"Tener las mayorías no es el único requisito para cambiar la Constitución": Mininterior

"Tener las mayorías no es el único requisito para cambiar la Constitución": Mininterior

Julio 01, 2018 - 10:00 a.m. Por:
Colprensa
Ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Archivo Colprensa

Con una dura ‘puja’ política en el Congreso, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, terminó su labor legislativa, que durante los últimos días mantuvo la expectativa por la suerte del proyecto de ley que reglamenta la operación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Aunque en varias ocasiones el Gobierno de Juan Manuel Santos logró que se aprobaran los proyectos de paz, en esta oportunidad el uribismo se impuso con las nuevas mayorías que desde el 20 de julio se verán en el Congreso y que serían afectas al presidente electo Iván Duque Márquez.

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Sin importar el revés, Rivera le advierte al nuevo Gobierno y a la coalición que tendrá en el Legislativo que no será tan fácil cambiar los Acuerdos de Paz ni mucho menos hacerlos trizas, como se advirtió en algún momento desde la línea dura del uribismo.

El Ministro, además, considera que los militares seguirán presentándose a la JEP y que no congelarán por un año y medio su comparecencia. De estos y otros temas, Guillermo Rivera habló con Colprensa.

¿Por qué asegura que con la JEP y la ley que la reglamenta las ganadoras serán las víctimas?

Porque las decisiones que va a tomar la Jurisdicción Especial de Paz son para materializar los derechos de las víctimas, entonces, contar con esa ley de procedimiento, que le permita empezar a tomar decisiones, es sin duda favorable para los derechos de las víctimas.

La gente no entiende cómo y cuándo arrancará la JEP. ¿Eso sí se podrá identificar?

La gente se va a dar cuenta cuando la JEP empiece a tomar decisiones. En estos momentos, ya hay unos magistrados, pero faltaba la ley de procedimiento, que por fortuna ya fue aprobada. Una vez esta ley esté sancionada, el país empezará a conocer las decisiones de la JEP y entenderá la importancia de esa Jurisdicción.

Se quejaba en estos días de que en el país se ha desconocido la labor que el presidente Juan Manuel Santos adelantó en el tema de la paz . ¿Por qué lo cree así?

El país no ha reconocido en su justa dimensión la tarea histórica que hizo el presidente Santos en favor de la paz. Incluso –a propósito de la aprobación de la ley de procedimiento– lo que más hay que destacar es que se logró darle trámite en un clima político adverso para el Gobierno.
Sin embargo, la paz se impuso y eso merece un reconocimiento para el presidente Santos, que se la ha jugado entero por la paz del país.

¿No le duele que las mayorías que tanto ayudaron en un momento al Gobierno al final no sirvieron?

Yo he venido diciendo que muchos congresistas se voltearon contra sí mismos, porque aprobaron el proyecto de reforma constitucional que creó la JEP, algunos de ellos luego aprobaron la Ley Estatutaria y en la discusión de la ley de procedimiento en varias sesiones votaron por el aplazamiento. Luego también votaron a favor de un par de artículos que claramente son inconstitucionales y que los promovió el Centro Democrático. Esa incoherencia que exhibieron va ser muy difícil de explicarla ante la opinión pública. Será, entonces, el juicio de la historia el que valorará su comportamiento.

¿Pese a los artículos que el Gobierno considera inconstitucionales, los de la extradición y la comparecencia de los militares, la ley sí quedó bien en el resto de normas?

Esa es una buena ley con las dos excepciones que hemos venido mencionando: ese par de artículos inconstitucionales. Define las dos grandes rutas que tienen los procedimientos en la JEP: una para quienes reconozcan verdad y otra para quienes no lo hagan. Esos dos procedimientos quedaron perfectamente diseñados y, de tal manera, la JEP podrá empezar a tomar decisiones en favor de la paz.

¿Con lo que quedó reglamentado, los militares sí pueden seguir presentándose a la JEP o no?

El artículo que se aprobó, de todas maneras, les permite acogerse inmediatamente a la JEP a los miembros de la Fuerza Pública que quieran hacerlo. Por eso no tengo dudas de que la inmensa mayoría de los miembros de la Fuerza Pública que tienen en este momento investigaciones o incluso condenas por hechos relacionados con el conflicto, van a someterse a la JEP.

