profesional, se hubiera materializado con una composición significativa de mujeres. El otro hecho significativo es que por primera vez un cuerpo colegiado de administración de justicia tiene también miembros pertenecientes a grupos étnicos, tanto indígenas como afrocolombianos, eso tampoco tiene precedentes, y, por otro lado, la composición regional: nosotros, mayoritariamente, somos abogados y abogadas que pertenecemos y hemos trabajado toda la vida en las regiones, esto da una visión territorial y no centralizada, no es cómo se mira la paz y el conflicto desde Bogotá sino con mirada regional.

"Un limitante muy grande es que el conflicto continúa activo y esto genera retos para poder acceder a esos territorios con las debidas garantías".

Archivos por la memoria 

La magistrada María del Pilar Valencia hizo parte del encuentro convocado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, que se llevó a cabo en Cali el jueves y viernes de esta semana.

El evento contó con la presencia de cerca de 70 líderes sociales y víctimas del conflicto de diferentes regiones del país y se buscó dialogar sobre la importancia de los archivos relacionados con las violaciones de Derechos Humanos que se conservan en algunas comunidades.

Además de la magistrada Valencia, participó Roberto Carlos Vidal, también magistrado de la JEP.

De acuerdo con Margoth Guerrero, directora del Archivo de Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica, “el evento es una convocatoria que hicimos a organizaciones sociales y a personas naturales que vienen trabajando en este proceso participativo con el Centro Nacional de Memoria, en particular con el tema de archivos de Derechos Humanos. Ellos han trabajado con nosotros en el tema de cómo sus archivos pueden incidir en materia de esclarecimiento”.

El certamen fue sellado con un pacto por la memoria, a manera de compromiso de seguir aportando a la verdad.

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