Si Pretelt se va para devolverle la confianza a la Corte, bienvenido sea: Minjusticia

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, admite que esa Rama está en su punto más bajo de credibilidad en la historia de Colombia. Sobre el escándalo de la Corte Constitucional dijo que su presidente debe dar paso al costado.

El ministro de justicia, Yesid Reyes, está convencido de que con las reformas que ya están en marcha para la administración de Justicia se van a contrarrestar todos los problemas que enfrenta la Rama, superar los escándalos y acercar los servicios a la comunidad.Aunque no pide la renuncia de Jorge Pretelt, sí admitió que si el magistrado toma la decisión de apartarse del todo como presidente de la Corte Constitucional, eso le devolverá la confianza a esa entidad. ¿Estamos ante el peor momento de la justicia en toda nuestra historia?Sin duda en materia de credibilidad tenemos la opinión más baja en la historia de Colombia, tanto así que a finales de 2014 la imagen negativa de la justicia llegó al 84 %. Hay una seguidilla de escándalos, pero eso no significa que no haya cómo salir del problema; de hecho hay muchas soluciones, proyectos e iniciativas orientadas a solucionar esos problemas que padece la administración de justicia, no solamente a través de un proyecto estructural como la Reforma de Equilibrio de Poderes, sino otra serie de proyectos, algunos de Ley y otras iniciativas que tiene el Ministerio, buscando facilitar ese acceso del ciudadano a la administración de justicia. Con la suma de escándalos recientes, ¿sigue el Gobierno seguro de que lo que necesita la justicia es la aprobación de ese proyecto de Reforma al Equilibrio de Poderes? El Gobierno tiene el convencimiento de que hay instituciones que no funcionaban correctamente antes de los escándalos de los últimos días y eso es lo que explica que se presentara la reforma, orientada en uno de sus puntos más relevantes a eliminar la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y sustituirla por un ente que sea capaz de administrar de manera más eficiente y transparente la rama judicial. Aunque, reitero, la reforma al equilibrio de poderes no es la forma de arreglar todos los problemas de la administración de Justicia, eso soluciona problemas puntuales. Para todo lo demás, que tiene que ver con la interacción diaria del ciudadano con la justicia, es para lo que estamos adelantando las iniciativas que hemos presentado al Congreso y otras que estamos tramitando directamente. ¿La dignidad de la Corte Constitucional se recupera con la premura de la investigación y con el retiro de Pretelt de la Presidencia? ¿O el cambio tiene que ser profundo? Las investigaciones disciplinarias o penales no tienen como propósito recuperar la dignidad; es cierto que la majestad de la justicia se ve afectada con escándalos de ese tipo y solamente investigaciones rápidas y eficientes, y que le muestren a la ciudadanía que el aparato judicial funciona correctamente, pueden ayudar a restaurar la confianza perdida. ¿El magistrado Pretelt debe apartarse definitivamente del cargo?Creo que es una decisión personal, no hay ninguna norma disciplinaria ni penal que obligue a una persona respecto de la cual se ha formulado una denuncia a retirarse del cargo, entre otras cosas porque eso supondría una violación a la presunción de inocencia. Si él considera que apartarse de la presidencia de la Corte Constitucional mejora el ambiente de desconfianza que el escándalo ha generado, por supuesto que la decisión es bienvenida. ¿Qué ha pasado con las denuncias del presidente Santos contra magistrados del Consejo de la Judicatura por supuesto lobby contra la reforma? Me enteré por medios de comunicación sobre reuniones que ha tenido el Consejo Superior de la Judicatura, en las que se habría hecho referencia a un lobby realizado, pero no conozco que se esté adelantando una investigación formal por estos hechos. La preocupación que manifestó el Presidente es el hecho de que se despliegue cualquier clase de actividades al margen de la ley, para persuadir de manera ilegítima a los congresistas para tomar una decisión a favor del mantenimiento del Consejo Superior de la Judicatura, pues la determinación de los congresistas tiene que ser libre. ¿Cómo recuperar la confianza de la gente ante estos escándalos, más otros que afectan al Consejo de Estado y a la Corte Suprema? Esos escándalos no son nunca ni la raíz, ni la esencia del problema, son solo manifestaciones de un problema subyacente. Lo correcto no es la reacción frente a esos problemas coyunturales sino el análisis de las situaciones de fondo que pueden estar generando ese mal funcionamiento en las instituciones para corregirlas. Independientemente