En la medida en la que hay un criterio de voluntariedad para acogerse a la ley, ellos van a hacerlo para no quedar en una incertidumbre que les podría abrir las puertas a la Corte Penal Internacional.

¿Por qué es preocupante que se limite a la JEP en la práctica de pruebas, como sucedería en el caso de la extradición?

Nosotros creemos que la Constitución fue clara cuando señaló que en materia de extradición la competencia de la JEP se limita a verificar el momento en que se cometió la conducta por la cual una persona es solicitada. También creemos que la JEP no puede suspender –como lo dijo la Corte Constitucional– un trámite de extradición.

Tampoco la JEP se puede pronunciar sobre el asunto de una persona solicitada en extradición, pero prohibirle la práctica de pruebas es prohibirle a un juez hacer sus funciones. Los jueces lo hacen a través de pruebas y no lo hacen por ideologías, luego es una decisión que va en contra de la esencia misma de la justicia.

¿Con las nuevas mayorías del Congreso, el Gobierno Duque podrá volver a hacer un ‘fast track’ pero para reformar las normas de la paz?

No creo, la Corte Constitucional ya le puso límite a las modificaciones del Acuerdo. Cuando avaló el artículo de la estabilidad jurídica incorporado en la Constitución, señaló que no se pueden hacer modificaciones sustanciales a la implementación normativa durante doce años, de manera que si algo así sucediera, la Corte seguramente se va a pronunciar.

¿Cree que el uribismo, tras ganar esta ‘puja’, ya anticipó que hará cambios de fondo a los Acuerdos?

No me preocupa, porque tener las mayorías no es el único requisito para modificar la Constitución; las modificaciones de la Constitución también tienen límites, y esos ya fueron fijados por la Corte. De tal manera que, no obstante las mayorías, no podrán modificar en lo sustancial las normas que implementaron los Acuerdos de Paz.

¿Pero con un referendo modificatorio no sería posible?, incluso ya se habla de esa salida...

Me parecería un gran error que optaran por esa vía, porque profundizaría la polarización que está viviendo el país. Lo que le oímos al Presidente electo es que trabajaría por la unidad del país, y una convocatoria de esa naturaleza, como un referendo, contribuiría a hacer lo contrario, mantener la polarización.

¿Qué sería lo que podría modificar más fácilmente de los Acuerdos de Paz el Gobierno Duque?

El Gobierno no puede modificar lo sustancial, en eso fue clara la Corte Constitucional y ese es un límite que tiene el Gobierno y el límite que tiene el Congreso.

¿Qué es lo sustancial que no se puede modificar?

Lo sustancial son los derechos de las víctimas, lo sustancial es la participación política, es el desarrollo rural para eliminar las brechas entre los colombianos que viven en el campo y los que vivimos en las ciudades, son las garantías de protección para el ejercicio de la actividad política, lo sustancial es el enfoque diferencial y de equidad de género, que deben tener las normas de implementación. En todos esos aspectos no hay lugar a que se hagan modificaciones.

El nuevo Gobierno no quiere que los congresistas designados por las Farc lleguen a posesionarse porque han cometido delitos de lesa humanidad. ¿Eso puede ser posible?

Hay un acto legislativo que es una norma constitucional que les permite a ellos que, por dos periodos, estén en el Congreso. Ese acto legislativo está vigente y está avalado por la Corte. En ese orden de ideas, ellos estarán en el Congreso y no hay razón para que no estén.

"Los militares son conscientes de que les implica un gran riesgo congelar el trámite de sus asuntos ante la Jurisdicción Especial para la Paz"

Reformas

Según lo aprobado en el Senado, la JEP solo podrá verificar si los delitos fueron cometidos antes de la desmovilización o si fueron en fecha posterior, las decisiones de fondo sobre el envío eventual de algún desmovilizado queda en manos de la Corte Suprema.

El otro cambio tiene que ver con congelar procesos en la justicia especial contra miembros de la Fuerza Pública. En el articulado se incluyó que se darán 18 meses para que el gobierno tramite una reforma constitucional en la cual se determine que los militares tendrán una sala especial, la cual será compuesta por otros magistrados que se encargarán de esos temas.

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