Suspenden a ocho funcionarios de la cárcel El Buen Pastor por fuga de Aída Merlano

Este miércoles se conocieron las primeras decisiones disciplinarias por la fuga de la excongresista Aída Merlano, que se registró el martes en horas de la tarde, luego de asistir a una cita odontológica en el Centro Médico La Sabana, ubicado en el norte de Bogotá.

Una comisión de la Procuraduría se trasladó hasta la cárcel El Buen Pastor, donde permanecía recluida la exsenadora condenada a 15 años de prisión por delitos electorales, y recolectaron una serie de pesquisas que fueron fundamentales para ordenar la apertura de la investigación y la suspensión por tres meses de ocho funcionarios, entre ellos la directora, la subdirectora y el comandante de custodia y vigilancia.

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La medida cobija a Diana Cecilia Muñoz Miguez, directora de la centro de reclusión; Katherine Lozano Forero, subdirectora; David Alexander Álvarez Cárdenas, comandante de custodia y vigilancia; Julián Segundo Pérez, inspector jefe; y los dragoneantes Yudit Natalia Espinoza Gil, Juan Carlos Becerra Cruz, Diana Montoya Ramos y Luis Alejandro Ballesteros Rincón.

El Ministerio Público oficiará al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la orden de suspensión, adoptada como medida cautelar, ante la posibilidad de que con la permanencia en el cargo, función o servicio público, los investigados puedan interferir en el trámite del proceso.

La Procuraduría busca establecer las razones que habrían llevado a cambiar el nivel de seguridad de Merlano de 1 a 2, lo que implicó que su desplazamiento al Centro Médico donde estaba previsto que cumpliera la tercera cita de un proceso de rehabilitación oral, no estuviera acompañado de Fuerza pública y un grupo operativo, como venía ocurriendo hasta el mes de mayo.

También se investigan las razones que habrían llevado al inspector jefe de El Buen Pastor a cambiar, sin que existiera una orden escrita, al conductor y la dragoneante que acompañaban a la excongresista desde su salida del penal.

En las próximas horas, la Procuraduría realizará una inspección en la dirección del Inpec y solicitará las primeras declaraciones en este proceso, entre ellas las del médico ortodoncista que realizaba el tratamiento y las personas que lo asistieron.

Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.