Vargas Lleras recuerda a gobernantes prohibiciones de la ley de garantías

El Ministro del Interior recordó las prohibiciones expresas para realizar actos que puedan ser interpretados como proselitistas a favor de un candidato.

El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, les insistió este miércoles a gobernadores, alcaldes y demás funcionarios departamentales y municipales las prohibiciones expresas que contempla la ley de garantías para realizar convenios interadministrativos, inaugurar obras, hacer eventos que puedan interpretarse como actos proselitistas a favor de candidatos o celebrar la ejecución de recursos públicos.Así mismo, Vargas Lleras recordó que la ley también prohíbe destinar recursos públicos de entidades que estén bajo su cargo o en las que participen como miembros de la junta directiva, para reuniones proselitistas en las que participen candidatos a cargos de elección popular o voceros de los candidatos.Tampoco pueden dar inicio a programas sociales en reuniones en las que participen candidatos o sus voceros; así como modificar la nómina del ente territorial durante los cuatros meses previos, salvo provisión de cargos por faltas definitivas o aplicación de normas de carrera administrativa.De igual forma, no podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas o para facilitar alojamiento o transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular.El ministro del Interior recordó además a las diferentes autoridades encargadas de administrar las ayudas o auxilios destinados por el Gobierno Nacional para mitigar las consecuencias del invierno, el deber que les asiste de hacerlas efectivas con total transparencia, cumpliendo a cabalidad las directrices establecidas por el Ejecutivo.En el mismo sentido, el jefe de la cartera solicitó atender los criterios impartidos por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que ejerzan el control disciplinario y fiscal correspondiente, con el propósito de blindar las próximos elecciones y evitar de esa forma la indebida utilización de los recursos públicos.Estas prohibiciones taxativas cobijan también a secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital.