¿Y los enredos de la rama judicial de Colombia quién los juzga?

Crece el debate por los cuestionamientos contra algunos miembros de esta rama del poder.

La justicia tropezó con el manto de la ilegalidad y algunos de sus miembros pasaron de sus ejercicios de investigadores a investigados debido a las denuncias de casos de corrupción y posibles alianzas con delincuentes.De hecho son varios los casos que tienen a algunos de los magistrados y exmagistrados en la mirilla de la justicia. Hechos como el denominado ‘carrusel’ de las pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado; la presunta ilegalidad en la elección de la fiscal Viviane Morales; las posibles filtraciones de grupos ilegales que habrían hecho ‘vaca’ para la elección de Mario Iguarán en la Fiscalía y las denuncias sobre la amistad con Giorgio Sale (sindicado de ser el principal testaferro de Salvatore Mancuso) con algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia, ya han generado la apertura de procesos.Esta situación ha determinado que se comiencen a hacer juicios de opinión en contra de quienes se encuentran en líos, incluso, se habla de que estos comportamientos tienen un carácter político por el esquema que se adoptó desde la Constitución del 91 para esta rama del poder.El constitucionalista Juan Manuel Charry piensa que “la justicia ha perdido credibilidad por las diferencias políticas que se han dado y el cambio de reglas de juego sobre la marcha”, que generan suspicacias ante la retina de la opinión pública.El exmagistrado Jesús Vallejo Mejía ha dicho también que el problema es de “desbalances”, porque éstos “se inclinan notoriamente del lado de la Rama Judicial, que tiene poderes respecto de la (Rama) Legislativa y la (Rama) Ejecutiva que no se compensan adecuadamente”. Esta situación, según Vallejo, determina que las “altas Cortes tienen garantizada la impunidad” que produce “la tendencia a la dictadura judicial que se ha acrecentado entre nosotros”.No en vano, el jurista considera que la crisis de institucionalidad se origina en “una justicia ideologizada, politizada, sin controles y, entre signos de interrogación, la justicia corrompida”.Estas reflexiones no son compartidas por el expresidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, quien es partidario de que el país deje que los procesos surtan su curso normal.Sin embargo, dejó claro que “hay que distinguir entre brotes de corrupción y algunos comentarios que tenderían, en un momento dado, a deslegitimar o enlodar a la justicia”.Uno de los que sale en defensa de la institucionalidad es el exvicefiscal General Jorge Armando Otálora, quien deplora la condena que se hace a la rama por cuenta de algunos comportamientos posiblemente irregulares de sus miembros.Otálora dijo que “las responsabilidades penales y disciplinarias son personales y no institucionales” y como ejemplo puso los hechos del ‘carrusel’ de la contratación de Bogotá, para lo cual dijo que si bien la ciudadanía espera que haya resultados judiciales, nadie “ha salido a decir que hay que acabar la Alcaldía.Y, por esto se cuestionó: “¿Por qué en la justicia? Si hay personas vinculadas o relacionadas a faltas ¿por qué tienen que hablar de acabar las instituciones cuando son responsabilidades personales?”.Mientras tanto, para el exprocurador, Jaime Bernal Cuéllar, es claro que “si hoy se hace una encuesta se demostraría que hay un cuestionamiento y falta de credibilidad de la justicia, no solamente como funciona sino como estamos actuando los abogados, porque algunos creen que a través de los medios de comunicación procuran decisiones, lo que creo es una equivocación”.Una reforma integralMuy ligado a los escándalos judiciales se encuentra la necesidad que manifiestan algunos sectores de hacer una reforma integral a la rama, incluso, que sobrepase a la que hace trámite en el Congreso.Para la columnista Salud Hernández es claro que “la justicia no se quiere reformar” al considerar que los intereses priman sobre las partes que deberían adelantar este ‘revolcón’ y tiene claro que esta rama “ha perdido credibilidad”.Cuestionada sobre cómo se podría garantizar el avance de todos los procesos que se adelantan en contra de quienes administran la justicia, Hernández dijo que “hay que cambiar el órgano que los juzga” porque “la Comisión de Acusaciones es un chiste”.No lejos de esta apreciación se encuentra el expresidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, quien públicamente ha dicho que la Comisión de Acusaciones debe ser reformada y planteó que lo mínimo que se debe exigir es que esté conformada por abogados.Entre tanto, en la óptica del exprocurador Cuéllar, el tema de las facultades nominadoras y de elección que tienen las Cortes, que -a su criterio- impulsa una politización de la justicia.Explicó que hay que cambiar este sistema para el caso del Procurador, Contralor, el Fiscal y los mismos magistrados y que se haga “por concurso de méritos” y con esta medida se acaben los eventuales compromisos que se adquieren en estas nominaciones.