Sigue polarización por proyecto de Marco Legal para la Paz

Congresistas aún tienen opiniones divididas. El Ministro del Interior resaltó la iniciativa.

En la recta final de su aprobación, el Marco Legal para la Paz aún genera divergencias entre quienes mantienen reservas frente a la iniciativa y los que consideran que es la mejor herramienta para que el Gobierno pueda emprender un proceso de diálogo con los actores armados.Uno de los que preserva críticas sobre el proyecto de enmienda constitucional es el senador de la U Juan Carlos Vélez, quien ayer explicó por qué considera que la iniciativa es inconveniente.Uno de los temas sobre los que llamó la atención el congresista fue el capítulo de los delitos conexos con los políticos, para lo cual aseguró que “eso es un error enorme, se dice que los de lesa humanidad no lo son, muchos delitos comunes pueden hacer parte de esa conexidad, incluso el narcotráfico”.Por ello anotó que “existen comandantes guerrilleros que tienen procesos en el exterior por narcotráfico y cuando venga después de un proceso de paz lleguen solicitudes de extradición ¿qué va a hacer el Gobierno?” por lo que insistió en que éste es un tema que se debe tener en cuenta.No obstante a esta apreciación, el senador e impulsor de la iniciativa, Roy Barreras, insistió en que si bien la guerrilla se ha visto “contaminada por el narcotráfico” ellos no tienen como principal ejercicio este delito, porque “la subversión se puede financiar por el narcotráfico, pero no se puede decir que son un cartel de la droga, ellos hacen un aprovechamiento de esto para financiar su guerra”.Otro de los que apoya la iniciativa es el senador y presidente de la U, Juan Lozano, quien dijo que “representa un paso importante para buscar la pacificación del país”, por lo que resaltó que el Congreso está dotando de elementos al Gobierno para garantizar que, cuando existan las condiciones, se pueda dar un proceso.No obstante, Lozano advirtió que en los actuales momentos hay que buscar una legislación especial para combatir a las denominadas Bacrim, debido a que las herramientas que hoy tiene la Policía para contrarrestar el delito común no son suficientes para enfrentar “grupos organizados que operan, incluso, con armas largas”.Entre tanto, el senador conservador Hernán Andrade se refirió a las críticas sobre la posibilidad de ausencia de castigos legales, para lo cual enfatizó que para el fin de la confrontación armada es necesario un “margen de impunidad” y justificó que “ese es el costo de la paz, eso hay que decírselo de frente al país”.Finalmente, el senador del Polo, Luis Carlos Avellaneda, reconoció que si bien el Gobierno piensa en la paz, la guerrilla sigue cometiendo actos que demostrarían que no tienen voluntad.Por ello, justificó que “con estos actos la guerrilla puede tener un fortalecimiento militar, pero –indudablemente- pierde legitimidad frente al pueblo porque es el que resulta más afectado”, por lo que rescató el objeto del proyecto que pasó a último debate en la plenaria del Senado.Recursos para inversión socialEl senador Roy Barreras también explicó que en la votación en séptimo debate se incluyó un artículo nuevo que señala que en caso de una eventual paz duradera los recursos que en este momento se destinan para la guerra serán para la inversión social.“Creo que es una adición muy positiva, si un día firmamos la paz y no hay guerra la plata que invertimos en balas debemos invertirla en lo social, esa fue una propuesta acogida por unanimidad”, afirmó el senador.El ministro del Interior, Federico Renjifo, dio su visto bueno al proyecto, que pasó a plenaria del Senado. “Lo que estamos haciendo con ese proyecto es que una vez que haya una paz verdadera pueda haber instrumentos que nos permitan saber quienes son los máximos responsables de delitos atroces y cuáles son las maneras de poderlos juzgar”, afirmó Renjifo.