¿Regular o no la protesta social? Responde el Consejero de Derechos Humanos

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¿Regular o no la protesta social? Responde el Consejero de Derechos Humanos

Octubre 20, 2019 - 07:55 a. m. Por:
Redacción de El País
Francisco Barbosa, alto consejero presidencial para los Derechos Humanos

Francisco Barbosa, alto consejero presidencial para los Derechos Humanos

Bernardo Peña / El País

Francisco Barbosa, alto consejero presidencial para los Derechos Humanos, se refirió a las recientes marchas estudiantiles y docentes que se han registrado en diferentes ciudades del país e hizo un llamado a la población colombiana a diferenciar el derecho a la protesta social de los actos de vandalismo.

Insistió en que hay pruebas suficientes para comprobar que en zonas fronterizas con Venezuela exmiembros de las Farc están reclutando a menores de edad, además, sostuvo que el Gobierno Maduro es responsable de encubrir a estos actores armados. Rechazó que ese país haya sido integrado en el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Los estudiantes en marcha denuncian abusos por parte del Esmad y han pedido su desmonte, ¿cómo responder a estos señalamientos?

El Esmad es un cuerpo absolutamente natural dentro de la Policía Nacional y dentro de cualquier policía en el mundo. Uno rechaza, por supuesto, los excesos y violaciones de los Derechos Humanos que se puedan presentar en cualquier escenario, pero aquí no hay que confundirnos: una cosa es el derecho fundamental a la protesta social y otra cosa es la violación de normas contempladas en el Código Penal. Son dos cosas distintas.

La protesta social es un derecho fundamental que hay que distinguirlo y protegerlo, e incluso, yo creo que no debe regularse porque, de por sí, tiene una regulación propia a la luz del derecho constitucional y la Corte Constitucional ha tenido unos pronunciamientos sobre eso.

Pero, y esto es importante, ir y lanzar bombas incendiarias contra una institución pública o contra una señora que está dentro de un cajero electrónico no es ninguna protesta social, eso un acto delincuencial.

¿Qué opina del ataque a la casa del Comandante de la Policía de Pereira?

Que los estudiantes tienen que hacer una reflexión profunda, ejercer el autocontrol de quiénes están participando en esas marchas y rechazar ese tipo de acciones. Tienen que utilizar mecanismos de control y decir: ‘Mire, aquí hay gente infiltrada, estos son los que están haciendo eso’.
Nadie puede aceptar en un país democrático que quemarle la casa a un Comandante de Policía sea un acto de protesta social, eso es un acto de terrorismo que debe ser sancionado por las autoridades.

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Aquí hay que dejar claro que la protesta social no es la discusión, lo que tiene que existir es más bien un autocontrol de la gente que está saliendo a las marchas y al mismo tiempo una acción de inteligencia del Estado para saber quiénes son los que están violando el Código Penal y así evitar que se produzcan desórdenes y tragedias como las que se han venido presentando en los últimos meses.

Pasando al tema de la paz, para muchos es descorazonador ver que después de que se firmó el Acuerdo siguen los asesinatos de líderes sociales y la violencia contra la población civil, ¿cuál es su percepción?

Yo creo que se vendió una narrativa de paz que llevó a diferentes sectores de la opinión a excluir los análisis de las condiciones violentas que se daban en los territorios, simplemente para decir que Colombia era un país en paz y ya. La realidad nos lleva a otro escenario y es que hoy existen 65 municipios del país con condiciones de violencia sistemática atada al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y la estructura de grupos criminales.

¿Qué hace falta?

Seguir en el empeño de que la gente entienda que el lenguaje de la reconciliación, la legalidad, la paz, es mucho más importante que las acciones violentas. Ese es el reto para nosotros, los colombianos, invitar a dejar los idilios entorno a los principios abstractos como la paz porque sí, y tratar más bien de entender un país que tiene unas dinámicas de conflicto y reconciliación distintas en cada uno de los territorios. Por eso el Presidente nos ha dicho: ‘Quiero un trabajo en los territorios, no en los escritorios’.