de lo que pase con el magistrado Pretelt es evidente que hay un funcionamiento incorrecto en algunas instituciones de la administración de justicia, como el Consejo Superior de la Judicatura en la sala administrativa, y que hay problemas en relación con la llamada puerta giratoria y esos son los temas puntuales que independientemente de nombres concretos tienen que abordarse y modificarse. Ahora, estos cambios se están proponiendo en la reforma constitucional del Equilibrio de Poderes, con la eliminación del Consejo superior de la Judicatura; acabar con la puerta giratoria, establecer inhabilidades frente a la elección de nuevos cargos para la administración de justicia y la eliminación de la Comisión de Acusaciones, para sustituirla por lo que se ha llamado Tribunal de Aforados. Todas esas propuestas que está haciendo el Gobierno están orientadas a resolver los problemas estructurales de la justicia. ¿Cuál es su opinión sobre la administración de la Rama Judicial? La propuesta que tiene el Ministerio de Justicia es reemplazar esa sala de magistrados, que tiene el Consejo de la Judicatura, por tres niveles de decisión distinto: el primero, una sala de Gobierno, que estaría conformada por magistrados de las altas cortes, pero también por representantes de otros niveles de la administración de justicia, por ejemplo magistrados de tribunal, jueces y empleados judiciales y con otras voces, para algunos temas puntuales, del Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, abogados litigantes y representantes de la academia. Un segundo nivel sería la Junta de Administración Judicial, que sería una junta directiva que estaría compuesta por tres técnicos para que se ocupen de los parámetros generales de administración de la rama, como presupuestos, creación o eliminación de despachos judiciales. Y un tercer elemento, que sería el encargado de aplicar esas políticas de administración. ¿Cómo responde la justicia a comentarios de las Farc de que ésta no se encuentra preparada para atender el posconflicto? Los retos, este año y los próximos, son acercar el sistema de justicia al ciudadano con un enfoque territorial, esto es decisivo en una era de posconflicto, para llegar a las necesidades de cada región. En general el Estado, pero particularmente la justicia está trabajando en el mejoramiento. Tenemos problemas y necesidades insatisfechas que aumentan el bajo nivel de credibilidad; por tanto, resolver esos problemas no es necesario solo con miras al posconflicto sino que es una necesidad diaria. ¿Qué opinión tiene sobre la justicia transicional aplicada a todos los actores del conflicto armado? La justicia transicional está diseñada en casos como el colombiano para permitir el tránsito de un conflicto armado interno a una situación de paz y la única forma es involucrar a todos los que hacen parte y darles una solución. Debe quedar claro que cuando uno habla de justicia transicional no es un reparto indiscriminado de beneficios. Se requieren aceptaciones de responsabilidad y reparación de víctimas; es decir, no hay beneficios sin contraprestaciones. ¿Cuál es su opinión ante el debate sobre la idea de establecer la pena de muerte o la pena de cadena perpetua para algunos crímenes? Lo que está claro históricamente es que la magnitud de las penas no permite solucionar el fenómeno delictivo. Si eso fuera así de simple ya se habría puesto pena de muerte para todos los delitos y se habrían eliminado. ¿Cómo se puede solucionar la crisis en el sistema de responsabilidad penal para menores en Cali, así como el mal funcionamiento de las tres casas de justicia y de los juzgados de menores en la ciudad?Hay una crisis grande en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, aunque no es un tema que manejemos directamente, si existen unas soluciones que podemos plantear como la reducción del límite de edad en la responsabilidad penal, la posibilidad que la Rama Judicial se haga cargo de alguna porción de esa responsabilidad penal de adolescentes o la posibilidad que los condenados como menores que alcancen su mayoría de edad pasen a la justicia ordinaria.El caso de El Puerto¿Se ha fortalecido o no el sistema de justicia en Buenaventura? Es muy importante tener en cuenta que la administración de justicia es un conjunto de instituciones, de la que hacen parte la Rama Judicial y la Fiscalía. Por lo que respecta al Ministerio de Justicia, tenemos Casas de Justicia en Buenaventura y estamos trabajando en el fortalecimiento de proyectos que tienen que ver conlos métodos alternativos de solución del conflictos. También estamos trabajando en la creación de nuevos cupos carcelarios en Buga y Tuluá que esperamos entregar antes de que termine este año.