¿Debemos resignarnos a la idea de que la violencia va a existir en Colombia indefinidamente?

No. Nosotros lo que tenemos es que luchar denodadamente para enviar mensajes éticos a un país que ha tenido problemas en torno a sus comportamientos individuales. Aquí la gente le atribuye al Estado todas las conductas, sin darse cuenta de que los ciudadanos también tienen que asumir la defensa de los Derechos Humanos, y sobre todo, el respeto de los deberes con los otros.

Es un país que necesita entender que matar, que violar la libertad de expresión, que golpear a las mujeres, no está bien... son temas que nos deben poner en esa reflexión. Ese es el gran reto que tenemos las nuevas generaciones de políticos no solamente para un Gobierno, sino para los próximos 40 o 50 años.

Usted denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exmiembros de las Farc están reclutando niños...

Nosotros hemos advertido que en la frontera con Venezuela: el Catatumbo, la zona norte de la Guajira, la zona de la serranía del Perijá, en Arauca, se ha venido presentando un incremento de protección del Estado venezolano, del régimen tiránico de Nicolás Maduro, a sectores del ELN y las disidencias Farc. Eso quedó evidenciado en el video en el que aparecieron ‘Márquez’, ‘Santrich’ y ‘El Paisa’. Tenemos información del incremento de reclutamiento de menores en esas zonas fronterizas.
Pero en esto hay que aclarar una cosa, que no todo el país está involucrado en ese fenómeno. Hay lugares como el bajo Cauca Antioqueño y la zona del Bajo Atrato (Chocó), en donde estamos viendo el uso y utilización de menores atados a conductas criminales.

¿No es lo mismo?

No. El uso y la utilización se refiere a aquellos menores de edad que se ven involucrados en actividades criminales sin hacer parte de una estructura de guerra en esas poblaciones. Otra cosa es lo que sucede en las poblaciones fronterizas que mencioné.

¿Y qué está haciendo el Gobierno frente a esto?

Ya se construyó una ruta de protección y la presentaremos a finales de octubre en Cartagena con todas las entidades involucradas en la protección de menores. Es una política pública integral que no existía en Colombia, con acciones, competencias y todos los aspectos para la prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, pero también para la prevención de utilización de esos menores en actividades criminales.

A propósito de Venezuela, ¿qué lectura hace de que este país haya sido integrado al Comité de Derechos Humanos de la ONU?

Es deplorable que se presente esa elección. Aquí hay varias paradojas y es que en ese Comité se han sentado países históricamente violadores de Derechos Humanos como Corea del Norte, Cuba, algunos países africanos y dictaduras que llevan 40 o 50 años. Pero eso no puede desincentivar a Colombia en su tarea de seguir denunciando las violaciones a los Derechos Humanos que se presentan en ese país.

A una semana de las elecciones, ¿cree que en el norte del Cauca habrá garantías para votar?

Lo que ha sucedido en el Cauca es por una razón: porque se abandonó en los últimos años la idea de que se debería gobernar en los territorios y no desde el centro. Ese fue el gran error en Colombia, que hubo mucho discurso de paz y poco gobierno. Nuestro reto hoy es que en esas circunstancias tenemos incrementar la acción de las ‘Zonas Futuro’, que van a ser lideradas y gerenciadas por los consejeros presidenciales: Rafael Guarín, Emilio Archila, Miguel Ceballos y por mí, para que lleguemos allá no solamente con Policía, Ejército, Fiscalía y Justicia, sino con bienes públicos e inversión pública para sacar a esos bandidos de allá.

La dificultad que tenemos en las elecciones es grande, pero continuar con el proceso electoral e incrementar la presencia del Estado en el territorio, no de forma esporádica, sino permanente, nos permitirá resolver el problema en Cauca, Nariño, Bajo Atrato y el Bajo Baudó, en Chocó.

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